El fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, pidió este viernes la condena a cuatro años de prisión para el ex funcionario judicial Víctor Hermes Brusa y penas de 15, 20 (en dos casos) y 25 años de prisión para cuatro ex policías provinciales en el juicio que se les sigue por crímenes de lesa humanidad contra víctimas que pasaron, entre otros lugares, por el centro clandestino de detención La Casita, que funcionó en una finca situada en una zona rural de Santo Tomé nunca localizada.
En rigor, llegaron a juicio 12 casos de víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos. Uno de ellos culminó en homicidio: Emilio Osvaldo Feresín, responsable zonal para Santa Fe y Paraná de la agrupación Montoneros, fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y falleció alrededor de un mes después durante las torturas que le impusieron en La Casita. Permanece desaparecido. Los testimonios de los sobrevivientes sobre la agonía del militante y los comentarios de los represores referidos por ellos sobre que «éste se nos va» y, posteriormente, «se nos fue», resultaron contundentes para la Fiscalía.
Las 11 víctimas restantes son Stella Maris Vallejos, Daniel Osvaldo Gatti, Vilma Raquel Guadalupe Juárez, Ana María Cámara, Anatilde Bugna, Hilda Celina Vivian Benavides, Mabel Ángela Caminos, Graciela Virginia Aguirre, Patricia Amalia Traba, Teresita María del Carmen Miño y Silvia Liliana Abdolatif, todos militantes de la Juventud Peronista.
Los testimonios de los sobrevivientes sobre la agonía de Emilio Feresín y de los comentarios de los represores sobre que «éste se nos va» resultaron contundentes para la Fiscalía en la acusación por homicidio.
En su exposición, Suárez Faisal requirió que se absuelva a Brusa por el beneficio de la duda en un caso de apremios ilegales. «Considero que llegada a esta instancia del juicio no se ha revalidado la prueba por la cual oportunamente el Fiscal Federal de primera instancia propició su acusación, por lo que hoy no corresponde sostenerla», fundamentó, tras explicar que no había coincidencias en el testimonio brindado por un testigo en el debate y sus declaraciones anteriores respecto a la intervención de Brusa en esos hechos.
Para Brusa, entonces, el fiscal pidió cuatro años de prisión por el delito de apremios ilegales cometidos contra Daniel Gatti, a quien el ex funcionario judicial –que llegó a juez federal años después con la vigencia del estado de derecho– intentó obligarlo a firmar una declaración autoincriminatoria, bajo la amenaza de regresarlo al centro clandestino de detención de la comisaría 4ª de Santa Fe, cuando se encontraba detenido en la cárcel de Coronda.
El fiscal pidió además la condena a 25 años de prisión del ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la Policía provincial Eduardo Alberto Ramos Campagnolo por su intervención en la muerte de Feresín. Suárez Faisal consideró acreditado que el deceso se produjo «como consecuencia de las múltiples y reiteradas torturas aplicadas por la «patota» conformada por Ramos y otras personas que han fallecido durante el trámite del presente proceso». También lo acusó como responsable en siete casos de privación ilegal de la libertad agravada y en seis de tormentos agravados.
Para Ramos Campagnuolo, el fiscal pidió 25 años de prisión. Describió que se infiltró en la Facultad de Derecho para «marcar» estudiantes y que participaba de las «patotas» que secuestraban y torturaban.
Al describir la inserción de Ramos Campagnuolo en el aparato represivo clandestino, el fiscal indicó que, como personal policial de inteligencia, el acusado se infiltró en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, donde cursó y «hasta aprobó algunas materias». El propio Ramos reconoció en su declaración indagatoria haber «trabajado en el ámbito universitario». «Su verdadera función –remarcó Suárez Faisal– era la de señalar o «marcar» objetivos, es decir, seleccionar a estudiantes o militantes que podrían ser considerados «subversivos» para el gobierno de facto, y luego proceder a su respectivos secuestros. Pero su labor dentro de la organización represiva no finalizaba allí sino que además participaba –junto con El Pollo Colombini y El Tío Correa– de los denominados «grupos de tareas» que allanaban ilegalmente domicilios, detenían a las personas previamente marcadas, para luego conducirlas a centros de detención», donde «eran sometidos a interrogatorios bajo toda clase de torturas y tormentos».
El fiscal también pidió la condena del ex comisario de la Seccional 4ª de Santa Fe, Ricardo Silvio Ferreyra, a quien describió como «la máxima autoridad de uno de los centros clandestinos de detención de mayor envergadura de la ciudad de Santa Fe, junto con la comisaría 1ª, donde ocupó previamente el cargo de subjefe». Le pidió la pena de 20 años de prisión por la privación ilegal de la libertad agravada de cuatro víctimas y la aplicación de tormentos agravados en tres casos, y por asociación ilícita. Ferreyra es el único de los cinco imputados que llegaron a este juicio que no tiene condena por este último delito. El resto fue condenado en un proceso tramitado en 2014.
Finalmente, Suárez Faisal pidió las condenas a 20 y 15 años de prisión, respectivamente, para el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti, y la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi. «No caben dudas de que Perizzotti era el mandamás del mayor centro clandestino de detención de la región, el lugar más masivo, llamado Guardia de Infantería Reforzada, y que Aebi actuaba como su mano derecha», indicó el fiscal.
En el final de su alegato, pidió al tribunal que al momento de dictar sentencia unifique las penas impuestas en otros dos juicios a Perizzotti, Brussa, Aebi y Ramos Campagnuolo.
