La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió la intervención judicial de la firma Hidden Lake S.A., propiedad del magnate inglés Joe Lewis, por considerarla una «pantalla jurídica» para «frenar la aspiración» de cualquier persona a acceder al Lago Escondido, ubicado en la provincia de Río Negro, un derecho constitucional vedado hace 17 años.
«Hidden Lake S.A. resulta ser una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio, la producción o prestación de bienes o servicios, sino que se la está utilizando para disfrazar un cuantioso patrimonio del Sr. Lewis en la Patagonia, a la vez que para evitar o cuanto menos frenar la aspiración de cualquier integrante de la sociedad argentina de poder acceder al singular y maravilloso espejo de agua que representa el Lago Escondido», sostuvo este martes el organismo.
Así fue expuesto por la IGJ, entre otras argumentaciones, para apoyar su pedido, que deberá resolver ahora la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, mientras la causa judicial referida al acceso al lago permanece desde hace 5 años sin movimientos en una cámara de Bariloche.
Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro «asegura» el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).
Aunque en 1994 se creó el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, en 1999 se modificó y se dejó al lago afuera del área protegida.
Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a cualquier persona, algo que no se cumple pese a que hubo varios fallos en ese sentido de la justicia rionegrina.
Uno de los planteos de la IGJ apunta a «hacer cesar el irregular e ilegal estado de cosas que se verifica hasta el presente, concretado a través de la antijurídica actuación en nuestro país del Sr. Lewis, utilizando de forma espuria a una sociedad comercial registrada en la Ciudad de Buenos Aires, con sede en un estudio jurídico capitalino».
La requisitoria de la Inspección General de Justicia advirtió también que Hidden Lake (en castellano, Lago Escondido) es la compañía a través de la cual Lewis interpuso «múltiples recursos procesales dilatorios y apelaciones» que impidieron materializar el acceso público a Lago Escondido, a lo largo de 17 años.
Otro hecho tenido en cuenta por el ente es que la sociedad del británico no realizó «durante décadas actividad comercial alguna que le permitiera sufragar, entre otras cuestiones, la construcción de la mansión del propio Lewis en las proximidades del Lago Escondido, ni mucho menos autosostenerse como entidad mercantil genuina», expresó el organismo a través de un comunicado.
De hecho, las casi 9 mil hectáreas en cuestión fueron adquiridas en 1996 por la firma H.R. Properties Buenos Aires S.A., que poco después se convirtió en Hidden Lake S.A, controlada por Lewis. Eso motivó una denuncia judicial que prescribió el año pasado y en la que el historiador y denunciante Alejandro Gaona Olmos explicó: «Se autorizó a una sociedad y se inscribió a nombre de otra».
«Ninguno de los integrantes de la sociedad extranjera estaba casado con mujeres argentinas, ni tenían hijos argentinos, ni tampoco se establecían con una empresa o industria de importancia para la economía del país. Era solo una sociedad británica que compraba tierras en zonas vedadas a los nativos de esa nacionalidad, como a otros de nacionalidad extranjera», planteó.
Días atrás, el Gobierno de Río Negro y el Poder Judicial local recibieron un nuevo petitorio que reclama el libre acceso al Lago Escondido por el camino de Tacuifí, cuya utilización es restringida por Lewis, quien posee entre 9 mil y 14 mil hectáreas en la Patagonia.
El petitorio fue acompañado por una multitudinaria movilización en Viedma, de la que participaron la CTA Autónoma, la Corriente Clasista Combativa (CCC), la Federación Nacional Territorial (Fenat) de Río Negro e integrantes de pueblos originarios, con el respaldo de miles de firmas en toda la provincia.
El 9 de marzo último, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), la abogada Magdalena Odarda, confirmó que se rechazó por «inviable» la propuesta de construir un camino alternativo para acceder al Lago Escondido, planteada por Lewis durante una audiencia de conciliación en la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche.
Odarda fue quien en 2005 presentó una demanda contra el británico para denunciar la constitución irregular de la propiedad del magnate sobre esas tierras y reclamar el libre acceso a Lago Escondido.
En marzo pasado, los abogados de Lewis propusieron abrir un camino en la zona de «El Manso» para que se pueda cumplir con la sentencia que en 2009 ordenó el libre tránsito por las tierras del empresario hacia Lago Escondido.
La IGJ mencionó que su pedido se apoya también en que existen «causas judiciales con varias resoluciones firmes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro y hasta de la Corte Suprema de Justicia de La Nación».
La primera de ellas data del 2005 y, por esa razón, «a más de 17 años sin materializarse el acceso público al Lago Escondido, en virtud de múltiples recursos procesales dilatorios y apelaciones», la IGJ pidió «promover de inmediato la acción judicial tendiente a obtener la declaración de nulidad de la sociedad Hidden Lake Sociedad Anónima».
«Requerir la intervención judicial de la administración de dicha sociedad, en términos de los artículos 303, inciso 2, y 301, inciso 2, de la ley 19.550, en evidente resguardo del interés público, habida cuenta el gravísimo incumplimiento en que ha incurrido dicha sociedad respecto de sentencias judiciales firmes», expresó el inspector general, Ricardo Nissen, en el tercer artículo de su presentación.
Alertó también sobre «las gravosas consecuencias» de esa «actuación omisiva» y del «abuso procesal» ocasionado a la comunidad, «teniendo en cuenta los gravísimos hechos acaecidos los días 8 y 9 de febrero de 2022».
Nissen se refirió así a lo denunciado en febrero pasado por un grupo de abogados contra empleados de Lewis por «privación ilegal de la libertad, actos de piratería y sedición y atentados contra la soberanía nacional».
La denuncia se originó luego de la sexta marcha «por la soberanía» de Lago Escondido, cuando varios manifestantes fueron «interceptados, hostigados y privados de su libertad por aproximadamente cincuenta hombres, a caballo y armados, organizados por una persona que ejercía el mando y que fuera identificada como Nicolás van Ditmar».
Esa situación, según consta en la denuncia, obligó a los miembros de la expedición a intentar replegarse hacia la cabecera sur del lago, donde «pasaron la noche en condiciones de precariedad y con grave riesgo para la salud de las víctimas», una de las cuales fue el sanitarista y exministro Jorge Rachid.
Pocos días después, el 12 de febrero último, el expresidente Mauricio Macri se alojó en la residencia de Lewis, en Lago Escondido, junto al Gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Yasir Al-Rumayyan, según dieron cuenta medios de la zona.
