Ya suman cinco los amparos presentados por distintos abogados ante el decreto del gobierno nacional que vulnera la Ley de tierras del año 2011. Hace pocos días, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola pidió un dictado de sentencia sobre su recurso de amparo presentado en 2016, con el objetivo de ponerle fin a una normativa que flexibiliza la protección de tierras soberanas y posibilita la extranjerización.
El Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, conocida como Ley de Tierras 26.737, es un registro que permite saber en manos de quiénes están las tierras de la Argentina. Impide la acumulación por parte de personas físicas o jurídicas de grandes extensiones de tierra. Además tiene como finalidad no fomentar los latifundios por parte de personas extranjeras.
La ley aprobada durante el kirchnerismo establecía límites concretos a la extranjerización de la tierra y perseguía una lógica de protección soberana. Pero además buscaba establecer un límite a aquellos que corren con ventajas a partir de los beneficios que les otorga un tipo de cambio favorable.
El decreto 820/2016 de Mauricio Macri amplía los límites para la compra de tierras, desregulando el sistema de protección y habilitando la extranjerización. Otra de las cuestiones sensibles tiene que ver con la posibilidad que se le otorga a capitales extranjeros para comprar zonas ribereñas.
Concentración de tierras
Jerónimo Guerrero Iraola, letrado del Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (Cecim) a cargo del amparo, explicó que lo primordial en el escrito tiene que ver con impedir la ruptura del sistema y el acceso a personas extranjeras que “lo que pueden hacer es comprar grandes extensiones de tierra y tener un control fáctico estando sujetos a las leyes”.
El amparo explica que el límite de 1.000 hectáreas disponibles para extranjeros en zonas núcleo, fue sustancialmente modificado en el punto 3 del artículo 10 del decreto establecido por Cambiemos en 2016.
Conforme al nuevo criterio, una misma persona extranjera, puede ser titular dominial o poseedor de 1.000 hectáreas o su equivalente en cada municipio, provincia, o por cada actividad productiva. La ley de Tierras era precisa en fijar ese límite, pero en todo el territorio nacional, y no en cada jurisdicción territorial, ya sea municipal o provincial, o en relación a cada actividad productiva.
En ese sentido, Iraola remarcó: “La ley de Tierras busca establecer mecanismos que puedan impedir que se apropien de tierras soberanas, el decreto lo que hace es flexibilizar ese sistema de protección”.
A su vez, consideró que la modificación dispuesta por Mauricio Macri “frena el sistema protectorio, desarticula el sistema de protección, si uno toma le ley y el decreto, lo que hace es desarticular una ley que era muy buena”.
Beneficiarios del decreto
A partir del decreto, se conocieron casos resonantes de aprovechamiento de la nueva legislación como lo hizo el magnate británico Joe Lewis. “La ley además frenaba la compra de tierras que tuvieran ojo de agua interior como lagunas y lagos, es decir que frenaba la posibilidad de apropiarse de los ríos, el decreto destruyó toda esa sistematización y dio la posibilidad de que se extranjerice la tierra”, explicó el abogado consultado.
En referencia al caso de Lewis, explicó: “Él se apropió de las tierras aledañas a Lago Escondido y prohibió el acceso a esa zona que es tierra argentina”.
El caso Lewis es uno de los de mayor trascendencia a raíz de la apropiación del lago ubicado en Bariloche, Río Negro, y por la judicialización del caso, pero Iraola explicó que es tan solo uno de tantos. “Sobre todo en el sur, la gran cantidad de extensiones de tierra que se les vende a extranjeros son un problema. En esos casos el Estado pierde capacidad soberana de regular la capacidad del uso del suelo”.
Amparo
El amparo se presentó en 2016 en la ciudad de La Plata en simultáneo a otros cinco amparos similares. El primero de ellos inscriptos en el registro de la Corte fue por parte del Instituto Sampay, y todos se encuentran en el fuero federal contencioso administrativo 5.
El pedido central en el recurso presentado por Iraola es declarar inconstitucional el decreto de Cambiemos. “Junto al amparo de Sampay, en estos días pedimos dictado de sentencia, está todo en condiciones para que eso ocurra”.
El abogado platense considera que si eso ocurre, todo volvería a foja cero, previo al dictado. “Por lo cual quienes hayan comprado tierras por fuera de la Ley nacional de tierras rurales, tendrán que dar explicaciones y todo se tendrá que retrotraer”, explicó.
Ante esa posibilidad, estimó que la primera reacción por parte del gobierno nacional será una apelación. Además, consideró que una declaración de inconstitucionalidad, podría generarle un costo económico al gobierno nacional. “Si alguien compró por fuera de los límites tendrá que deshacerse de esas tierras y eso generará daños y perjuicios”, advirtió.
