Corresponsalía Santa Fe
La Asociación de Prensa de Santa Fe pidió que la Justicia reabra la causa por los asesinatos de dos abogadas, ocurridos en noviembre de 1974, y el gobierno provincial se comprometió a aportar pruebas sobre el caso. Marta Zamaro –trabajadora gráfica del Nuevo Diario de Santa Fe– y su amiga y colega Nilsa Urquía fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por un grupo parapolicial que –se presume– operó como expresión local de la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A: el Comando Anticomunista del Litoral (CAL). Tenían 29 y 32 años respectivamente, militaban en el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y habían sido defensoras de presos políticos. Sus cuerpos aparecieron 48 horas después del secuestro. Las habían ahogado en el arroyo Cululú, ubicado en el camino a Esperanza.
A casi 37 años de los hechos, los familiares de Zamaro y Urquía decidieron solicitar al fuero federal la reapertura de la causa, cerrada en 2010 por la Justicia provincial. La semana pasada, una asamblea de afiliados de la Asociación de Prensa dio el aval para que el gremio se constituya como querellante. De prosperar el reclamo, será la primera causa que investigará crímenes cometidos por la versión local de la Triple A. Las actividades del CAL, antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, habían vuelto al tapete durante las audiencias de la causa Brusa, en 2009; en esa ocasión, testigos y víctimas revelaron las operaciones del grupo parapolicial –con métodos idénticos a los que, un par de años más tarde, utilizarían las patotas de la dictadura– y coincidieron en remarcar que sus crímenes nunca fueron investigados por la Justicia.
El gremio de prensa acompaña a los familiares de las víctimas y quiere ser querellante en la reapertura. La presentación ante la Justicia federal se justifica en el pedido de que los crímenes de Zamaro y Urquía sean considerados como delitos de lesa humanidad. El Ministerio de Justicia de la provincia se comprometió a aportar pruebas a través del Archivo de la Memoria que funciona en la Secretaría de Derechos Humanos. “Ponemos a disposición de la querella y de la Justicia todo el material que haya en nuestros archivos, ya sea documentación de libros policiales, legajos de la Conadep, investigaciones propias, causas judiciales contemporáneas que pudieran ser útiles a los fines de la investigación”, señalaron desde la Secretaría de Derechos Humanos.
Preludio del horror
El caso conmovió a la opinión pública santafesina y fue un preludio del horror de los años posteriores. En octubre de 1974 llegó a la redacción de Nuevo Diario una condena de muerte del CAL dirigida a un significativo número de trabajadores. En la lista aparecían, entre otros, Alcira Ríos y su esposo Luis Córdoba, Marta Zamaro y “Pocha” Pagano. En el diario llamó la atención que en la nómina apareciera una persona ajena al staff: Nilsa Urquía. En la madrugada del 14 de noviembre, Zamaro y Urquía fueron secuestradas de su domicilio. El 16 de noviembre sus cuerpos aparecieron frente a los puentes del arroyo Cululú: los rostros cubiertos con telas adhesivas, maniatadas y con signos visibles de golpes. La autopsia reveló que murieron ahogadas: asfixia por inmersión. Al día siguiente, Graciela Zamaro y Miguel Urquía reconocieron los cuerpos de sus hermanas.
La Policía y la Justicia investigaron muy superficialmente los asesinatos. En los primeros días la noticia ocupó las portadas de los diarios, pero con el paso del tiempo –y ante la sucesión de nuevos hechos– el caso fue perdiendo estado público. El 30 de abril de 1975 se cerró la investigación. La Policía y la Justicia ignoraron las amenazas previas –y los atentados posteriores– contra trabajadores de Nuevo Diario, donde Zamaro era delegada gremial. Ignoraron la sigla CAL en los mensajes de amenazas, ignoraron la actuación de Zamaro y Urquía como defensoras de presos políticos, su militancia sindical y barrial, su pertenencia al PRT y la escalada de violencia política que se vivía en el país y en la ciudad.
Graciela Zamaro –la hermana de Marta– decidió ir a la Justicia, junto a la Asociación de Prensa de Santa Fe, para pedir la reapertura de la investigación en el marco de las causas que se llevan adelante por delitos de lesa humanidad. La Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Rosa Acosta, manifestó la decisión del gremio y de los familiares de la víctimas. El secretario general del sindicato, Pablo Jiménez, explicó: “Si bien como comisión directiva ya habíamos decidido constituirnos como querellantes de la causa, queríamos refrendarlo a través de una asamblea extraordinaria”. La semana pasada se realizó el encuentro y la decisión fue votada por unanimidad.
