El diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, ingresará este viernes a la Legislatura santafesina un proyecto para crear un Fondo de Equidad Impositiva. El objetivo principal: aplicar un arancel del 5% sobre la facturación de las principales agroexportadoras radicadas en la provincia (uno 18 mil millones de pesos anuales), que están exentas de Ingresos Brutos, y utilizar esos recursos para subsidiar los aumentos de los servicios públicos y que no recaigan siempre en los usuarios.
“El objetivo del Fondo de Equidad Tributaria es generar una herramienta de política económica que apunta a defender los derechos e intereses del pueblo de la provincia en el legítimo ejercicio de la soberanía que consagran las constituciones, tanto la nacional como la provincial”, sostuvo el diputado Del Frade. “El gobierno podrá utilizar esa recaudación para atemperar los incrementos de los costos en los servicios públicos derivados de las políticas económicas aplicadas por la administración nacional”, añadió el legislador provincial.
Para 2018, la EPE definió un incremento tarifario del 35,5% desdoblado (15,8 en diciembre pasado y 19,6 desde febrero) para los usuarios residenciales y del 40% para los industriales. En tanto, la empresa Assa ha pedido un incremento del 50% desdoblado (25% en el tercer bimestre y otro 25% acumulativo en el cuarto bimestre) que por estos días se discute en audiencia pública. En ambos casos, impacta no solo la inflación en los costos sino también la quita de subsidios de la Nación.
Para el legislador del Frente Social y Popular, no es justo que esos aumentos directos e indirectos se trasladen en forma automática a los clientes. Por eso, propone que sean las grandes empresas exportadoras las que ayuden a subsidiar el costo de los servicios dentro del territorio provincial.
Según los balances correspondientes a 2016, las 13 principales empresas del rubro que operan en la provincia (Cargill, Aceitera General Deheza, Bunge, Vicentín, Dreyfuss, ACA, Molinos, Nidera, Noble, Toepffer, Agricultores Federados, Renova y Terminal 6) vendieron por un total de 379.749 millones de pesos.
Para justificar su proyecto, Del Frade apela a tres datos: el Producto Bruto Geográfico de la provincia (600 mil millones de pesos), el presupuesto de 2018 (más de 191 mil millones) y la facturación de las agroexportadoras en su conjunto, que es el doble del actual presupuesto anual de la provincia.
“El gobierno de la provincia impone un aumento en las tarifas de luz y agua que debe afrontar el grueso de la población, cuando trece empresas exportadoras facturan 379.749 millones de pesos anuales sin pagar Ingresos Brutos por sus negocios con el exterior”, argumentó el legislador opositor.
Ante los efectos de las políticas nacionales sobre las tarifas de los servicios públicos, Del Frade señala que gravar con un arancel especial a las empresas de mayor facturación “es un gesto de soberanía y una política de seguridad social para garantizar los derechos humanos básicos, como son los servicios de luz y agua”.
En noviembre de 2017, el gobierno nacional decidió aumentar el precio del megavatio/ hora de 31 a 1.078 pesos para usuarios residenciales y de 100 a 1.342 pesos para usuarios industriales. En el primer caso representó un incremento del 3.373% y en el segundo de 1.292%. Una parte de ese incremento en el costo de su principal insumo la EPE tuvo que trasladarlo a sus clientes.
“Esa imposición no puede ni debe naturalizarse como algo que tiene que pagar el pueblo de la provincia”, opinó el diputado Del Frade. “La reducción de los subsidios fue del 98 al 23% para los usuarios residenciales y del 93% a la nada para los industriales. Defender a la población ante estas políticas es un deber del gobierno a partir de una definición política: los que más tienen deben afrontar los mayores costos y no al revés. Allí está el concepto de la equidad impositiva”.
En los fundamentos de su proyecto, Del Frade señala que “si la provincia cobrara un 5% sobre ese fenomenal volumen de ventas (de las agroexportadoras), cada año Santa Fe tendría más de 18 mil millones de pesos más para destinar a las urgencias sociales y no descargar las consecuencias de las políticas económicas nacionales de demolición de subsidios en las espaldas de las familias santafesinas. Y estamos hablando de solamente treces empresas”.
