La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Amsafé y la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) solicitaron a la fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Luis Schiappa Pietra, que en la investigación por la confusa muerte del miércoles pasado de la docente María de los Ángeles París dentro de la comisaría 10ª se aplique de manera rigurosa el protocolo de Minnesota de Naciones Unidas. En su presentación, los abogados argumentaron su pedido en los endebles resultados de las pesquisas en los dos casos de muertes en comisarías santafesinas, las dos desapariciones forzadas de personas de Rosario y también en la imputación del médico policial por no registrar las lesiones en los apremios a la comunidad Qom cuando fueron detenidos en la comisaría 19ª.
El encuentro con el fiscal Schiappa Pietra fue ayer a la mañana y estuvieron presentes Daniela Vergara, secretaria de Derechos Humanos de Amsafé Rosario; Sebastián Sancevich, subsecretario de la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH) y Enrique Font por la Cátedra de Criminología. “En la reunión pusimos de manifiesto los dos hechos comprobados que nos llevan a pedir la extrema rigurosidad en la investigación: que a María de los Ángeles París –la mujer de 45 años que trabajaba como bibliotecaria en la escuela Gurruchaga y en la ex Técnica 2– fue privada de su libertad en la seccional 10ª, en una detención a todas luces de dudosa legalidad. Y también que falleció estando privada de su libertad en dicha dependencia. Por estas dos circunstancias solicitamos que se aplique el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas”, explicó Font sobre el escrito que presentaron al fiscal que investiga la muerte de María de los Ángeles dentro de una comisaría. Las versiones oficiales informaron que todo sucedió pasadas las 21 del miércoles cuando la mujer llegó a pedir que la acompañen a su casa porque le habían querido robar, entró en crisis, fue reducida, esposada y metida en un cuarto. Minutos después de las 22 estaba muerta.
“En virtud de esta situación fáctica que está acreditada decimos que se encuadra en todas las modalidades del protocolo de Minnesota que se aplica cuando se pone en entredicho el deber de garantías del Estado”, continuó Font.
“Si esa privación de la libertad es ilegal, se estaría entre una detención arbitraria y el homicidio, por lo que debe aplicarse de manera estricta el citado protocolo”, destacó el escrito.
A su vez, los abogados fundamentaron el pedido en los últimos casos donde se probó que la provincia de Santa Fe no cumplió con los estándares internacionales de investigación en casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: el de Sergio Loza, quien murió en una comisaría de Venado Tuerto, y en el de Roberto Martelon, quien falleció en diciembre de 2015 dentro de la seccional 15ª de Rosario. Tampoco han cumplido los investigadores de la Fiscalía en los momentos iniciales de la investigación en los casos de desapariciones forzadas de Gerardo Escobar y Franco Casco. Como último ejemplo, los letrados pusieron el caso de la represión por parte de la Policía a la comunidad Qom en jurisdicción de la comisaría 19ª donde resultó imputado un médico policial por no haber documentado adecuadamente las lesiones de todas las personas detenidas.
“De la charla surgió también la sugerencia de que se investigue qué pasó en el lapso de que fue vista por última vez hasta que llegó a la seccional 10ª de Alberdi”, contó Font en referencia a que la docente terminó su turno como bibliotecaria en la Técnica 2 a las 19 y su vivienda es en Zona Cero, lo que plantea el interrogante de cómo y en qué circunstancias llegó a la 10ª de Darragueira al 1100.
La pesquisa
Sobre la investigación que lleva adelante el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, los voceros judiciales indicaron que no había novedades. “El fiscal está a la espera del resultado del informe toxicológico y continúa con la toma de testimonios para aportar pruebas en la causa”, explicaron las fuentes.
