La conexión local en el caso del contrabando de casi una tonelada de cocaína a España en un avión sanitario de la empresa Medical Jet seguía siendo investigada ayer en tres líneas de trabajo que incluían el papel de un empresario rosarino en el financiamiento del alquiler de la aeronave. Las otras dos pistas son las que relacionan a una persona vinculada con la modelo colombiana acusada de narcotráfico Angie Sanclemente Valencia, pasajera a Bolivia en el Challenger 604 de la compañía aérea a fines del año pasado, y la que plantea la hipótesis de que el avión fuera cargado en la Base Aérea de Morón, donde estuvo varios días hasta su traslado a Ezeiza, o en el mismo aeropuerto internacional.
El mismísimo jefe de Gabinete del gobierno nacional, Aníbal Fernández, advirtió ayer que “no hay que descartar” que los 944 kilos de cocaína hallados en Barcelona dentro de un avión piloteado por tres argentinos “hayan salido de la Argentina”, como tampoco que fuesen cargados en Cabo Verde, la isla africana donde el vuelo hizo una escala.
“No hay que descartar que la droga haya salido de la Argentina ni que haya salido de Cabo Verde. Hay que esperar a tener información de Interpol España para que se comunique con Interpol Argentina, hacer los allanamientos y seguimientos”, dijo el funcionario al ser consultado sobre el caso, por el cual hay tres argentinos detenidos en Barcelona.
El jefe de Gabinete recordó que “la Argentina sigue siendo un país de tránsito” para los narcotraficantes “por tratarse de un mercado chico y barato”.
El financista
En tanto, la actividad de un empresario rosarino que invirtió 500 mil dólares para el alquiler del avión que arribó a Barcelona con 944 kilos de cocaína, podría quedar en la mira judicial, según el diario porteño La Nación, que lo identificó como Carlos Sergi, ex director de la multinacional alemana Siemens. Además supo ser uno de los dueños de Canal 5 antes de la venta de la emisora a Telefé.
De acuerdo con la información difundida por el matutino, el alquiler del avión, además de la entrega de 500 mil dólares, incluyó la cesión de otro avión que también volaba la empresa Medical Jet, propiedad de los Juliá, dos de los detenidos en España.
El empresario, según trascendió, ya era investigado por la Justicia federal en una causa relacionada con el contrato que contrajo el gobierno de Carlos Menem con Siemens para la confección de DNI, que fuera finalmente anulado.
De acuerdo con allegados a Matías Miret, uno de los detenidos, en un principio se le había comunicado que el vuelo de Jet Challenger 604 era para llevar a España al propio empresario ahora investigado, quien iba a traer a su familia en la misma máquina.
Mientras Miret y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá continúan detenidos en España, luego de que la Justicia ibérica les dictara la prisión preventiva por el caso, anteayer se realizaron en Buenos Aires seis allanamientos en torno al caso ordenados por el juez federal Alejandro Catania.
Estos allanamientos incluyeron los domicilios de los hermanos Juliá, de Miret y las oficinas de Medical Jet, empresa dedicada a los traslados aéreos sanitarios.
La intención de la parte de la investigación argentina es establecer si la droga fue cargada en el país y quién fue el proveedor, además del financista del vuelo.
A pesar de que en un primer momento se había señalado que la droga había sido cargada en la isla de Cabo Verde y existen dos documentos oficiales en los que los tripulantes aseguraban que no despegaron de Ezeiza con carga, los 40 minutos que duró la escala en el archipiélago africano tornarían casi imposible que en ese lugar se haya acondicionado en la aeronave casi una tonelada de droga.
Otro de los puntos de la investigación se concentra en los 25 días que el jet privado estuvo guardado en un hangar del aeródromo de Morón –una base en la que no suele verse ese tipo de aeronaves–, desde su último vuelo a Mar del Plata, hasta su trasladado a Ezeiza el 30 de diciembre pasado para salir el 1º de enero por la noche hacia España.
Droga y crímenes
En otro orden, se espera el aporte de datos que anunciaron el miércoles en conferencia de prensa dirigentes de la Coalición Cívica que lidera la diputada Elisa Carrió, al relacionar el caso del avión de Medical Jet con el asesinato de los narcotraficantes colombianos Héctor Edilson Duke Ceballos y Jorge Alexander Quinteros Gartner en el Unicenter del norte del Gran Buenos Aires el 24 de julio de 2005.
En ese caso el fiscal Diego Matias Grau, solicitó el allanamiento de las oficinas de la firma Federal Aviation SA, de los hermanos Juliá, en uno de cuyos aviones habrían abandonado el país los sicarios autores de los homicidios, pero el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, rechazó el pedido y en octubre de 2009, sin causa aparente, apartó a Grau del caso.
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