La Legislatura comenzará a analizar en breve un proyecto para que la provincia de Santa Fe adhiera a la resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) que ya rige a nivel nacional y regula el uso de los drones. “Vemos cada vez más la utilización de estos aparatos en la provincia. Se venden como caramelos. Por eso ingresamos este proyecto, para que se pueda crear un registro que permita controlar la actividad”, explicó el diputado Héctor Cavallero en diálogo El Ciudadano.
Entre los artículos del proyecto se destaca la creación del Registro de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que funcionaría en el Ministerio de Seguridad de la provincia, donde se deberán inscribir todos los drones, sus propietarios, y responsables de uso “de acuerdo a la tipificación que establece la resolución y que se empleen para cualquier uso determinado dentro del ámbito de la provincia”.
“La resolución la sacó la Anac en julio de 2015. Más tarde llegó a la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Gobierno, donde se les informó con una simple nota a cada intendente y jefe comunal”, explicó Cavallero.
El proyecto que estudiará la Legislatura obliga a la provincia a tener un registro de propietarios. Es decir, dejar asentado para qué se utiliza el drone y, a su vez, que se notifique a municipios y comunas.
“No hay una legislación que se aplique en Santa Fe. El proyecto de ley que presentamos es que la provincia adhiera a los contenidos de la resolución de la Anac, en todo el territorio”, señaló el diputado.
Cavallero dijo que el uso de drones tiene fines útiles. Pero enseguida agregó que muchas otras veces se utiliza para cometer delitos, como trasladar explosivos, armamentos, fumigar, robar o espiar la intimidad de una persona.
“Planteamos con este proyecto de ley que la provincia los registre y regule. En caso de que ocurra algún tipo de inconveniente con un drone estaría registrado y se puede ubicar al propietario”, concluyó Cavallero.
Sobre las regulaciones
Argentina ya estableció regulaciones en 2015 para tratar de controlar el uso de los drones en el espacio aéreo y el posible provecho que se pueda sacar, en especial en materia de video y fotografías.
Así, actualmente se deberían estar implementando dos normativas. La primera es la disposición 20/2015 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) y aprueba “las condiciones de licitud para la recolección de datos a través de Vant o drones” y “las recomendaciones relativas a la privacidad en el uso”.
Es decir, regula todo lo referido al derecho de privacidad de los individuos y los límites en los propósitos.
Las disposiciones regulan la invasión a la privacidad de terceros y el control y registro de los drones.
Por el otro lado, existe la resolución 527/2015 instaurada por la Administración Nacional de Aviación Civil del 10 de julio de 2015. En ella se aprueba el llamado “Reglamento provisional de VANT”, que reglamenta justamente todo lo referido a seguridad aérea, permisos y registros de los vehículos.
Lo que plantea Cavallero es que ninguna de estas dos normativas se cumple en Santa Fe. Y que tanto el gobierno provincial como los municipios y comunas no controlan el uso de drones. De allí la necesidad de comenzar a actuar.
El uso
En tanto, la utilización de estos aparatos puede ser comercial, científica o recreativa. En teoría, en la mayoría de los casos es necesario el consentimiento de quien aparezca en imagen para poder utilizar ese material. Las únicas excepciones contemplan imágenes en actos públicos, en un evento privado (casamientos y fiestas), cuando la recolección sea realizada por el Estado Nacional en el ejercicio de sus funciones, o cuando las imágenes se recolecten para la atención a personas en situaciones de emergencia.
En el caso de fines científicos, no existen demasiadas limitaciones. En caso de que la recolección de imágenes de personas no pueda ser evitada, se deberá aplicar sobre esos datos la llamada “técnica de disociación definitiva”.
En tanto, según se estableció a nivel nacional, para el uso recreativo, quizá el más popular de todos, no se aplicará dicha reglamentación siempre y cuando se compruebe que la finalidad no es recolectar imágenes de terceros.
Un raro accidente
En noviembre de 2017 en las inmediaciones del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, de Buenos Aires, un avión de Aerolíneas que estaba por aterrizar chocó con un drone y quedó fuera de servicio.
El accidente ocurrió a la altura del parque temático Tierra Santa, con un vuelo procedente de Trelew.
Debido al choque con el artefacto, la aeronave quedó fuera de servicio.
El incidente fue uno de los que puso al descubierto y en discusión cuál debe ser el uso de los drones y la falta de controles.
El hecho fue investigado luego por la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) y también por la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC).
