Los senadores del Frente Progresista quieren que el gobierno de Omar Perotti haga público el informe sobre las cuentas de la provincia que fue encargado, al asumir su gestión, a la Auditoría General de la Nación. Con esa información, la oposición busca rebatir los postulados del oficialismo sobre la “emergencia” en que se encontraría la provincia y que motivó el envío de la Ley de Necesidad Pública a la Legislatura.
En la última sesión del Senado, los referentes del Frente Progresista Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Rodrigo Borla y Lisandro Enrico presentaron un proyecto de comunicación dirigido al Ejecutivo para que “remita a este cuerpo legislativo copia del informe de auditoría de corte al 10 de diciembre de 2019 que realizara la Auditoría General de la Nación a solicitud del gobernador”.
“El alcance de tal auditoría comprendería no solo a las jurisdicciones, entidades y organismos de la Administración Provincial sino también a aquellos que integran el sector público provincial. Según se informó públicamente, el citado organismo de control externo nacional llevó a cabo diversas tareas concernientes a dicha auditoría a través de un equipo de funcionarios y técnicos (…) Habiendo transcurrido tres meses del corte señalado, es de interés de este cuerpo legislativo conocer los resultados de dicha auditoría”, se puede leer entre los fundamentos del pedido de informes.
“Es nuestra voluntad y también nuestro deber que la población pueda conocer el estado de las finanzas santafesinas según surja de un procedimiento idóneo y llevado a cabo por un organismo especializado, en la convicción de que esta provincia es una de las pocas que cuenta con una administración ordenada y transparente y con un nivel de deuda que la coloca entre las que mejores indicadores comparativos exhibe”, agrega el proyecto de los senadores radicales.
Con el pedido de informes, el Frente Progresista busca exponer el resultado, a su juicio positivo, de la auditoría nacional sobre la administración anterior para sumar un argumento más en el rechazo al pedido de declaración de emergencia que, por segunda vez desde el cambio de mandatos, estudia la Legislatura provincial.
