El titular de la Fiscalía Federal 1 de Rosario, Guillermo Lega, presentó la requisitoria de elevación a juicio de 19 policías en el marco de la causa en que se investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco ocurrida en octubre de 2014. Se trata en su mayor parte de policías que prestaban funciones en la comisaría 7ª, donde la víctima estuvo detenida y fue vista por última vez hasta que fue hallada sin vida más de 20 días más tarde en el río Paraná. La solicitud de la Fiscalía también abarca a funcionarios de la Dirección de Asuntos Internos provincial e incluyó el sobreseimiento de otros 12 imputados.
«La conducta ilícita desarrollada por los aquí procesados no solamente implicó la privación ilegal de la libertad, sino que además, por su intermedio, se sustrajo a la persona del derecho a la jurisdicción, del derecho a su integridad física, psíquica y moral, como a su vez como del derecho de sus familiares y de la sociedad toda de conocer su destino y el devenir del porqué de su muerte y el cómo sucedió. Así se produce una multiplicidad de víctimas que es una nota distintiva de este tipo delictivo», argumentó el fiscal, quien encuadró los hechos endilgados bajo la figura de desaparición forzada, en los términos del art. 142 ter del Código Penal sobre la privación de la libertad donde indica que por tratarse de funcionarios públicos y el deceso de la víctima podría ser penada con prisión perpetua.
Pistas falsas y encubrimiento
El 6 de octubre de 2014, cerca de las 17.30, Franco Casco, de 20 años, partió desde donde estaba alojado en Rosario hacia la Estación de Trenes Rosario Norte con el objetivo de regresar a Buenos Aires, donde residía su familia (en Florencio Varela). En cercanías de la estación fue abordado y apresado por agentes de la comisaría 7ª, desconociéndose las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la detención, en virtud de las irregularidades en que se sustentó la misma, describió el portal fiscales.gob.ar.
En la información brindada por la agencia de noticias del Ministerio Público Fiscal se detalló que la investigación permitió conocer que Casco fue trasladado a la seccional 7ª, donde fue aislado en un calabozo con condiciones de encierro ilegítimas –»pequeño, oscuro y mugroso»– denominado «la jaulita», donde el personal de esa dependencia encerraba a los jóvenes que aprehendía «por averiguación de antecedentes».
De acuerdo con los numerosos y coincidentes testimonios de presos alojados en esa dependencia –algunos de ellos dando cuenta de que pudieron hablar con Casco–, se escucharon golpes y fuertes gritos de auxilio, «tras lo cual se hizo silencio absoluto y no volvieron a escuchar a la víctima, ni la vieron al día siguiente cuando recibieron visitas, lo que les llamó particularmente la atención», señaló la presentación del fiscal.
Según le explicaron en un primer momento a la familia, la Policía provincial lo había aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad y que “estaba drogado, como perdido, y que esto lo había corroborado un médico de la policía que lo había atendido”, aunque afirmaron que luego había sido liberado. Sin embargo, nunca llegó en tren desde Rosario –había viajado a visitar a una tía– a Retiro, donde lo esperaba su madre, Elsa, fue la reconstrucción que realizó la Fiscalía.
En el escrito se destaca que frente a las averiguaciones y búsqueda de paradero de la familia, la comisaría desplegó una serie de irregularidades de tal forma de brindar una versión alternativa de los hechos. En esa línea, por ejemplo, el personal registró su detención modificando sensiblemente sus datos personales, apellido, número de documento y domicilio. Con tales datos mal consignados, se le dio intervención al fiscal de la justicia ordinaria que por turno le correspondía intervenir, «con la finalidad de darle sustento legal a un proceder totalmente irregular».
El dictamen fiscal pone de relieve la importancia de que el padre de la víctima se haya dirigido a la dependencia policial y tomara conocimiento de que su hijo había sido detenido, ya que de no haberse producido esa circunstancia «nunca se hubiese descubierto que Franco Ezequiel Casco había sido privado de su libertad», hecho que a la fecha se encuentra fehacientemente acreditado, remarcó el fiscal.
De acuerdo con la acusación, las maniobras de ocultamiento y negativa a brindar información continuaron en los días siguientes, hasta que el 30 de octubre la Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo sin vida de Franco Casco. Las autopsias y demás pruebas permitieron establecer que murió antes de ser arrojado al río, con un tiempo de inmersión compatible con la fecha de su desaparición.
Desmontar la mentira
El requerimiento de elevación a juicio contiene una pormenorizada descripción y enumeración de las pruebas que permitieron reconstruir los hechos bajo análisis, así como de la presunta participación de los imputados en los delitos endilgados.
«Este Ministerio Público Fiscal considera que se encuentra acreditado que los funcionarios policiales imputados participaron en la privación ilegal de la libertad de Franco Ezequiel Casco, negaron información sobre las circunstancias de su detención, ocultaron su paradero y obstaculizaron su búsqueda, resultando de ello la muerte de la víctima. Conductas éstas que resultan encuadrables en el delito de desaparición forzada de persona», con el agravante del segundo párrafo del artículo 142 del Código Penal, concluyó la Fiscalía.
A casi cinco años de la desaparición forzada seguida de muerte de Franco, la investigación está a un paso que llegar al juicio oral que tendrá en el banquillo a 19 policías entre ellos: once uniformados de la 7ª, identificados como Diego José Álvarez –jefe de la comisaría–, Fernando Sebastián Blanco, Cecilia Contino, Walter Benítez, César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha y Esteban Silva. También estarán los policías Franco Zorzoli, Rodolfo Murúa, Romina Díaz, Belkis González y Walter Ortiz junto al personal de Asuntos Internos, Augusto Escobar y Pablo Síscaro.
