El economista de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Sergio Arelovich consideró que la idea de conformar un fideicomiso como alternativa a la expropiación en Vicentin se trataría de «la consagración de la estafa». Sostuvo que el Estado no debería avalar la maniobra y señaló que quienes adquieran esas acciones quedarían expuestos a juicios con aplicación de ley extranjera.
Esta nueva alternativa generó consenso la semana pasada entre los directivos de la empresa y funcionarios de la provincia luego de una reunión celebrada el jueves en Reconquista ante el juez que lleva adelante el concurso, Fabián Lorenzino.
Ambas partes coincidieron en que una salida posible al conflicto sería abrir el paquete accionario de la firma para capitalizarla. En diálogo con El Ciudadano, Arelovich explicó que de esa manera las acciones se estarían ofreciendo en el mercado a valores negativos mediante un proceso que permitiría «lavar la responsabilidad de los accionistas».
Según la información que aportó el propio directorio, Vicentin perdió la totalidad del patrimonio, es decir que los activos son inferiores a los pasivos, de manera que el patrimonio neto negativo es de casi 3 mil millones de pesos.
Si bien el directorio y la provincia se mostraron conformes con la posibilidad de conformar un fideicomiso, aún no está claro quiénes estarían dispuestos a adquirir parte del paquete accionario o realizar un aporte económico.
En ese sentido, el economista analizó: «¿Quien va a poner la plata?, ¿el Estado, que ya la puso en la deuda que la empresa mantiene con los bancos y con Afip? Ellos lo único que ofrecen son acciones que tienen valor negativo».
Mientras que desde el directorio consideraron esta posibilidad como «una garantía» para los acreedores, Arelovich insistió en que se trata de una maniobra para «refrendar la estafa» y «lavar de responsabilidad a quienes llevaron a la empresa a una virtual quiebra».El economista catalogó este proceso como el «Plan Vicenclean».
Fracaso en la intervención y riesgos
Por otra parte, Arelovich analizó que este escenario pone de manifiesto los efectos colaterales de no haber avanzado con la intervención que pretendía inicialmente el gobierno nacional.
«Intervenir te permite desplazar a la dirección y conducir la empresa para descubrir como la fundieron en cuatro meses para no tener que asumir la responsabilidad del muerto, ahora con el fideicomiso se termina de homologar la estafa», aseguró.
De acuerdo a un informe que presentó la empresa en febrero, el 35% de su deuda es en moneda extranjera. Se trata solo de lo correspondiente a acreedores no residentes en Argentina.
Por último, agregó que el panorama para quienes adquieran esas acciones puede empeorar en caso de que los acreedores extranjeros avancen judicialmente. «Estamos en la puerta de un juicio con la aplicación de las leyes extranjeras contra los accionistas, es decir que te compras también ese problema porque van a aplicar la ley estadounidense, un Griesa aplicado al caso Vicentin», concluyó Arelovich en referencia al juez de Nueva York que llevó adelante la causa de la deuda argentina que reclamaban los denominados fondos buitre.
