La Fiscalía presentó la acusación contra una banda policial y otra de escruchantes. Ambas trabajaban en equipo: la primera brindaba logística y dejaba la zona liberada mientras que la segunda llevaba a cabo los atracos. Algunos de los hechos tuvieron lugar en Villa Gobernador Gálvez, donde los uniformados prestaban servicios. El caso más resonante fue el copamiento a la comisaría de General Lagos y el robo al Banco Credicoop en mayo de 2015. Las penas solicitadas van de 12 a 28 años de prisión para los imputados.
Uno de los acusados firmó un acuerdo abreviado por tentativa de robo y una condena condicional. Esta rebaja en la pena tiene que ver con que el Código Penal permite la figura del “colaborador”. Y se aplica cuando un imputado brinda información comprobable sobre el caso al que está sometido. Si se corroboran sus dichos, la norma habilita a reducir la pena y aplicarle una sanción que le cabe al delito tentado. En este caso la Fiscalía pretende llevar a juicio a 8 personas aunque fueron 10 los imputados, uno de ellos hace rato llegó a un acuerdo. El otro lo hizo el viernes, aunque desde la acusación prefirieron no dar datos sobre el imputado colaborador. Sí trascendió que se lo condenó a una pena condicional por el delito de tentativa de robo calificado
Este hecho dejó en el banquillo a 5 policías y 3 civiles Para las fiscales Viviana Oconells y Karina Bartocci estas bandas tienen una “organización criminal y una modalidad delictiva compleja”. Para las funcionarias la presencia policial en el grupo aumenta la desprotección de las víctimas y ya que eran quienes organizaban los robos y luego los encubrían. Para la acusación los policías brindaban inteligencia, logística y protección mientras que los otros llevaban adelante los golpes.
Las funcionarias acusaron al jefe de la subcomisaría 26° de Villa Gobernador Gálvez, Maximiliano M., como organizador de una asociación ilícita mientras que su secretario, Carlos M. sindicado mano derecha del jefe como organizador. También el cabo Javier L. y los suboficiales Fernando A. y Nara R. – pareja de Maldonado– de participar como miembros. Para ellas, la banda cobraba dinero a sospechosos a cambio de protección, lo que incluía a vendedores de drogas. También organizaban entraderas y encubrían los robos.
Como mano ejecutora los fiscales señalaron a Humberto A. jefe de la banda de escruchantes. Y sumaron la participación de Oscar B. y Pedro L..
En octubre de 2015 se desbarató al grupo luego de varios allanamientos que incluyeron la dependencia policial, tras 6 meses de investigación. Las fiscales basaron su acusación en escuchas telefónicas, entrecruzamientos de datos, testimoniales, cámaras de seguridad y otras pericias.
Robo al banco
A excepción de la mujer policía, el resto de los imputados fueron acusados por este robo. El hecho tuvo lugar el 13 de mayo de 2015 en General Lagos, cuando un grupo de ladrones copó la subcomisaría 13° y robó el banco Credicoop. Según la Fiscalía, Oscar B. alias Chunchi, Pedro L. alias Oreja, Humberto A. y Damián L. actualmente prófugo junto a un chico identificado como Juan, redujeron a la única policía de la seccional y se llevaron armas de grueso calibre. Chuni y Oreja se quedaron custodiando la comisaría mientras que el resto se trasladó al banco y a poco de llegar se cruzaron con el cabo Javier L., que esperaba el colectivo. Redujeron al custodio de la entidad que estaba en un auto en la puerta y esperaron al gerente. Lo encañonaron y lo forzaron a abrir el banco. Se fueron con casi 144 mil pesos.
Las fiscales acusaron al jefe de la subcomisaría 26, su secretario, al suboficial Fernando A. y al cabo Javier L. de planificar el hecho y dar detalles del lugar y sus horarios y haberles provisto la indumentaria, incluso de intentar desconectar el GPS del móvil que funcionaba en la seccional de General Lagos y romper el equipo de comunicaciones de la dependencia. Robo calificado, privación de la libertad, daño agravado fueron algunos de los delitos por lo que quieren llevarlos a juicio.
Robo calificado, privación de la libertad, cohecho, falsificación ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita, son los delitos que enfrentan los imputados aunque no en todos los casos, en los que tienen distintas participaciones, según las fiscales y por lo que solicitan penas que van desde los 12 a los 28 años de cárcel.
