El defensor de Francisco Rafael Lapiana, un cazador de talentos futbolísticos que tuvo el pase del ahora delantero del Atlético de Madrid Ángel Correa, pidió su absolución en el juicio a los miembros de la banda rosarina «Los Monos» en el que está acusado de invertir en jugadores dinero de origen ilícito proveniente de esa organización.
«Es insólito, la acusación no tiene ni pies ni cabezas», dijo el abogado Fausto Yrure, defensor de Lapiana (62 años), quien al estar en libertad no asiste a las audiencias del juicio oral que se realiza en los tribunales de Rosario.
El defensor pidió la absolución de su cliente por falta de pruebas y recordó que «hace 30 años que se dedica a representar jugadores» de fútbol y lo describió como «un pescador de talentos».
Lapiana quedó implicado en la causa por escuchas telefónicas en las que habla con Ramón Ezequiel Machuca (35), alias «Monchi Cantero», sindicado como uno de los cabecillas de la banda que controló el negocio narco en Rosario.
El juez de instrucción Juan Carlos Vienna lo imputó como «lavador de dinero producido por la asociación ilícita investigada, en la compra y venta de jugadores de fútbol».
Sostuvo que el representante intermediaba «entre los jefe de la asociación (ilícita) y los clubes de fútbol para la venta, adquisición y/o transferencia de jugadores profesionales, así como la búsqueda, inversión y sostenimiento económico a futuro en jóvenes jugadores de fútbol, todo ello de forma onerosa y mediante la utilización del dinero producto de las actividades ilícitas de esta asociación o banda».
El abogado de Lapiana sostuvo este jueves en su alegato final que «no se trajo ninguna documentación sobre constancia de contratos o pases de jugadores».
«No hay documentos de nada, no apareció el nombre de ningún jugador. El único es (Ángel) Correa, que lo vendió San Lorenzo al Atlético de Madrid sin ningún inconveniente», abundó Yrure en su exposición.
El abogado dijo que su cliente «no cometió ningún delito», por lo que pidió su absolución, la nulidad de las escuchas que lo llevaron a juicio y, subsidiariamente, «la aplicación del mínimo de la pena» en caso de ser condenado por el Tribunal.
Los fiscales Gonzalo Fernández Bussy y Luis Schiappa Pietra pidieron seis años de prisión para el representante futbolístico en sus alegatos de clausura, al considerarlo parte de una asociación ilícita con el rol de «testaferro».
Yrure resaltó que los fiscales solo llevaron al juicio escuchas telefónicas -cuyo origen consideró «viciado de nulidad»- en las que «todo lo que se escucha son conversaciones de fútbol».
«Nunca se está hablando de un pase, o de un jugador que se iba a vender», puntualizó el abogado, para quien esa actividad «requiere documentación» que los fiscales no aportaron.
En su declaración durante la instrucción de la causa, Lapiana reconoció que tuvo el 100 por ciento de los derechos federativos de Correa -criado en el barrio donde están radicados «Los Monos»-, a cambio de dos mil pesos que le daba mensualmente a la madre, además de «cajones de verdura y pollo» para mantener a sus otros ocho hijos.
El representante explicó en su descargo que ese porcentaje que tenía «al vender al jugador a un club de primera resulta en un 20 por ciento».
Contó que en 2007 sacó a Correa de River Plate y dos años después renovó el contrato con Marcela, la madre, aunque no aparece en el documento porque no es representante, por lo tanto no puede «actuar ante Fifa y firmó una abogada», dijo.
Lapiana refirió haber extraviado ese contrato y declaró que finalmente llevó al jugador a San Lorenzo «con la promesa de que me den el 50 por ciento» aunque «al final se arregló por el 40 por ciento».
Correa fue ofrecido como testigo en el juicio a «Los Monos» por las defensas, pero su declaración no se produjo por inconvenientes técnicos para hacerlo por videoconferencia desde la embajada argentina en Madrid.
Cuando fue convocado a declarar por primera vez, en 2013, Lapiana dijo que tenía un contrato vigente firmado con San Lorenzo, «está en AFA y todo, en este contrato se dice que yo tengo el treinta por ciento de una futura venta».
El representante añadió que «ahí no aparezco yo sino una sociedad paraguaya que tengo yo y se llama Mauricio S.A, esto se debe a que tiene un pedido de quiebra acá en Argentina».
También pidieron absoluciones en sus alegatos las defensas de los trece policías que llegaron al juicio en libertad y acusados en distintos grados y según los casos de asociación ilícita, encubrimiento agravado, cohecho y violación del secreto de funcionario público.
En el debate oral, que ingresó en su tramo final, hay 25 imputados de los cuales doce son civiles señalados como parte de la narcobanda y trece son miembros de distintas fuerzas de seguridad, en su mayoría de la Policía de Santa Fe.
Según estableció hoy el Tribunal, integrado por Ismael Manfrín, María Más Varela y Marisol Usandizaga. La semana próxima se dará inicio a los alegatos finales de la Fiscalía y las defensas por los tres casos de homicidios con cinco víctimas por los que están imputados cinco miembros de la organización.
