Los abogados defensores del ex jefe de Policía de Santa Fe Hugo Tognoli, del ex jefe de la Brigada antinarcóticos de Venado Tuerto Néstor Fernández, y de un sindicado narcotraficante, Carlos Ascaíni, pidieron ayer la nulidad del juicio oral que se les sigue al considerar “falsa” una prueba a la que señalaron como la base de la acusación. Se trata de dos informes sobre las consultas de patentes que realizaron dos uniformados a la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRP). En estos dos documentos, entregados en 2012 y en 2016, existe una diferencia de 53 consultas en el mismo período analizado, por lo que los letrados consideraron que el documento está viciado de “falsedad ideológica”.
“No hay salida para este pedido de nulidad de todo lo actuado”, dijo el abogado José Luis Vázquez, quien representa en el juicio al ex comisario Néstor Fernández, de 44 años, acusado junto a Tognoli de la presunta cobertura policial a Carlos Andrés «Vasco» Ascaíni, de 42, quien está procesado por narcotráfico.
En la audiencia de ayer, en la que estaba dispuesto que se presenten seis testigos, Vázquez pidió la palabra y solicitó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) que declare nulo el proceso y reclamó una investigación por falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público al perito informático de la DNRPA Jorge Likerman.
La acusación
Los dos informes fueron emitidos por la DNRPA en 2012 y 2016 por pedido de los fiscales del caso. Buscaban determinar cuántas consultas se habían hecho a la base de datos del organismo a través de la clave de acceso 210183, designada al comisario Fernández. La importancia de ese dato radica en que, según la acusación, el presunto narco Ascaíni llamó en 2009 a la comisaría de Villa Cañás para averiguar por unos vehículos que lo seguían. De acuerdo a la investigación, lo atendió un cabo que –luego de realizada la consulta a la base de datos de la DNRPA con la clave de Fernández– le informó que eran vehículos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esto permitió a Ascaíni frustrar una detención.
El ex jefe de Policía Tognoli, el cual al momento de esos hechos era titular de la ex Drogas Peligrosas de Santa Fe, fue acusado de presunta complicidad con Ascaíni por ser quien debía velar por la clave de usuario que le entregó al comisario Fernández.
La clave
El primer informe emitido en 2012 –que abarca la etapa de la instrucción– señala que mediante la clave de Fernández se realizaron 232 consultas. Sin embargo, en otro oficio que data de septiembre de 2016 el registro tiene 179 consultas de identificación automotor, con una diferencia de 53 en relación al primero de los informes. El miércoles pasado, Likerman reconoció como válidos a los dos. “Esta manipulación hace que no se pueda saber cuál es el verdadero o si se agregaron datos”, explicaron los abogados defensores de Tognoli, Néstor Oroño y Federico Carignano, al adherir al pedido de Vázquez.
Más defensores
Por su parte, José Nanni, en representación de Ascaíni, realizó la misma adhesión tanto para el pedido de nulidad como para la acusación contra Likerman por falsedad ideológica de un documento público, falso testimonio agravado y por violación de los deberes de funcionario público. “Se manipuló la prueba núcleo de la investigación. Este juicio no puede continuar basado en oficios que son instrumentos públicos que fueron fraguados. En unos sobran y en otros faltan. Las diferencias entre los informes nos hace dudar de su veracidad”, describió Nanni en la jornada de ayer ante el tribunal.
Tras las exposiciones de los abogados, la fiscal del caso, Adriana Saccone, solicitó las filmaciones de la declaración de Likerman de la semana pasada y la de ayer, para luego pedir un plazo hasta hoy a las 9.30, cuando expondrá su postura en la reanudación de la audiencia.
En el juicio oral de la causa Tognoli se acumularon otros tres expedientes por narcotráfico. Este pedido de nulidad alcanza a la causa del ex jefe de la Policía de Santa Fe y a sus subordinados Carlos Quintana y Fernández.
Los cuatro procesos tienen 27 imputados entre presuntos vendedores mayoristas de drogas y expendedores al menudeo.
En octubre de 2015, Tognoli fue condenado a seis años de prisión por coacción, encubrimiento de un narco e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
