A menos de un mes del final del período ordinario de sesiones legislativas –terminan el 30 de noviembre–, referentes de la campaña Paren de Fumigarnos renovaron el reclamo por un urgente tratamiento de la reforma a la ley de agroquímicos. Hay tres proyectos ingresados en la Cámara de Diputados durante el último año, pero hasta el momento no se avanzó en el debate.
Uno de los proyectos, presentado en mayo por el legislador kirchnerista José María Tessa, recoge los estudios y las propuestas de las organizaciones ambientalistas que forman parte de la campaña Paren de Fumigarnos.
Esa iniciativa pretende que se prohíba la fumigación aérea de todo tipo de productos y que se disponga una franja de 800 metros libre de agroquímicos, respecto del ejido urbano, para las aplicaciones terrestres (con los llamados mosquitos). El límite de 800 metros se basa en el fallo judicial de San Jorge, de junio de 2009.
“Ya pasaron cinco meses sin que haya avanzado nada. Queda un mes nomás de sesiones (ordinarias) y eso nos preocupa porque queremos que se trate este proyecto”, reclamó Horacio Brignone, vecino de la localidad de María Juana e integrante de la campaña Paren de Fumigarnos.
Entre sus argumentos, señaló que “hay estudios nacionales e internacionales que destacan la extrema peligrosidad de ese tipo de aplicaciones. Es un mecanismo absolutamente incontrolable y que puede reemplazarse por otro tipo de aplicaciones, por ejemplo las terrestres, pero con el límite de los 800 metros”.
María Juana (comuna del departamento Castellanos) es una de las pocas localidades que prohibió, por ordenanza, las fumigaciones aéreas. “Eso se viene cumpliendo sin ningún problema y sin ningún déficit productivo”, aclaró Brignone.
Las organizaciones que militan por la reforma de la ley de agroquímicos advierten sobre los efectos que causan esos productos en la salud, en particular las afecciones respiratorias por la exposición continua a productos químicos. Invocan como prueba el incremento en las tasas de cáncer, determinado por un estudio de la Facultad de Medicina de Córdoba.
“Han hecho relevamientos en poblaciones de no más de 10 mil habitantes y detectaron que en esas poblaciones, en medio de campos fumigados, las tasas de cáncer de distintos tipos se incrementaron al triple de la media nacional”, agregó Brignone.
Otras comunas, como Hersilia (departamento San Cristóbal) y Zavalla (departamento Rosario) también sancionaron ordenanzas basadas en el principio precautorio. Según los referentes de la campaña Paren de Fumigarnos, eso no sólo no afecta la productividad sino que redunda en otro tipo de beneficios políticos.
“En todos los municipios y comunas que tuvieron ordenanzas que avanzaron en la protección de la salud y el ambiente, en las últimas elecciones, sus autoridades fueron ratificadas en sus cargos. Es un dato interesante porque son de distintos partidos, entonces hay una sensación en la gente de aprobar ese tipo de medidas de protección”, explicó Brignone.
—Y entonces, ¿por qué no se avanza en una reforma de la legislación provincial?
—La conclusión es evidente: no hay voluntad política. Y la evidencia es que pasan los años y la reforma no se trata.
—¿A qué lo atribuyen?
—Hay una gran ignorancia en buena parte de la dirigencia. En todos estos años de recorrer pasillos y despachos, vemos que los funcionarios tienen una gran ignorancia sobre estas cuestiones. Sus únicas fuentes de información son organizaciones patronales que los visitan cada tanto para hacer lobby. Y en general tienen poca cercanía con las universidades y otras fuentes científicas de información. A su vez, hay intereses económicos y hay legisladores que son productores agropecuarios; tal vez piensan que una reforma puede significarles alguna merma en su producción.
