La investigación judicial sobre el triple crimen de villa Moreno ocurrido la madrugada del 1º de enero pasado parece seguir en marcha. Luego de la reunión que familiares y representantes del Frente Popular Darío Santillán mantuvieron con la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el abogado que representa a las familias de las víctimas se presentó ayer en Tribunales para interiorizarse de la causa –ya que se levantó el secreto de sumario– y expuso un pedido de protección federal para un testigo que actualmente se encuentra con custodia dela Policíaprovincial. Asimismo, el letrado adelantó que la próxima semana los familiares de los jóvenes asesinados y la cooperativa de trabajo dela Agrupación26 de Junio, donde militaban las víctimas, se presentarán como querellantes y exteriorizó sus deseos de que las personas que están prófugas por el crimen se entreguen ala Justicia.
En el día de ayer el abogado Norberto Olivares se presentó en Tribunales junto con un testigo, sobreviviente del triple crimen, y solicitó la incorporación del mismo a un programa de protección a nivel nacional. Si bien el joven tiene custodia policial, en la reunión con la ministra Garré se discutió la posibilidad de que el testigo fuera resguardado por una fuerza autónoma. De hacerse lugar al pedido, el muchacho quedará bajo un régimen de tipo federal, un sistema integral que incumbe custodia y la posibilidad de cubrir gastos, traslados e incluso el pago de un alquiler, explicó el abogado. A su vez, Olivares sostuvo que la próxima semana los familiares de Jeremías Trasante, de 17 años y conocido como Jere, Claudio Mono Suárez, de 19 años, Adrián Patom Rodríguez, de 21 años, y la cooperativa de trabajo del movimiento 26 de Junio se presentarán como querellantes, ya que con anterioridad la causa se encontraba bajo secreto de sumario y recién ahora pudieron acceder al expediente.
En tanto, fuentes relacionadas con la investigación aseguraron que trabajan para dar con los homicidas y agregaron que diariamente se realizan medidas, entre las que se contabilizan alrededor de 20 allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Además, fuentes del caso confirmaron que han sido incorporadas a la causa las filmaciones del ingreso de Maximiliano R., conocido como el hijo del Quemado, al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, como así también del registro en imágenes de la llegada al centro de salud –aproximadamente una hora más tarde– de las víctimas del posterior ataque en Dorrego y Presidente Quintana.
Los homicidios
Jere, Mono y Patom fueron acribillados en las primeras horas del año cuando se convirtieron en el blanco equivocado del ataque de tres hombres que llegaron armados a la mencionada cancha de fútbol, en la zona sur. La hipótesis que siguen los investigadores es una supuesta venganza por una balacera ocurrida un rato antes contra Maximiliano R. cuando se desplazaba con su novia en un auto importado: los atacantes confundieron a las víctimas con soldaditos del agresor del hijo del Quemado y abrieron fuego contra los jóvenes, que recibieron entre 5 y 8 disparos cada uno.
En ese sentido, el magistrado a cargo de la instrucción, Juan José Pazos, señaló ayer en declaraciones radiales que no sólo se busca a Sergio R. (padre de Maximiliano, baleado cuando circulaba a bordo de un auto BMW y conocido como Quemado) sino también a otras dos personas –quienes están identificadas– que están acusadas de acompañarlo en la madrugada del 1º de enero; y a Ezequiel V., alias Negro, sindicado como el presunto autor de la agresión contra Maximiliano R., los cuales continuaban prófugos al cierre de esta edición.
“Día a día se libran órdenes de allanamientos y se realizan operativos para dar con el paradero de las personas que habrían participado del hecho”, precisó Pazos.
