Familiares de Alejandro Nicolás Martínez, el hombre de 35 años que falleció el 18 de noviembre de 2021 mientras se encontraba detenido en una comisaría de la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú, pidieron que los nueve policías acusados de asesinarlo sean juzgados por el hecho y “que todos paguen, para que el crimen no quede impune”.
“Pedimos justicia por la memoria de él, y para que el crimen no quede impune. Queremos que paguen todos los responsables”, exigió Laura Lagana, ex pareja de Martínez, y madre de uno de sus hijos.
Lagana pidió en ese sentido que la Cámara de Apelaciones de Dolores confirme la elevación a juicio del caso, y que los nueve miembros de la policía bonaerense imputados por el hecho sean juzgados, tal como dispuso el último 11 de octubre el juez de Garantías 4 de Mar del Tuyú, Diego Olivera Zapiola.
El tribunal debe definir si confirma o revoca la decisión del magistrado, tras la apelación presentada por los defensores de los acusados.
“Esperamos que el fallo del juez de Garantías sea confirmado, tanto para los tres coautores como los seis partícipes necesarios. Queremos que todos vayan a juicio”, pidió la ex pareja de la víctima, que además es abogada.
Los efectivos José Pereyra, de 35 años, Christian Rohr, de 31, y Maximiliano Munche, de 48, están imputados como coautores del delito de “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones”.
A su vez, los policías Laura Chiarullo, de 36, Evelyn Garófalo, 28, Jaqueline Mansilla, de 30, Carla Cantarella, de 30, Sandro Mujica, de 35, y Miguel Boulos, de 54, están acusados de ser “partícipes secundarios”.
En ese sentido, Lagana consideró que “todos fueron responsables del hecho, por acción o por omisión, porque estuvieron ese 18 de noviembre en la comisaría en donde fue asesinado”.
El reclamo fue amplificado por otros familiares y allegados de Martínez, que se movilizaron en la tarde del viernes en la plaza principal de la localidad bonaerense de Brandsen, al cumplirse un año del hecho.
Según la investigación del caso, Martínez murió en la comisaría 3ª de San Clemente tras ser trasladado en un patrullero desde el Hotel Fontainebleau, ubicado en calle 3 y avenida Costanera, luego de que empleadas del lugar denunciaran que estaba provocando daños en la habitación del séptimo piso en la que se hospedaba.
Un llamado desde esa seccional a la Unidad Funcional de Instrucción 11 (UFI 11) de Mar de Ajó, que intervino inicialmente, reportó la aprehensión del hombre por “daños” a las 0.58 del 18 de noviembre, y menos de una hora más tarde, una nueva comunicación indicó que había fallecido, por lo que se inició una causa por “averiguación causales de muerte”.
El fiscal Pablo Gamaleri, titular de esa unidad descentralizada, ordenó la autopsia del cadáver, que reveló que había muerto a causa de una “asfixia mecánica” y que además había sufrido golpes y lesiones.
A raíz de las pruebas recolectadas, dos días más tarde fueron detenidos los nueve policías, y tras esas medidas, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, y las defensas de los efectivos cuestionaron los resultados de la autopsia, por lo que se dispuso una nueva.
La segunda, realizada nuevamente en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, confirmó los resultados de la primera e, incluso, estableció que el cuerpo presentaba lesiones que no habían sido notificadas en el análisis inicial.
Tras esas pericias, la causa quedó a cargo del fiscal Martín Prieto, titular de la UFI 2 descentralizada del partido bonaerense de La Costa, quien luego de 10 meses de investigación, pidió a mediados de septiembre que los nueve acusados vayan a juicio.
Para el fiscal, quedó acreditado que todos ellos “planificaron dar muerte” a la víctima, “asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado”.
Prieto consideró que los efectivos Pereyra, Rohr y Munche “ejercieron una extrema violencia física” sobre Martínez dentro de la seccional, “propinando golpes de puño, y aplastando múltiples partes del cuerpo mediante diversas maniobras durante un lapso temporal de unos aproximados 10 minutos”.
Precisó además que, de acuerdo a las dos autopsias realizadas al cuerpo, la víctima sufrió “múltiples lesiones” así como “fracturas costales derechas, infiltrado hemorrágico, aponeurosis epicraneana frontoparietal, cianosis cervicofacial y en tercio superior de tórax con infiltrado petequial en piel, en pulmones y corazón”, lo que le provocó “un paro cardíaco traumático”.
El fiscal entendió a su vez que el resto de los imputados “brindaron la cobertura necesaria para que” los otros tres “no corrieran ningún tipo de riesgo”, y para “asegurar el resultado de lo planificado, omitiendo dolosamente y abusando de los deberes a su cargo proporcionaron el ambiente y circunstancias necesarias a fin de obtener el resultado planificado, dar muerte a Martínez”.
Los tres principales acusados cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal 44 de Batán, luego de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Dolores confirmó en marzo la medida dispuesta en ese sentido por el juez.
Los camaristas dispusieron, en cambio, que los otros seis efectivos fueran liberados por falta de mérito, pese a que el juez de Garantías también había dispuesto que continuaran detenidos por entender que intentarían “eludir la acción de la Justicia”.
Desde el inicio de la instrucción, ocho de los acusados brindaron declaración indagatoria y en todos los casos rechazaron las acusaciones, mientras que Pereyra optó por no declarar.
