La Provincia de Santa Fe sigue anidando el foco de la violencia urbana y el sitio con mayores casos los sigue liderando Rosario. Por eso representantes legislativos siguen tratando de sacudir la modorra de quienes deben tomar decisiones. En este caso, el diputado Carlos del Frade quiere saber cómo llegan las armas de fuego a pibes y pibas de los barrios de las principales ciudades santafesinas.
El legislador recordó que ya fueron secuestradas 314 en los primeros meses del año 2023 más las 9.982 entre el primero de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, según informes oficiales de la provincia. “La mayoría de los homicidios son cometidos con armas de fuego y por eso es fundamental colaborar desde la Legislatura para denunciar los circuitos de distribución, circulación y potenciales sectores que ganan dinero con este negocio en la provincia o desde afuera de la misma”, apuntó Del Frade.
En el marco de su pedido el diputado del Frente Social y Popular (FSyP) también mencionó datos alarmantes: Durante el 2019 y el primer semestre de 2020, la cantidad de secuestros rondó las 1600 armas de fuego aproximadamente por semestre. Esta cifra se elevó alrededor de un 30% durante el segundo semestre de 2020, alcanzando casi 2100 secuestros. Entre enero y junio de 2021 se registraron 1776 armas de fuego secuestradas por fuerzas policiales santafesinas. Esta cantidad se ubica por debajo del registro previo (2do semestre de 2020) pero es superior a todos los conteos semestrales anteriores. Sin embargo, la baja se acentuó durante el segundo semestre de 2021 sobrepasando apenas las 1300 armas de fuego secuestradas en la provincia. “Más allá de estos números, es preciso saber si el gobierno de Santa Fe, a través de sus diferentes agencias estatales, ha podido precisar el origen de las armas”, requirió Del Frade
Policías involucrados
En todo este marco, que pone a la provincia en general y a Rosario en particular como centros de violencia e inseguridad “muy preocupantes”, aparece otro interrogante atado a la situación que parece no encontrar respuestas desde el Estado. El ojo va enfocado a la policía, más principalmente a agentes exonerados.
Es decir, Del Frade le pide los datos a la Provincia de cuantos policías exonerados en los últimos veinte años participaron en hechos delictivos o integraron bandas ilegales y qué tipo de medidas se vienen tomando para evitar este tipo de situaciones.
La mirada se deposita allí en base a estos acontecimientos: Darío José Priotti es un policía exonerado y fue detenido el martes 25 de abril de 2023 por estar sindicado como una pieza clave para la operatividad de la franquicia de Los Monos que desplegaba balaceras, amenazas y extorsiones para disputarle el territorio para el narcomenudeo a una gavilla que responde a Esteban Alvarado en los barrios Ludueña, Empalme Graneros, Industrial y Belgrano. Fue apartado de la fuerza en 2004 luego de ser condenado junto a otro uniformado a cuatro años de prisión por el asesinato del adolescente Ariel Colque en una cuestionada resolución de la Justicia provincial. Ahora, fue apresado en un galpón de La Paz al 5000 y será imputado la semana próxima como parte de esta asociación ilícita que está integrada por más de una veintena de personas.
Asimismo, está señalado como integrante de la banda que organizó desde la cárcel por Matías “Pino” César, un recluso que en 2021 fue condenado a 20 años de prisión por haber planificado atentados contra edificios judiciales, domicilios de jueces y policías a pedido del líder Los Monos, Ariel “Guille” Cantero. Para la pesquisa que empezó en julio de 2021, Pino César convocó a Andrés “Andy” Benítez, Julián Aguirre, Mauro Gerez y a Jonatan Almada, hijo de un policía retirado que también está preso en esta causa, con el objetivo de liderar territorio del noroeste para desplazar a la banda de Francisco “Fran” Riquelme, quien responde a Alvarado, y así quedarse con las ganancias plenas del narcomenudeo. La investigación se hizo pública en agosto del año pasado cuando fueron los primeros 57 allanamientos ordenados por la Justicia provincial y federal donde cayeron los cabecillas principales junto a una veintena de personas, entre las que también se encontraban el policía retirado Jorge Almada, padre de Jonatan, y otra mujer policía, Analía Lorena Francia. Esta suboficial trabajaba en la comisaría 12ª, con jurisdicción en Ludueña, y fue condenada el mes pasado a tres años de prisión por pasar información a la banda de la que también forma parte uno de sus hijos.
“Más allá de estas características de la banda, es preciso saber cuántos casos como el de Priotti se verificaron en los últimos veinte años y qué medidas se vienen tomando para evitar la reiteración de estos hechos”, señaló Del Frade.
Lavado de dinero
Otro pilar importante es el negocio del narcotráfico en la provincia, es el lavado de dinero. Es menester ahondar en las distintas patas del negocio para un abordaje amplio de la problemática.
En el punto que parece ser el objetivo delictivo como es blanquear “plata sucia”, el legislador pide al gobierno de Perotti que brinde datos si alguna agencia del gobierno provincial, desde 2017 en adelante, tomó medidas contra potenciales maniobras de lavado de dinero a través de las llamadas sociedades por acciones simplificadas (SAS) y en cuántos casos detectaron irregularidades desde entonces hasta el presente.
Sobre el tema se pronunció el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, cuando aseguró que las bandas narcos rosarinas utilizaron unas 40 SAS para generar facturas apócrifas y de esa manera lavar dinero procedente del narcotráfico.
“Si no hay controles, termina rigiendo la ley del mas fuerte”, indicó el titular de la Corte y profesor universitario de Rosario. Y aceptó, con todo, que, “los ilícitos sobre lavado de dinero no sólo provienen del régimen de las SAS, creado por ley en 2017 e impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, y en su momento acompañado por casi todo el arco opositor, incluido el peronismo. También algunas mutuales y otras formas asociativas fueron utilizadas por organizaciones criminales para lavar dinero”, indicó el diputado del FSyP.
“La importante información que difundió el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe merece una necesaria explicación de parte de los organismos estatales en torno a las medidas de cuidado sobre las sociedades anónimas simplificadas desarrolladas a partir de 2017. Es de lógica pensar que áreas vinculadas a la actividad económica habrán elaborado registros relacionados con estas prácticas y, en forma paralela, habrán desarrollado mecanismos de investigación, detección y denuncia de las mismas. Por eso pedimos información complementaria a lo dicho por Erbetta”, completó Del Frade.
