Motivada por el crecimiento de los índices de pobreza, la diputada nacional por Santa Fe del Frente Renovador Vanesa Massetani presentó un proyecto de ley para declarar el estado de “emergencia alimentaria y nutricional para todo el país” con el objetivo de “garantizar el acceso y la provisión de alimentos nutritivos y de calidad a la población del territorio nacional”. La iniciativa de la legisladora nacional por Santa Fe apunta a abarcar a “los niños y adolescentes hasta los 18 años, mujeres embarazadas, personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas, adultos mayores a los 65 años y personas en situación de calle”.
La dirigente massista sustenta su iniciativa con base en cifras dadas a conocer por la Universidad Católica (UCA) a través de su Observatorio de la Deuda Social. El trabajo de la universidad privada viene detectando un crecimiento en el aumento de la pobreza. “Lo que está marcando la UCA es una pobreza cercana al 32%. En este nuevo contexto social conviven dos tipos de pobres en Argentina: los que acarrean con una pobreza estructural –porque sus padres y abuelos lo fueron– y los nuevos pobres; es decir, la gente que perdió o redujo sus días de changas y por ende, perdió ingresos”, evaluó Massetani, quien ingresó a la Cámara baja nacional en 2015 junto al periodista Alejandro Grandinetti.
“Permitir que un tercio de la población viva en condiciones de pobreza y que se alimente de manera deficiente, sin posibilidades de acceder a comidas nutritivas ni ricas en proteínas, es exponerlos a una reducción de las defensas del organismo lo cual deviene, tarde o temprano, en la aparición de enfermedades que pueden prevenirse”, expresó la diputada del Frente Renovador, que a nivel nacional lidera Sergio Massa.
Además, el proyecto impulsado por Massetani prevé la conformación, “bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la base única de beneficiarios del programa de emergencia alimentaria y nutricional” para que a través de este registro se pueda “publicitar y especificar el tipo de ayuda, beneficio, prestación o servicio que recibe cada uno de los integrantes de la misma, con indicación expresa de la jurisdicción a la que pertenece, detalles de la asistencia y responsables del control y seguimiento”. Según el proyecto de ley, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que “durante la emergencia podrá reasignar transitoriamente funciones y recursos de las dependencias del Estado nacional que se encuentren vinculadas a la temática, con expresa aprobación de la jefatura de gabinete de ministros, la que dispondrá –en su caso– la reasignación de las partidas pertinentes del presupuesto de la administración pública nacional”.
