La carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) lanzará una nueva asignatura optativa denominada Protección Jurídica de las Personas LGBTI+, una acción pionera en la educación pública que se propone gestar un modelo de formación de juristas activistas para el cambio social.
“Esta asignatura se propone fundamentar desde el punto teórico la necesaria transformación del sistema jurídico argentino, y para ello buscará visibilizar los sesgos androcéntricos, patriarcales y heteronormativos del Derecho”, dijo Germán Arce, abogado que encabeza el cuerpo docente a cargo del dictado de la materia.
Arce explicó que, además, “busca abordar de manera especializada el marco normativo internacional, regional, nacional y provincial que protege los derechos de las personas LGBTI+”, y tiene como “objetivo principal gestar un modelo de formación de juristas activistas para el cambio social, no solo con aptitudes para el ejercicio de la abogacía social, sino también para la elaboración e implementación de políticas públicas en favor del colectivo”.
Protección Jurídica de las Personas LGBTI+ es una materia que viene a complementar el plan de estudio 2018, que responde a un proyecto de transversalidad de género que viene implementando la facultad.
“El año pasado hemos lanzado un proyecto de extensión llamado Construyendo conciencia sociojurídica sobre los derechos de las personas LGBTI”, agregó. El dictado también está a cargo de Arce, que “trabaja con estudiantes, docentes y no docentes elaborando materiales para difundir los derechos del colectivo y los modos de denunciar violencias para la sociedad en general”.
El abogado destacó que el lanzamiento de esta materia “constituye una acción pionera, ya que es la primera de la carrera de abogacía de una Universidad pública argentina que se ocupa completa y exclusivamente de este tema”.
La misma constará de tres partes, en la primera “se pretende, desde el punto de vista teórico jurídico, de género y pedagógico, visibilizar ante los estudiantes los sesgos androcéntricos, patriarcales y heteronormativos que tiene el derecho, no solo desde la teoría sino también en el ejercicio”, detalló.
“La idea es poder alcanzar reflexiones sobre la transformación de las prácticas jurídicas, no solamente en las legislaturas, sino también en el poder judicial y en el ejercicio de la abogacía, que es lo que más no hace falta para que las leyes tengan el impacto que se espera”, argumentó.
En este sentido, remarcó que “hace diez años que tenemos una ley de Identidad de Género, y sin embargo el promedio de vida de las mujeres trans sigue siendo entre 35 y 40 años, y las causas de muertes también siguen siendo las mismas”.
La segunda parte “aborda el conjunto de normas que abordan los derechos de las personas LGBTI+ a nivel internacional como regional, en el país, y la provincial”.
Por último, “se toma la formación de operadores y operadoras jurídicos, activistas para el cambio social, a quienes se los tratará de profesionalizar desde el punto de vista jurídico, analizando los modelos de formación de abogados y abogadas, y obteniendo aptitudes para el diseño de políticas públicas a favor de nuestro colectivo”, dijo Arce.
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