La fiscal Adriana Saccone, a cargo de la Fiscalía Federal N° 3 de Rosario, y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), solicitaron al juez federal Marcelo Bailaque la elevación a juicio de 32 integrantes de la banda Los Monos. Entre ellos, figuran los sindicados líderes, Ariel Máximo «Guille» Cantero y Jorge «Ema» Chamorro. De acuerdo con la investigación del Juzgado Federal Nª 4, ambos imputados continuaron digitando a través de un teléfono de línea el funcionamiento de la empresa narcocriminal incluso después de haberse producido su detención y alojamiento en la Unidad Penitenciaria de Piñero, donde se encontraban a disposición de la Justicia provincial por asociación ilícita y homicidio. Desde allí, concluye la pesquisa, impartían directivas que eran ejecutadas por sus respectivas parejas, Vanesa Barrios y Jesica Lloan, quienes de este modo se ubicaban en las líneas superiores de la organización criminal.
La causa
La investigación comenzó el 19 de noviembre de 2014 a partir de una comunicación efectuada a la Fiscalía Federal N° 3 por parte de la Superintendencia de Drogas Peligrosas –sección Rosario– de la Policía Federal, por la cual se informaba que un día antes personal de esa dependencia había observado la posible comercialización de estupefacientes en Chávez y Laprida, en la zona sur de Rosario. Desde entonces, la labor de la Fiscalía apuntó a desentrañar a los responsables de los distintos roles y jerarquías dela banda: desde los soldaditos encargados de custodiar los puntos de comercialización (búnkers) hasta los encargados de proveer los estupefacientes, incluyendo a quienes facilitaban el almacenamiento y la logística a la organización.
A fines de noviembre de 2015, en el marco de un megaoperativo que incluyó medio centenar de allanamientos en barrios del centro y sur de Rosario y en las provincias de Corrientes y Chaco, las fuerzas de seguridad detuvieron a 22 integrantes de la organización delictiva. Secuestraron también cerca de 500 kilogramos de marihuana y 5 de cocaína, precursores químicos, armas y vehículos. El juez federal Marcelo Bailaque dispuso un mes después el procesamiento de 23 personas vinculadas –directa o indirectamente– con Los Monos. Entre ellos, Guille Cantero y Ema Chamorro.
La extensa presentación efectuada por los fiscales repasa en detalle el caudal probatorio recolectado durante la investigación, entre el que sobresalen las numerosas intervenciones telefónicas que dan cuenta del vínculo entre los distintos imputados pero también del papel y la jerarquía desempeñada por cada uno de ellos; se llegó así a quienes estuvieron directamente relacionados con la toma de decisiones.
«Ha quedado demostrado a lo largo de la pesquisa, en virtud de las tareas de investigación, las intervenciones telefónicas y los allanamientos concretados por las fuerzas policiales, que la estructura criminal desbaratada fue orquestada y dirigida desde sus lugares de detención por los imputados Cantero y Chamorro, conformando cada uno de ellos un binomio con sus respectivas parejas», Barrios (quien firmó una probation en la megacausa por asociación ilícita) y Lloan, consignaron los fiscales.
Una organización compleja
Los fiscales consideraron también acreditado que la organización criminal funcionó al menos entre noviembre de 2014 y el mismo mes de 2015 con epicentro en Rosario, y que los integrantes actuaron siempre de manera coordinada y con una tarea específica. Así se movían desde los encargados de comercializar la droga en los varios puntos de venta o acondicionar la droga para su posterior distribución hasta aquellos que gestionaban la provisión y el control de las ganancias. «Dicho esto, se advierte que todos los miembros de la organización se acomodaron conforme un esquema jerárquico que permitió distinguir el papel más preponderante de algunos por sobre el aporte menos trascendente –aunque necesario– de otros», consideraron los fiscales.
Sobre este punto, los fiscales destacaron que los elementos reunidos durante la instrucción del caso permiten identificar con claridad a Cantero, Chamorro y sus respectivas parejas en el eslabón superior de la organización. Las intercepciones telefónicas fueron clave: dan cuenta que, desde su lugar de detención, se comunicaban frecuentemente con sus parejas a fin de determinar los ingresos y egresos monetarios de la empresa ilícita, coordinar el pago de deudas, conseguir armamento o contratar “muchachos” para custodiar los puntos de venta. Todo ello, agregan, da cuenta de que los cuatro imputados mantenían el dominio sobre la logística económica de la organización, «impulsando el flujo de dinero según las necesidades del negocio». Es por eso que las detenciones de cuadros intermedios e inferiores de la pirámide jerárquica no resintieron el andamiaje ni el funcionamiento de la organización, ya que el control ejercido por las dos parejas sobre el plan delictivo y las acciones de sus subalternos «dotó a estos últimos de cierta fungibilidad (reemplazabilidad), dificultándole poderosamente a las fuerzas de seguridad el desbaratamiento de esta maquinaria narcocriminal», por su funcionamiento en células.
Calificación legal
Los fiscales solicitaron que Cantero, Chamorro, Barrios y LLoan respondan en el debate oral y público como organizadores de una estructura criminal destinada al tráfico de estupefacientes en la modalidades de transporte, fabricación y comercialización, en la que tuvieron intervención más de tres personas de forma organizada (según la ley de Drogas 23.737).
También solicitaron que los acusados Horacio «Viejo» Castagno (considerado el cocinero de la banda) y Daniel Monserrat (apuntado como el aprendiz del anterior) sean juzgados como autores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de fabricación y comercialización, agravado por la intervención organizada de más de tres personas.
Sobre Luis César Peñalba y Luis Pedro Peñalba, padre e hijo domiciliados en Ibarlucea, cargan las imputaciones de partícipes necesarios del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por la intervención de tres o más personas.
A Elías Javier Sánchez, un correntino conocido como Patrón (cuyo apodo bautizó el operativo), Elizabeth Soledad Cocimi y Andrés Pablo Lasalle le adjudican ser coautores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por la intervención de más de tres personas. Por último, a Cristian Oscar Torancio piden juzgarlo como autor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento agravado por la intervención de tres o más personas.
Los fiscales requirieron que el resto de los imputados sean juzgados como coautores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención organizada de 3 o más personas.
Los acusadores, tras el detalle por la causa, reclaman ir por más: pidieron que se extraigan testimonios de todo lo actuado para continuar la investigación sobre quienes están mencionados en las actuaciones pero al día de hoy permanecen prófugos.
