A Iván Alberto Farías lo mataron de un puntazo en el pecho la noche del 28 de julio de 2016 a metros de la fuente de la plaza López. Tenía 36 años y se movía en sillas de ruedas porque tenía las piernas amputadas y sólo un brazo funcional. Aun así se las arreglaba para pedir unos pesos que usaba para ir al cibercafé y para palear su consumo problemático de sustancias. El caso, que a más de tres años tuvo magros avances, es conocido entre los vecinos de los alrededores de Laprida y avenida Pellegrini porque Iván era un habitué del círculo de jóvenes que se juntaban en la plaza. El sospechoso de matarlo es un hombre que tenía una pollería sobre Pellegrini al 400, quien fue imputado dos meses después del hecho, pero el juez resolvió que no había elementos de peso para dictar una prisión efectiva ya que la evidencia en su contra no fue contundente. Desde entonces el acusado transita el proceso en libertad, y la causa corre riesgo de archivarse. «Vivimos esperando un poco de justicia, hace tres años que estamos esperando», dijeron familiares de Iván.
Para la madre de Iván, Silvia Carranza, y Diego, el padrastro, el crimen puso sobre el tapete la situación compleja que se vive en la plaza López en torno a la circulación de drogas durante el día y la noche, un circuito que terminó atrapándolo, luego de varias internaciones en centros de recuperación, que obligaron a sus padres a pedir créditos y endeudarse para intentar tratar su problemática, contaron en diálogo con El Ciudadano.
Cuando mataron a Iván Farías el foco principal estuvo en la vida que llevaba la víctima. Se dijo que tenía fama de pendenciero, que era indigente, que molestaba a los peatones. Pero sus familiares contaron que Iván “no era un pibe de la calle, tenía problemas de consumo problemático de sustancias y por eso quedó muy estigmatizado”, dijo su mamá.
Cuando tenía treinta años un accidente lo dejó en silla de ruedas, a ello se sumó un leve retraso madurativo que comenzó a desarrollar en la infancia, siguió Silvia, y explicó que fue como fue como consecuencia de los golpes que le daba su padre biológico, tanto a Iván como a ella. En los últimos tiempos, Iván había empezado a evidenciar síntomas de esquizofrenia.
A las 22.30 del 28 de julio de 2016, Iván estaba en la fuente de la plaza López. Era una noche de invierno pero la plaza no estaba deshabitada. Una testigo contó que cuatro hombres que lo conocían lo rodearon y comenzaron a agredirlo, a verduguearlo. Uno de ellos “le pegó como una trompada en el pecho” y los cuatro huyeron. Iván cayó al piso, retorciéndose por un cuchillazo que le perforó los pulmones.
El 26 de septiembre, por los datos que aportó la familia al fiscal Luis Schiappa Pietra, los investigadores detuvieron en una pollería de Pellegrini al 400 a Sergio Iván G., de entonces 29 años. Para la Justicia, es sospechoso del asesinato y eso se tradujo formalmente en una audiencia donde el juez aceptó la imputación pero el acusado fue liberado tras pagar una fianza. Desde entonces transita el proceso en libertad y la causa corre el riesgo de cerrarse ya que la defensa pidió el archivo. Desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que “los datos que se aportaron y los testimonios no fueron contundentes y corroborados. Por eso el acusado quedó en libertad más allá de la imputación”. Aunque admitieron que “hay medidas en curso”.
Silvia contó a El Ciudadano que desde el comienzo de la investigación sintió que “había un entramado muy bien aceitado para que Sergio G. se anuncie como una víctima, como que él no fue, que era un buen pibe de una buena zona, un pibe trabajador”.
Después de enterrar a Iván, su familia se abocó a averiguar qué había ocurrido, los policías les dijeron que en la plaza no había cámaras, pero no era así: “Estaba lleno de cámaras y en el acta decía que no. Fuimos a sacarles fotos y se las llevamos al fiscal”, señalaron.
