Dos fiscales pidieron que se eleve a juicio la causa contra la viuda del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, su hijo y el ex futbolista colombiano Mauricio «Chicho» Serna, quienes están procesados por lavado de dinero proveniente de la venta de drogas mediante inversiones inmobiliarias en la Argentina, entre ellas en el histórico «Café de los Angelitos», informaron este viernes fuentes judiciales.
La solicitud fue formulada por los fiscales federales Sebastián Basso, de Morón, y Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminaldad (Procunar), ante el juez de instrucción 3 de ese distrito, Néstor Barral.
Según la página web Fiscales, los representantes del Ministerio Público imputaron al narco colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos (59), preso en su país; al abogado argentino Mateo Corvo Dolcet (54), María de los Ángeles Verta (52), María Gabriela Sánchez (49) y Pedro Antonio Ruíz (57) «haber integrado una asociación criminal de corte internacional que operó en el territorio argentino desde al menos el 2008 hasta el 29 de septiembre de 2017».
Para los investigadores, la banda se dedicaba «a poner en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes que cometió Piedrahita Ceballos» en Colombia y en los Estados Unidos, con el objeto de otorgarles apariencia lícita.
Sostuvieron que para ello, la empresa criminal se valió de una serie de actos tales como la conversión, la transferencia, la administración y la venta de varias firmas, entre ellas
«Distry Panamá S.A.», de ese país, y las sociedades locales «Insula Urbana S.A., «Pilar Bicentenario S.A.», «MCD Inversiones y Representaciones S.A.», «Tango Suite S.A.», y «Club Monserrat S.A.».
A través de esas empresas, lograron ingresar al sistema financiero argentino sumas que alcanzaron los tres millones de dólares y 1,7 millones de pesos.
Por otro lado, se les atribuyó a María Isabel Santos Caballero (58) y Juan Sebastián Marroquín Santos (41), viuda e hijo de Escobar Gaviría asentados en Buenos Aires, el haber efectuado «un aporte de naturaleza esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales» de la organización, al haber unido en 2007 los intereses de Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet, a sabiendas de su procedencia vinculada con el tráfico ilícito de drogas.
También se le endilgó a «Chicho» Serna (51) el haber realizado un «aporte esencial» para el cumplimiento de los objetivos criminales «al haberle entregado a un precio irrisorio y ficticio a Piedrahita Ceballos los derechos posesorios de un inmueble situado en el paraje «El Campito» (actualmente «Club de Campo San Diego»), y dos lotes del «Barrio Terravista S.A.».
Según la pesquisa, los tres estaban bajo su propiedad, pero pertenecían realmente Carlos María Aguilar, ex jefe de la Oficina de Envigado, que fue una organización narcoparamilitar tras la desaparición del Cartel de Medellín.
Finalmente, se le imputó al acusado Esteban Adrián Delrío (58) el haber puesto en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes que cometió Piedrahita Ceballos.
El caso se inició a raíz de una investigación de la Procunar, a partir de información provista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a una pesquisa que se desarrollaba en Colombia y de la cual surgían vínculos sospechosos de Piedrahita Ceballos con personas físicas y jurídicas de la Argentina.
El devenir del expediente permitió establecer que el colombiano y su entorno tenían contactos con el grupo económico que lideraba Corvo Colcet quien, a través de un conjunto de sociedades comerciales, canalizaría y administraría los fondos provenientes del narcotráfico en emprendimientos inmobiliarios en Pilar y servicios de bar/confitería y producción de espectáculos.
En este último rubro, estaba la explotación de «El Café de los Angelitos» de Balvanera, que fue allanado en 2017 cuando se efectuaron 34 operativos la Capital Federal y el Gran Buenos Aires para desbaratar a la banda.
