El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió ayer al juez Daniel Rafecas dar curso a la investigación presentada por el fallecido fiscal de la causa Amia, Alberto Nisman, contra la presidenta Cristina Kirchner y otros dirigentes políticos por presunto encubrimiento a los acusados iraníes por el atentado a la mutual judía ocurrido en 1994, con lo cual todos quedaron acusados en el expediente.
En un requerimiento de 62 carillas dirigido a Rafecas, el fiscal dio por buenos todos y cada uno de los componentes de la controvertida denuncia que Nisman presentó el 14 de enero, en la que denunciaba un “plan criminal” ideado por el gobierno para dar impunidad a los iraníes a través del memorándum firmado con ese país.
En sintonía con aquella presentación de Nisman, Pollicita requirió ahora que también se investigue al canciller Héctor Timerman por la hipotética puesta en marcha de un “plan delictivo” supuestamente consumado con la rúbrica del acuerdo del 2013, luego ratificado por el Congreso.
En su requerimiento, el fiscal solicitó diversas medidas de prueba que no fueron divulgadas pero, a diferencia de Nisman, no pidió que se indague a la presidenta ni al canciller.
La investigación impulsada por Pollicita no contempla ninguna de las pruebas aparecidas tras la denuncia original de Nisman, en especial aquellas que desmentirían la hipótesis central del acuerdo denunciado por el fiscal de la causa Amia: el supuesto pedido argentino de dar de baja las “alertas rojas” que permitirían la detención de los cinco iraníes acusados apenas salgan de su país.
Tras aquella denuncia de Nisman, el ex jefe de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, rechazó en dos oportunidades esa suposición y declaró que el fiscal “miente” al denunciar un supuesto pedido del canciller Timerman, ya que, además de no haber existido, quien debía hacer el pedido era el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, que lo había formalizado.
El propio Canicoba Corral reiteró ayer, luego de conocerse el accionar asumido por el fiscal a cargo de impulsar la denuncia de Nisman, que “nadie del Poder Ejecutivo” le “pidió el levantamiento de las alertas rojas”.
En su escrito, Pollicita dio crédito a todas las afirmaciones de Nisman sobre la existencia de una “diplomacia paralela”, organizada desde el propio gobierno, que habría sido detectada en unas cinco mil horas de escuchas telefónicas sobre el referente de la comunidad chiíta porteña, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, denunciado como supuesto contacto del gobierno iraní.
Los restantes acusados por Pollicita son los mismos que había pedido Nisman, y corresponden a los que aparecen, aunque sea mencionados, en esas comunicaciones: el diputado Andrés Larroque; el ex fiscal federal Héctor Yrimia, los dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Esteche, y el falso espía Ramón “Allan” Héctor Bogado.
Entre las medidas de prueba pedidas por Pollicita que no se conocieron figuraría, en primer término, la desgrabación de esas miles de horas contenidas en unos 900 CD y que fueron entregados por Nisman al juez Ariel Lijo, quien se declaró incompetente aduciendo que la causa de encubrimiento que tramita su juzgado refiere al período 1994-2004, cuando el juicio por el atentado se declaró nulo.
Esas tareas de desgrabar y ordenar cientos de registros demandaría varios meses, acaso hasta luego de las elecciones de octubre, y será el primer problema que deba ahora resolver el juez Rafecas, apenas se reinstale el miércoles próximo en su despacho.
Rafecas, titular del Juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, resolvió cancelar su licencia que le había sido concedida hasta el 22 de febrero próximo y reasumir el próximo miércoles sus funciones luego de que el fiscal Pollicita le devolviera el expediente que se iniciara por la denuncia de Nisman.
“Esta confabulación habría sido orquestada y puesta en funcionamiento por las altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo –según refiere la denuncia– de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dice Pollicita en su requerimiento.
Para el gobierno nacional, “no existe prueba alguna”
Ayer por la mañana, antes de que el fiscal difundiera su dictamen pero cuando ya todos los canales informativos comenzaban a anunciarlo, la Procuración del Tesoro de la Nación, que asume la representación del Estado nacional en los litigios, hizo una presentación ante el juzgado de Daniel Rafecas contra la denuncia que Nisman presentó cuatro días antes de su muerte.
En el escrito de la Procuración del Tesoro se destacó que “no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter «indiciario»” que demuestre la existencia de conductas de la presidenta Cristina Fernández u otros miembros del gobierno “susceptibles de ser encuadradas en ilícitos penales” previstos por el Código Penal. La presentación aportó una decena de documentos oficiales como elementos de prueba, entre ellos para los documentos técnicos del Ministerio de Economía, desechando que el acuerdo con Irán se basara en supuesto trato de “granos por petróleo”, así como las comunicaciones del ex jefe de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, refutando a Nisman.
