Los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida en 2020 en el partido bonaerense de Tigre, pidieron este miércoles que los ocho profesionales de la salud imputados vayan a juicio oral como presuntos responsables de un «homicidio simple con dolo eventual» al considerar que sus «omisiones» y «desmanejos» colocaron a la víctima en una «situación de desamparo» y librándola «a su suerte» en el marco de una internación domiciliaria «indignante».
El requerimiento fue presentado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ante el juez de Garantías 2 de ese departamento judicial, Orlando Díaz, a pocos días de cumplirse un año y cinco meses de la muerte del «Diez», a raíz de un edema pulmonar y una falla cardíaca durante una internación domiciliaria que cursaba en el barrio privado San Andrés, del mencionado distrito.
«Cuando en rigor los controles debieron intensificarse en un desenlace para nada fortuito, a la inversa y mientras la víctima anunciaba casi a gritos su triste final por la situación de desamparado en la que lo había colocado abandonándolo a su suerte, decidieron, todos ellos, aportar toda su imprevisión con las acciones más burdas que se han visto al servicio de quien ahora ya no está», señalaron los fiscales en su pedido de 378 páginas al que accedió Télam.
«Esa y no fue otra la realidad de lo ocurrido. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio», remarcaron.
Este requerimiento incluye a los ocho imputados ya indagados en la causa: el neurocirujano y por entonces médico de cabecera del «10», Leopoldo Luciano Luque (40); la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel «Charly» Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41), los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).
A todos ellos, el equipo fiscal especialmente creado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, los acusa como coautores de un «homicidio simple con dolo eventual», tras concluir que el equipo médico de Maradona fue «deficiente», «temerario» e «indiferente», que sabía que el «Diez» podía morirse en el estado en el que se encontraba y que no hizo nada para evitarlo.
Pese a que se trata de un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados llegarán al debate en libertad.
Para los instructores judiciales los descargos que los acusados realizaron en el expediente «muestra a las claras el desesperado intento de cada uno de los responsables de este entuerto en mejorar su comprometida situación procesal, alzándose unos contra otros y con la clara finalidad de deslindar sus responsabilidades colocando falazmente en cabeza de otros aquel extremo».
«La omisiones de actos específicos que debían ejecutar y aquellos contrarios al arte de salud colocaron a la víctima en una situación de desamparo pocas veces vista librándolo a su suerte», afirmaron los fiscales.
También hicieron hincapié en que los imputados «fueron protagonistas de una internación domiciliaria sin precedentes, plenamente deficiente y temeraria»; y que cometieron un «conjunto de improvisaciones; desmanejos y falencias».
«La internación domiciliaria misma, mientras duró, fue indignante», consideraron.
Una de las claves de la acusación fueron las conclusiones a las que arribó la junta médica de peritos que durante dos meses analizó las circunstancias de la muerte de Maradona.
Allí, 17 de los 22 peritos que participaron concluyeron que Maradona era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir, que «no estaba en pleno uso de sus facultades mentales» y que pudo haber tenido «más chances de sobrevida» si hubiera estado en una clínica.
La junta afirmó que «el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado, manteniendo las omisiones perjudiciales precedentemente apuntadas, abandonando ‘a la suerte’ el estado de salud del paciente».
Por su parte, el juez Díaz ahora le correrá vista del requerimiento fiscal a las partes, se espera que las defensas presenten oposiciones y pedidos de sobreseimiento, y luego decidirá si eleva a juicio el expediente para que se sortee el tribunal oral de San Isidro que tendrá que hacer el debate oral.
