Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Esta semana se conoció el documento del acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación para obtener la aprobación legislativa del nuevo Acuerdo de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility, EFF) mediante el cual la Argentina refinanciará el préstamo recibido por el organismo en el año 2018.
En esta misma semana, el presidente Alberto Fernández pronunció su discurso anual ante la Asamblea Legislativa en oportunidad del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. En esa oportunidad, habló de un “Plan de Desarrollo Integral” para el país y de objetivos económicos alcanzables, anunciando los lineamientos de política económica para la industrialización del país, la creación de empleo privado y la solución de la crónica restricción externa que padece nuestra economía.
Se trata de dos hechos de gran relevancia en la agenda política y económica del país. Desde la asunción al poder de Fernández, el tratamiento de la deuda con el FMI y el rumbo económico del país fueron temas de gestión prometidos que tuvieron que esperar dos años para ser conocidos por los argentinos. El presidente había anunciado que en diciembre pasado enviaría al Congreso un “programa económico plurianual” donde se compartía la visión del desarrollo propuesto por el gobierno, y con posterioridad, el preacuerdo con el FMI para ser discutido por los legisladores. Finalmente ocurrió que el acuerdo copó la escena y definió los lineamientos económicos a los que, legal e institucionalmente, el país se compromete a cumplir con el FMI, so pena de caer directamente en default.
Luego de analizar en detalle el discurso del presidente y el documento enviado al Congreso para la ratificación del acuerdo con el Fondo, se presentan algunas dudas fundamentales, cuyo tratamiento puede echar luz sobre la factibilidad de ambas propuestas y el destino de su convivencia.
¿Es compatible un “plan de desarrollo integral” encarado de manera soberana por el país, con los compromisos asumidos con el FMI en un Acuerdo de Facilidades Extendidas? Por los antecedentes históricos, por los objetivos que persiguen las partes intervinientes y por el contenido mismo de las propuestas, la respuesta resulta obvia: no.
Claramente el FMI no persigue el desarrollo integral del país; no lo hizo nunca en su historia, tampoco lo hará hoy. El FMI es un organismo creado para hacer valer las reglas establecidas por el poder económico global por sobre la libre voluntad de los pueblos. En su momento fue la potencia victoriosa de la Segunda Guerra Mundial que definió las reglas del nuevo orden económico mundial en Bretton Woods; en la actualidad (utilizando los términos del profesor Marcelo Gullo) son las más apropiadamente identificadas Unidades Políticas Sin Asiento Territorial, que dominan las finanzas mundiales y controlan las estructuras de poder global a su placer.
En este sentido, el FMI puede coincidir con el gobierno argentino en cuanto a ciertos elementos básicos de un programa económico. De hecho, el documento del acuerdo con el FMI establece: “Nuestros principales objetivos son mantener la recuperación económica y social en curso y, al mismo tiempo, reforzar la estabilidad y continuar abordando los desafíos para sostener el crecimiento en el largo plazo”. Pero sabemos perfectamente que crecimiento económico no implica necesariamente desarrollo integral de la Nación. Por el contrario, un crecimiento del PBI puede traer consigo mayor concentración económica, deterioro del salario real y subempleo, elementos todos que no tienen nada que ver con un desarrollo integral como queremos los argentinos.
El acuerdo continúa precisando: “Para ello, es necesario implementar iniciativas y políticas a medida que reflejen las particularidades de nuestra estructura económica y social”. Entre otras tantas, se vierten expresiones sobre las que difícilmente se puede estar en desacuerdo, pero que no indican un cambio de rumbo respecto a la relegada posición que actualmente ocupa Argentina en el mundo y que nos subordina a las definiciones del poder global. Está claramente establecido que si el país “cumple” con las imposiciones “acordadas”, recibe recursos para sostener este modelo de dependencia; caso contrario, se suspenden las “ayudas”, el país entra de default y vuelve a caer en la desgracia de una economía fallida.
Es importante asumir que no hay “plan de desarrollo integral” posible bajo el imperio de estas condicionalidades; porque por “integral” debe entenderse inexorablemente la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, aspectos propios de nuestra nacionalidad, innegables, impostergables e insoslayables de nuestra idiosincrasia cultural, que nunca se alcanzarán siendo una colonia subordinada a las apetencias de poderes contrarios al interés de la Patria, con anclaje en un cipayismo local siempre oportunista y perseverante.
No hay que despreciar el mensaje del presidente, quien habló de la necesidad de planificar, de crear empleo privado, de industrializar el país, de terminar con la restricción externa; aspectos todos que venimos proponiendo y exigiendo a una dirigencia que sigue obsecuente a otra agenda. Habiendo escuchado sus dos discursos anteriores (1/3/2020 y 1/3/2021), éste representa una oportunidad para generar las instancias de diálogo y participación en torno a los asuntos que hacen a una estrategia de desarrollo nacional propia.
Hay cuestiones estratégicas y estructurales que quedan sin mencionar y deben estar dentro de nuestro esfuerzo de planificación: la administración del comercio exterior, necesaria para crear empresas y trabajo privado digno; la intervención en mercados clave, que por concentración y extranjerización condicionan la política antiinflacionaria y los términos de un plan de desarrollo nacional; el ordenamiento territorial, que se requiere para un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; la integración “inteligente” con nuestra región, sin la cual nunca alcanzaremos poder suficiente para una completa independencia; la generación y distribución de energía, sin la que no podremos lograr competitividad para el crecimiento de los sectores productivos; la administración del ahorro nacional, sin la cual no se podrá financiar la inversión necesaria para ejecutar el plan; nuestra posición en la División Internacional del Trabajo, que resulta el punto de partida de una estrategia nacional de desarrollo industrial.
Se sabe que no alcanza con enunciados e iniciativas legislativas bien enunciadas, ya que planificar, implica en esfuerzo de participación política real, un objetivo propio de posicionamiento político y económico en el concierto mundial, y el respeto a la identidad nacional, sobre la cual se funda el deseo de construcción del futuro. Por eso surge la inquietud acerca de si efectivamente existe la voluntad política de encarar un proceso de tales características, ya que sin la vocación del Estado y la conducción política de los dirigentes, esta tarea resulta prácticamente imposible.
En buena hora si se abre el tiempo de la participación para la planificación económica. Pero en el contexto del acuerdo con el FMI estos desafíos no parecen estar en discusión, aunque configuran los obstáculos principales que nos impiden alcanzar nuestro sendero hacia el desarrollo económico con justicia social.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
