La Fiscalía pedirá prisión perpetua para Juan Ramón Cano, el hombre de 30 años investigado como autor del femicidio de Vanesa Castillo. Se trata de la docente asesinada durante un presunto intento de robo en febrero de 2018 en el distrito costero de Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe. Vanesa salía de la escuela primaria N° 533 Victoriano Montes cuando un sujeto la abordó, según testigos, para robarle. La maestra se resistió y el hombre le dio diez puñaladas. Vanesa murió camino al Hospital Cullen y el acusado se entregó poco después a la Policía, luego de permanecer atrincherado en la casa de su madre.
El pedido de pena adelantado por las fiscales Ferraro e Ilera coincide con la solicitud realizada por la abogada querellante Carolina Walker.
La acusación de las fiscales es por la autoría del delito de homicidio calificado (por alevosía y ensañamiento y por mediar violencia de género –femicidio–) en perjuicio de Castillo. También se lo acusa a Cano de ser autor de los delitos de amenazas calificadas y agresión con toda arma en perjuicio de dos hombres que estaban en inmediaciones del lugar en el que fue cometido el femicidio, y atentado a la autoridad en perjuicio de un oficial de la Policía.
Además, las fiscales Ferraro e Ilera solicitarán la declaración de reincidencia del acusado, debido a que registra dos condenas por delitos contra la propiedad impuestas en el sistema procesal anterior.
Violencia de género
“La muerte de Castillo es un caso de femicidio no íntimo. Se denomina así a los homicidios cometidos por un hombre en perjuicio de una mujer en un contexto de violencia de género y aún cuando no hubiera vínculo personal entre ellos”, explicaron las fiscales. También aclararon que “en estos casos, el varón se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de una mujer y abusa de su pretendida superioridad basada en una relación desigual de poder que toma sus bases de la sociedad patriarcal. En el caso de Castillo, el acusado no aceptó la libre decisión de la víctima de negarse a los requerimientos que le realizaba y pretendió imponerle su voluntad por su sola condición de mujer”.
“El acto femicida del acusado encuentra raigambre en un sistema que refuerza la discriminación y el desprecio contra las mujeres y sus vidas. Reproduce el estereotipo de masculinidad tendiente a controlar las vidas y cuerpos de las mujeres mediante la fortaleza física y el poder, situación que surge claramente de la forma en que el acusado dio muerte a Castillo”, argumentaron las fiscales.
Peritajes y el celular
“Entendemos que las pruebas con las que contamos son sólidas. Se ordenaron numerosas diligencias y tenemos resultados de pericias e informes que están en línea con la teoría del caso que planteamos desde el MPA”, subrayaron las fiscales Ferraro e Ilera. También valoraron que “tanto los fiscales Andrés Marchi y Mariela Jiménez –quienes iniciaron la investigación– y luego nosotras pudimos concretar una diversidad muy importante de pericias. Además, pudimos llevar a cabo todas las diligencias que solicitó la querella, cuya representante legal manifestó su acuerdo tanto con las calificaciones como con la pretensión punitiva del MPA”.
“Entre las diligencias ordenadas en el marco de la investigación, se ordenó el secuestro del teléfono celular de la víctima”, remarcaron las fiscales. “Desde la Fiscalía realizamos diversas gestiones para peritar el dispositivo, sin embargo, no fue posible obtener información de esta fuente”, agregaron.
Ferraro e Ilera informaron que “el aparato fue analizado por personal especializado del gabinete de Análisis Digital Forense de la ciudad de Rosario; del Laboratorio de Gendarmería Nacional y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, los técnicos de Rosario y de Gendamería Nacional no lograron desbloquear el patrón del teléfono; por su parte, los especialistas del MPF lograron acceder a la memoria, pero no pudieron conseguir información”.
El crimen de Vanesa causó estupor. Juan Ramón Cano se entregó y quedó preso en la sede de la Unidad Regional I, en el sur de la ciudad de Santa Fe, poco después del crimen.
Uno de los testigos del hecho relató: “Ella salía de la escuela. Él estaba enfrente esperándola. Cuando ella se sube a la moto, él la intercepta y la quiere robar. Se sube arriba de la moto y le empieza a dar facazos”. Según la Policía, la mujer recibió al menos diez puñaladas. No murió en ese momento; fue trasladada en ambulancia al Hospital Cullen, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarla y falleció camino al hospital.
