El fiscal general a cargo de la Unidad que interviene en los procesos por crímenes del terrorismo de Estado en Rosario, Adolfo Villatte, requirió que sean indagados «con la mayor celeridad posible» el ex interventor de la Municipalidad de San Lorenzo, su secretario de Gobierno, un ex asesor jurídico, un ex policía y agente de inteligencia, un miembro de la inteligencia del Ejército y un ex mayor por los delitos perpetrados contra un grupo de víctimas de esa ciudad, en el marco de la represión ilegal desatada en el cordón industrial del Gran Rosario.
La presentación del fiscal fue formulada ante el juez federal Marcelo Bailaque el 14 de marzo pasado. Una semana después, Villatte recibió en su despacho a víctimas, familiares de víctimas y al abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organización querellante, a quienes explicó las imputaciones formuladas.
Los imputados son el ex jefe de la sección Operaciones Especiales de Inteligencia (OEI) del Destacamento de Inteligencia del Ejército 121, Jorge Alberto Fariña; el ex jefe del Batallón 121 de Arsenales de Fray Luis Beltrán -localidad vecina a San Lorenzo-, Rubén Osvaldo Cervera, quien luego del golpe de Estado fue nombrado interventor municipal de San Lorenzo; el ex oficial de la policía provincial y personal civil de inteligencia del Destacamento 121, Rodolfo Daniel Isach; el ex oficial superior del Batallón 121 de Arsenales y, luego del golpe, secretario de Gobierno municipal, Horacio Hugo Maderna; el abogado Pedro Alberto Rodríguez, quien a la época de los hechos era asesor jurídico de la Municipalidad de San Lorenzo; y un ex jefe militar de la zona cuyo nombre no será revelado porque es el único de todos los imputados que se encuentra en libertad.
Antecedente: en 2013 fueron condenados el ex interventor militar de la municipalidad de San Lorenzo, su entonces secretario de Gobierno y un asesor jurídico de la comuna por el secuestro y las torturas a un sindicalista.
Fariña ya resultó condenado en las causas «Guerrieri I» y «Guerrieri II», y en la causa «Hospital Militar de Paraná», y está siendo juzgado actualmente junto a Isach –que estuvo prófugo un largo tiempo– en «Guerrieri III«. Cervera, Maderna y Rodríguez fueron condenados en 2013 por el secuestro y los tormentos a los que fue sometido durante la dictadura el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de la localidad de San Lorenzo, Manuel Ricardo Casado.
El objeto del pedido de indagatorias son 13 hechos, sobre algunos de los cuales la Fiscalía pidió revertir el dictado de faltas de mérito. Para los casos de Cervera, Maderna y Rodríguez, Villatte solicitó que se los indague por el delito de asociación ilícita para cometer genocidio. Fueron excluidos de esa imputación Fariña -que ya fue condenado por ello- e Isach, porque se encuentra atravesando otro juicio con esa acusación.
En su pedido, el fiscal Villatte remarcó: «Teniendo en cuenta la avanzada edad de los imputados, a fin de que no se torne ilusorio el derecho de justicia que tienen las víctimas y familiares, solicito tenga a bien resolver el presente pedido de declaración indagatoria y revocación de faltas de mérito con la mayor celeridad posible».
Durante la investigación preliminar que derivó en los nuevos pedidos de indagatoria, la Unidad Fiscal de Rosario logró determinar la existencia de subáreas dentro del Área militar 211. Así, la subárea denominada 2111 o 211.1, comprendía al territorio de San Lorenzo y estaba a cargo del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán, donde también funcionaba un centro clandestino de detención. También se determinó la existencia de una subárea denominada 2113, emplazada en Villa Constitución, y la vinculación entre estas subáreas y el Destacamento de Inteligencia 121 que operaba en el área militar 211.
Las áreas y subáreas eran las pequeñas porciones o subdivisiones territoriales del país bajo el control de las Fuerzas Armadas, debajo de las subzonas y de las zonas o cuerpos de Ejército.
La Fiscalía destacó que fue fundamental para el estudio de esa burocracia castrense la tarea en conjunto con el grupo de relevamiento del Ministerio de Defensa, que trabajó hasta hace dos años bajo la conducción de la directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de esa cartera, Stella Segado.