Esa fue una de las tantas falencias en la pesquisa que enumeran Diego y Silvia. Otra irregularidad fue el tratamiento de la principal testigo que vio cómo apuñalaron a Iván. La mamá y el padrastro contaron que la chica minutos después de la agresión “señaló a los asesinos y los policías los dejaron ir. Luego fue a reconocer al sospechoso en una rueda de reconocimiento y se encontró con que había cambiado la fisonomía. Estamos seguros que le cortaron el pelo en la comisaría. La chica tiene miedo desde que vio esas cuestiones. No quiere ir más a declarar y yo la entiendo”, dijeron resignados.
El imputado –para la familia, el asesino– “es muy conocido en la plaza junto con su hermano y un grupito que se comportan como los dueños de la plaza. Tenían una pollería sobre Pellegrini. El hermano es asaltante y está preso. Te hablo de gente de clase media muy violenta, azuzaban a un perro pitbull que tenían para que ataque a la gente y a otros animales”, dijeron.
La muerte de Iván devino en un nuevo drama familiar para su mamá, hermanos y padrastro. Silvia, enfermera desde los 23 años, dijo fue despedida sin explicación tras 30 años de trabajo en sanatorios y hospitales. A su pareja, Diego, que trabajó 16 años en una prestigiosa fábrica de zapatos, la conmoción sufrida por el asesinato lo empujó a investigar y también perdió el trabajo. Se “internó” meses en la plaza, en busca de pistas sobre el asesinato y la trama que lo rodeó. “Hice el trabajo de PDI (Policía de Investigaciones). Todo el mundo sabía que lo había matado este tipo. Me hablaban siempre de un tal Iván. Llegué a él por medio de una chica”.
Para Diego y Silvia, el caso de Iván “es una cuestión social: lo vivimos en carne propia. Su muerte hizo que nos involucremos con un montón de gente y nos dimos cuenta que estamos en una ciudad fascista, marginal, llena de pibes con un montón de problemas. Entonces tomamos una decisión. Primero, trabajar para que no se cierre la causa. Y también reivindicar a Iván y a nosotros como familiares, algo que nunca tuvimos la posibilidad de reflejar”.
Proyecto en la Legislatura
La semana pasada, el legislador provincial por el Frente Social y Popular Carlos Del Frade entrevistó a los padres de Iván en su programa televisivo La Voz del Grillo (Televisión Regional) e hizo público un proyecto de comunicación en la Legislatura de Santa Fe que se reproduce a continuación.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, impulse la investigación del asesinato de Iván Farías, ocurrida en la Plaza López, de la ciudad de Rosario, cabecera del departamento homónimo, el 28 de julio de 2016.
Iván Farías tenía 36 años y fue asesinado en la noche del 28 de julio en la céntrica plaza López de la ciudad de Rosario, cabecera del departamento homónimo, de un profundo cuchillazo.
Iván estaba en silla de ruedas ya que tenía sus piernas cortadas y era adicto a distintas sustancias psicoactivas.
La plaza era el lugar de reunión de muchos muchachos y muchas chicas en su situación. Allí consumían y encontraban las sustancias que necesitaban.
Pero no quería morir. Ya en su momento había sido internado en Buenos Aires y buscaba un trabajo como elemento fundamental para intentar otro tipo de vida.
Hasta que lo mataron de una forma artera, con premeditación y alevosía.
La mayor parte de la investigación del caso fue llevada adelante por su familia con muy escasa colaboración del sistema judicial santafesino.
Sus padres están pidiendo que no se cierre el proceso judicial porque hay testigos y creen haber dado con el matador de Iván.
Es preciso, entonces, que el servicio público de justicia no se desentienda de este pedido de mínima reparación como lo es un proceso judicial que descubra y penalice al responsable del asesinato.
Por estas razones les pido a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Comunicación.
