La acusación surge a partir de una denuncia presentada por la firma Commodities SA de la familia Grassi, que entre 2018 y fines de 2019 entregó en depósito en las instalaciones de Renova un total de 500.785 toneladas de soja con dos modalidades: a fijar y mercadería en custodia; de esa suma se comercializaron 445.177 toneladas a favor de Vicentin, que, por entonces, era la empresa controlante de Renova