El fiscal federal Ramiro González imputó este viernes al secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, y dio impulso a la investigación para determinar si el funcionario, como accionista de Farmacity, favoreció a la empresa como proveedora del Pami.
De ese modo se inició la investigación judicial para determinar si Quintana cometió algún delito al poseer acciones que le otorgarían el control sobre las decisiones de la empresa Farmacity y al mismo tiempo ser uno de los principales funcionarios del gobierno nacional.
La denuncia la hizo el abogado Daniel Igolnikov a partir de un informe periodístico que indicó que el funcionario de la Jefatura de Gabinete tenía participación en las empresas Partner SA, la cual tiene porcentaje mayoritario de la tenencia de Farmacity, y de Pegasus SA, ambas no declaradas tal cual lo obliga la ley.
Además, el denunciante refirió que –de acuerdo a informes periodísticos– se cometió adulteración de documentación en la que habría incurrido Quintana para la habilitación de sucursales Farmacity en provincia de Buenos Aires; influyó ante la Corte Suprema de Justicia para evitar problemas judiciales; sumado a una violación a las normas de competencia comercial ya que los kioscos no pueden vender medicamentos y paralelamente aquella empresa sí podía ofrecer productos típicos de ese rubro.
Ante el juez federal Ariel Lijo, el fiscal pidió una batería de medidas de prueba, como una solicitud a la Oficina Anticorrupción para que informe sobre declaraciones juradas presentadas por Quintana desde 2015 a la fecha e indique si en el organismo hay actuaciones que lo tengan en la mira a él o a la empresa Farmacity.
Por otra parte, pidió que la Inspección General de Justicia (IGJ) informe sobre composición accionaria de las empresas Farmacity, Partner SA y Pegasus SA; y al Ministerio de Modernización que indique si esas empresas son proveedoras del Estado, particularmente de la obra social Pami.
También reclamó que el Pami informe sobre toda la normativa vinculada a la contratación de los proveedores de farmacia y entregue, en caso de haberlo, el expediente de Farmacity.
La Justicia federal recibió la denuncia contra Quintana para que se lo investigue por presunta incompatibilidad de funciones luego de que se difundiera en el programa periodístico de Jorge Lanata que sus acciones en Farmacity representaban un 53% en los votos, lo que le permitía mantener una fuerte incidencia en el control de la cadena de farmacias.
La denuncia recayó en el Juzgado a cargo de Lijo y fue realizada por el abogado particular, quien solicitó que se investigue un conflicto de intereses, que en realidad para el letrado es «un conflicto de capitales».
El denunciante consideró también que puede haber un incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación a la ley de ética y de la ley de la defensa de la competencia.
Quintana señaló que el valor estimado de la compañía es de «entre 400 y 500 millones de dólares» por lo que el 3% de las acciones que él conserva en su poder serían vendidas en alrededor de 15 millones de dólares.
