El fiscal federal Walter Rodríguez presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal solicitando la reapertura de la causa por vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe, que fue cerrada en su momento por el ex juez federal Víctor Hermes Brusa, quien fuera condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar.
El representante del Ministerio Público pide en su escrito que en esta causa «se anule lo actuado desde el 25 de abril de 1991, cuando los jueces Héctor Tripicchio y Víctor Brusa dictaron dos decisiones apoyadas en el desarrollo de una actividad jurisdiccional fraudulenta”.
Luego indica que «se declare en la causa la cosa juzgada írrita o cosa juzgada fraudulenta, es decir, dejar sin efecto una sentencia firme cuando se compruebe que se arribó a ella de manera ilegal, y que se siga adelante con la investigación».
El escrito agrega que corresponde «la nulidad de todo el procedimiento porque existió un plan de acción común entre Tripicchio, Brusa y el sucesivamente juez y fiscal subrogante Gerardo Yebra, dirigido a simular el curso de un proceso penal con el fin de garantizar la impunidad de los posibles autores de los hechos investigados”.
El fiscal federal reclamó que «se revierta el fallo que declaró impertinente la pesquisa» y «se deje sin efecto la sentencia firme cuando se compruebe que se arribó a ella de manera ilegal, y que se siga adelante con la investigación».
El reclamo fue materializado en un recurso de apelación contra la decisión del juez federal N° 1, Reynaldo Rodríguez, quien había desestimado el planteo formulado por la Fiscalía y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La intervención de Tripicchio y Brusa fue posterior a la separación del caso del juez Raúl Dalla Fontana, quien había convocado a prestar “declaración informativa” a eventuales imputados. Dalla Fontana fue separado por la Cámara Federal de Rosario el 7 de marzo de 1991.
Luego, el 11 de junio de 1993, después de una serie de recusaciones y de un nulo avance de la investigación, Brusa decretó el sobreseimiento de los imputados y el archivo de las actuaciones.
Posteriormente, la causa fue remitida al Juzgado Civil y Comercial de la 6ª Nominación, de la Justicia ordinaria, donde estuvo sin tramitarse durante 14 años, hasta que el 4 de febrero de 2008 fue devuelta al Juzgado Federal Nº 1.
Finalmente, el juzgado entonces corrió traslado a la fiscal subrogante Cintia Graciela Gómez, quien el 28 de mayo de 2008 pidió que se declare extinta la acción penal por prescripción.