Los investigadores señalaron que el móvil del ataque sería el robo y las primeras versiones daban cuenta que el objetivo era la moto de la víctima, aunque algunos testigos indicaron que el acusado intentó robarle el celular y la billetera. El caso quedó en manos del fiscal de Homicidios Andrés Marchi. En principio, la audiencia imputativa se realizaría el sábado.
La vocación en moto
Vanesa tenía 33 años y era oriunda de Santa Rosa de Calchines, una localidad ubicada a 40 kilómetros de Santa Fe. Tenía una hija de 11 años y todos los días viajaba en moto a Alto Verde, donde se desempeñaba como maestra reemplazante en la escuela primaria Victoriano Montes.
Además, Vanesa estudiaba Profesorado de Historia en el Instituto Superior Nº 8 Almirante Guillermo Brown. María Teresa Martínez, regente de ese establecimiento, comentó que “las docentes que dan clases en Alto Verde lo hacen con una pasión que es digno de destacar y que pase algo así nos tira el ánimo abajo a todos.
La maestra asesinada cursaba segundo año del Profesorado de Historia. “Tenía muchas pilas, empuje y ganas de estudiar y de perfeccionarse”, señaló Martínez. “Nosotros no teníamos problemas que vayan a cursar con sus hijos y ella varias veces lo hizo con su nena, creíamos que había que darle la posibilidad a todos”.
El detenido acusado del asesinato cumplió una condena de tres años de prisión efectiva en la cárcel Coronda entre 2014 y 2017. Había sido sentenciado por el juez Norberto Nisnevich por una serie de delitos: abuso sexual simple, portación de arma de fuego de uso civil y robo en grado de tentativa.
Cano, de 30 años, había quedado en libertad en enero de 2018. Su madre habló con LT10: contó que al mediodía llegó a su casa y se encerró. “Me dijo que me vaya. En ningún momento me dijo nada” sobre el crimen.
La madre del acusado confirmó que su hijo había salido de la cárcel de Coronda y que fue internado en el Hospital Psiquiátrico Mira y López por un problema de adicción. “Estaba bajo tratamiento, por eso él no sabe lo que hace, no se acuerda de nada.
Consultada por el asesinato de Vanesa, respondió: “Eso es lo peor, a mí me da vergüenza porque a la maestra la conocemos, nosotros somos de acá. Cómo va a hacer esas cosas. Está enfermo”.
Los otros delitos
En relación a los otros delitos que también se le endilgaron a Cano, las fiscales explicaron que “las amenazas calificadas y la agresión con toda arma fueron cometidas inmediatamente después de quitarle la vida a Castillo en perjuicio de dos hombres que estaban en inmediaciones del lugar en el que ocurrió el femicidio. El acusado les mostró una arma blanca tipo chuza con el fin de amedrentarlos e infundirle temor. Además, intentó lesionar a uno de ellos arrojándole puntazos”.
“Por su parte, el delito de atentado a la autoridad fue cometido alrededor de las 22 del mismo día. Cuando el imputado era trasladado hacia dependencias de Medicina Legal, comenzó a golpear con sus pies los asientos delanteros del móvil policial en el que era llevado. Además, golpeó en la cara a uno de los policías que iba en el vehículo y le produjo lesiones leves”, narraron las fiscales.
Prisión preventiva
La detención de Cano se concretó el jueves 15 de febrero, es decir, el mismo día que fue cometido el femicidio de Castillo. Dos días después se concretó la audiencia imputativa, en la que los fiscales Andrés Marchi, Mariela Jiménez y Alejandra Del Río Ayala le atribuyeron la autoría de los mismos delitos por los que ahora se lo acusa. Por su parte, en esa misma audiencia, se le impuso la prisión preventiva, situación procesal que se mantiene hasta la actualidad.
Querellante
La madre y la hermana de Vanesa Castillo se constituyeron como querellantes. Esta última lo hizo en representación de la hija menor de edad de la víctima. La abogada que representa a las dos mujeres es Carolina Walker.
