Un fiscal federal de Morón y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) solicitaron que dos ciudadanos argentinos sean sometidos a juicio oral como acusados de lavar dinero para el cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación, considerado el más rico del mundo y cuyo brazo financiero es conocido como Los Cuinis.
De acuerdo a los pesquisas, estas maniobras delictivas las cometieron entre 2008 y 2012, hasta que una gran parte de los integrantes de la organización abandonaron Argentina o fueron detenidos en Uruguay. Entre los apresados se encuentra Gerardo González Valencia, hermano del líder mencionado cartel y quien habría reclutado a los ahora procesados, identificados como el taxista Marcelo Arias, apuntado como testaferro, y Oscar Calvete, como presunto administrador. Para la Justicia federal, formaron parte de una asociación ilícita acusada de lavar 1.800.000 de dólares provenientes del narcotráfico en México a través de negocios en el barrio porteño de Puerto Madero.
Fuentes judiciales precisaron que el pedido de juicio fue efectuado por el fiscal federal 1 de Morón, Sebastián Basso; y la titular de la Dgradb). María del Carmen Chena, al juez federal de esa jurisdicción bonaerense, Elvidio Portocarrero Tezanos Pinto.
Los sospechosos están acusados de ser «partícipes necesarios del delito de lavado de activos agravado por ser realizado por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza».
En su presentación, Basso y Chena también solicitaron el sobreseimiento de otros siete implicados y el decomiso del dinero depositado en distintas cuentas bancarias y bienes involucrados en el accionar ilícito.
La investigación se inició el 10 de marzo de 2009, un ciudadano mexicano chocó el automóvil Chevrolet Astra que manejaba, el cual estaba registrado a nombre de uno de los imputados, en el barrio porteño de Puerto Madero.
Los agentes que intervinieron ante el siniestro recabaron mayor información en distintas bases de datos, de las que resultó la hipótesis de que el titular del vehículo como los ciudadanos mexicanos estaban involucrados en actividades ilícitas vinculadas al tráfico ilegal de sustancias estupefacientes.
A raíz de ello, se dio intervención a la Fiscalía Federal 1 de Morón, que centró su investigación en establecer el origen de los fondos utilizados por los ciudadanos mexicanos para costear sus residencias, un local comercial y la integración de los fondos de una sociedad comercial que conformaban, desde que habían llegado a nuestro país como turistas, entre agosto y octubre de 2008.
En la investigación se determinó que los tres ciudadanos mexicanos se alojaron el edificio LeParc de Puerto Madero. Estos sospechosos declararon como domicilio de la sociedad una dirección en la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde vivía el titular del Chevrolet Astra involucrado en el choque de Puerto Madero.
A su vez, estos tres ciudadanos mexicanos mantenían un nivel de vida ostentoso y también habían comprado un depósito en el barrio porteño de Parque Chas.
«Las actividades desarrolladas por los ciudadanos mexicanos fueron maniobras de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas vinculadas con el narcotráfico y que involucran al Cártel Jalisco Nueva Generación y su brazo financiero denominado Los Cuinis».
El imputado que ofició como «prestanombre» conoció al hermano del líder del cartel, cuando ocasionalmente lo llevó en su taxi a la salida de un centro comercial del microcentro porteño.
Así, surgió una relación por la cual, cada vez que algún integrante de la organización venía a la Argentina, contactaba a ese chofer, como ocurrió con los tres mexicanos que operaban en Puerto Madero, quienes estrecharon la relación, al extremo de contratarlo como chofer personal, darle dinero para que adquiera dos vehículos a su nombre y que éste les facilitara su dirección para que figurase como domicilio de la sede de la sociedad que constituyeron.
Por su parte, el otro argentino imputado, conocía a González Valencia desde 2010 ya que estableció una oficina en el mismo piso donde aquel trabajaba, en la ciudad mexicana de Zapopan.
Posteriormente, éste hombre fue contratado como auditor de la firma en nuestro país y representó los intereses de la sociedad mexicana al hacerse cargo del funcionamiento de sus actividades e incluso al tomar intervención en distintos actos asamblearios, vinculados a la remoción y/o cambio de autoridades.
Basso y Chena consideraron que, a partir de los aportes de los dos ciudadanos argentinos, «la ideación criminal pudo materializarse en una serie de actos delictivos múltiples, orquestados y controlados minuciosamente por los ciudadanos mexicanos y por quienes los asistían, los cuales les permitieron inyectar millonarias sumas de dinero sospechadas de provenir del tráfico de drogas en el sistema financiero local, ya sea mediante giros provenientes del exterior del país, o a través de la compras de bienes registrables y depósitos en las cuentas que registraban en el Banco Santander Río (actual Santander)».
