La confirmación, por parte de la provincia que rescindirá anticipadamente el contrato con la empresa Arssa –que explota el peaje de la autopista a Santa Fe– generó reacciones en la oposición. Diputados del PJ pidieron que sea el Estado quien se haga cargo de la autopista y recordaron que al momento de la concesión, en 2010, ya habían advertido al gobierno sobre posibles inconvenientes con Arssa.
Los diputados Frente Justicialista para la Victoria Héctor Cavallero, Patricia Chialvo, Silvia Simoncini, Germán Bacarella y Roberto Mirabella le pidieron al Ejecutivo provincial la rescisión inmediata de la concesión: “Están acreditadas las condiciones para una rescisión inmediata, la ejecución del fondo de garantía previsto en el pliego de condiciones y la repavimentación a cargo del gobierno provincial para garantizar la seguridad vial de los usuarios que hoy no existe”.
El ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay, confirmó el miércoles que la provincia completará las obras que dejó pendiente la empresa que tiene la autopista desde 2010. En diciembre del año pasado ambas manos debían estar repavimentadas por completo, pero Arssa solo ejecutó el 30 por ciento de la obra, que completará la provincia con fondos públicos.
“El incumplimiento de la concesión –señalaron diputados del PJ– quedó de manifiesto con la desastrosa situación de la autopista y la repavimentación de sólo el 30 por ciento. No estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno de iniciar un proceso de rescisión acordada con las empresas concesionarias para posteriormente iniciar la repavimentación a cargo de la provincia y luego formular un nuevo proceso de concesión privada para explotar exclusivamente el mantenimiento de la autopista”.
El diputado provincial Luis Rubeo, que en 2010 encabezó las protestas opositoras por el proceso de licitación (objetado por el Tribunal de Cuentas), recordó que en ese momento él había advertido “que la autopista no estaba bien concesionada por el gobernador (Hermes) Binner y que la empresa no iba a cumplir con sus obligaciones. No nos alegra decirlo, pero esto es la crónica de un final anunciado hace seis años”.
“El gobierno provincial –sugirió Rubeo– debe rescindir el contrato e ir por las garantías de la empresa Arssa. No puede ser que la concesionaria se vaya habiendo incumplido todo: repavimentación, miles de árboles sin plantar, estación de pesaje, sistema de tránsito inteligente, ni el corredor ambiental a ambos costados de la traza”.
También hubo críticas desde el oficialismo. El diputado de la UCR Fabián Palo Oliver se mostró “en total desacuerdo con el sistema de concesión a un privado”, que consideró “totalmente agotado”. Palo Oliver señaló que “las últimas experiencias en ese corredor así lo demuestran y es necesario un nuevo modelo de gestión para la autopista”.
Como alternativa, el diputado radical anticipó la presentación de un proyecto de ley en el que se crea una Sapem para hacerse cargo de la gestión integral del corredor vial: “Según nuestra propuesta, esta empresa estará constituida en un 51% por el Estado provincial, un 30% por los municipios que existen a lo largo del corredor y un 19% por capital privado. La misma se encargará de la operación, conservación, mantenimiento, ampliación, administración y explotación del corredor vial, así como también de las obras, con la posibilidad del cobro de peaje para los usuarios”.
