Una mujer de 39 años y su pareja de 29 quedaron desvinculados en una causa federal por tenencia de drogas luego de que el mismo fiscal que investigó el hallazgo de casi dos kilos de marihuana oculta en el techo del baño de una vivienda de la localidad de Recreo considerara “nulo” el procedimiento policial. El relato de los uniformados no sólo resultó increíble sino que fue desmentido por los dos acusados detenidos en noviembre pasado.
El cuestionamiento del fiscal santafesino Jorge Gustavo Onel se basó en que no existió consentimiento alguno por parte de la mujer detenida para que los policías ingresen a su domicilio y lo requisen sin orden judicial ni la presencia de testigos. Es más, el fiscal consideró que aún si la moradora les hubiese dado su consentimiento, el procedimiento igual sería inválido.
La causa judicial se inició el 26 de noviembre de 2018 en la localidad de Recreo, ubicada a unos 17 de la capital provincial, cuando el Comando Radioeléctrico detuvo a un joven de 29 años por el robo de una bicicleta y una mochila. Horas después, su pareja, de 39 años, se presentó en la seccional policial para devolver la bicicleta y quedó detenida. Según la versión de la Policía, en esas circunstancias la mujer le pidió a los uniformados que la dejen volver a su casa para dejar a sus hijos. Y que en el camino, sin motivos razonables, les habría confesado que en el techo del baño tenía un paquete escondido, sin conocer su contenido. Los policías agregaron que la mujer los invitó a pasar, les indicó el lugar donde estaba oculto el paquete, que secuestraron sin la presencia de testigos y que contenía 1,9 kilogramos de marihuana. Y le sumaron a ese secuestro el de un arma de fabricación casera y una moto de baja cilindrada en estado de abandono con el número de motor suprimido.
Con el secuestro de esos elementos, los policías se la volvieron a llevar detenida y la encausaron. Pero el fiscal Onel solicitó al juez federal Reinaldo Rodríguez que “anule” el operativo antidroga y dicte el “sobreseimiento” de ambos (procesados tenencia simple de estupefacientes) lo que significará el archivo de la causa.
Es que al momento de ser indagados esa lábil versión policial fue desmentida. Mientras que el muchacho se negó a declarar, la mujer dijo no tener conocimiento de la existencia de la droga y negó haberle informado a la policía sobre un paquete oculto.
Al entender de Onel, “el procedimiento de incautación implican una violación a la garantía que protege la inviolabilidad del domicilio contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional”.
En esa línea argumentó que “un allanamiento sin orden de juez competente resulta legalmente consentido por el titular del derecho de exclusión y cuando no, con la consecuente extirpación de la prueba y de los actos que resultaban causalmente vinculados a dicha ilegalidad”.
En ese sentido indicó que el supuesto consentimiento de la mujer, negado por ella, fue brindado mientras se encontraba en calidad de “aprehendida” y que los testigos del procedimiento fueron convocados luego de ingresar al domicilio y encontrar la droga.
Así llegó a la conclusión de que “es altamente improbable que el alegado consentimiento haya existido, o bien, de haber existido, que haya sido libremente prestado” por la mujer.
