El abogado José Alberto Bermann pidió que se someta a juicio político al juez Raúl Tettamanti, designado de manera transitoria en el tribunal que deberá definir la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, objetado por el Grupo Clarín. El magistrado fue denunciado por supuesto fraude con acciones de Telecom.
A través de un escrito que se titula “Pedido de juicio político. Denuncia de posible organización para delinquir”, el abogado José Alberto Bermann solicitó que “se someta a jurado de enjuiciamiento al magistrado convocado para ocupar el cargo de juez de Primera instancia Federal civil y comercial Nº 4, doctor Raúl Tettamanti” por formar parte de una “posible” organización destinada a la comisión de ilícitos con la finalidad de apropiarse ilegalmente de 1.000 millones de pesos.
La denuncia
“He tomado conocimiento de la posible existencia de una verdadera organización destinada a la comisión de ilícitos con la finalidad de apropiarse ilegalmente de más de 1.000 millones de pesos en acciones y dinero en efectivo, correspondientes a los Fondos de Propiedad Participada de empresa de telefonía”, señala Bermann en la presentación cuyos detalles trascendieron ayer.
La denuncia de Bermann, que fue ingresada el pasado lunes 1º de octubre y ya se encuentra en la Secretaría de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, se fundamenta en dos expedientes diferentes.
El origen de la denuncia se remonta a la presunta actuación ilícita de Tettamanti “para urdir una maniobra destinada a disponer de centenares de millones de pesos en acciones de las empresas telefónicas y dinero en efectivo, con la particularidad de adjudicar por vía de acuerdos homologados centenares de millones de pesos en honorarios profesionales a abogados litigantes e interventores.
El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, denunció el viernes pasado “una maniobra para digitar al juez” que deberá intervenir en el expediente en el que el grupo Clarín objetó el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación, que lo obliga a desinvertir, aunque Tettamanti fue confirmado por la Corte.
