El comisario Pablo Márquez, quien está acusado de ordenar detenciones en Córdoba para elevar las estadísticas favorables de los procedimientos, existieran o no contravenciones, será sometido a juicio para determinar si incurrió en “abuso de autoridad y coacción”. Una mujer de 32 años con grado de oficial subinspector fue quien acusó en noviembre de 2012 al oficial –por entonces al frente del denominado Comando de Acción Preventiva (CAP)– por obligarla a ella y a los otros subordinados a perpetrar detenciones ilegales, “para hacer número” y mostrar una ficticia eficacia policial.
La solicitud fue realizada por el fiscal Pablo Molina. Márquez está imputado por “abuso de autoridad reiterada” en seis hechos y un episodio de coacción agravada contra una subordinada, mientras que además se solicitó que se le impute el delito de “privación ilegítima de la libertad”.
Días después de la primera denuncia se conoció que había dos anteriores de otros subordinados, y que, según los testimonios en la causa, cuando los agentes no llevaban detenidos, eran obligados a trabajar horas de más.
En tanto, declararon que aquellos que detenían a más personas eran reconocidos como “empleados del mes” con una foto pegada en la comisaría.
El entonces jefe de Policía y actual ministro de Seguridad provincial, Alejo Paredes, negó en noviembre de 2011 que existieran órdenes desde la Jefatura para que el personal de calle haga detenciones arbitrarias. En marzo de 2012 se conoció que tras las denuncias, bajaron de 400 a 150 los detenidos al mes en la división que comandaba Márquez.
El abogado de los policías, Carlos Nayi, indicó que además de ser quienes denunciaron a Márquez, los efectivos se constituyeron en querellantes de la causa y que solicitará que se lo acuse al comisario por “privación ilegítima de la libertad”.
El caso Márquez se da en el marco de las quejas de organizaciones sociales y políticas sobre el uso abusivo que la Policía hace del Código de Faltas y en especial se critica que son jóvenes de sectores vulnerables los más afectados, ya que muchas aprehensiones se fundarían en el origen social, económico y geográfico de los detenidos.
