Tras la decisión del gobierno del presidente Javier Milei de poner a la venta más de 300 propiedades del Estado nacional, entre los que se encuentran unos 80 mil metros cuadrados en la zona de Puerto Norte, dirigentes de distintos espacios políticos locales plantearon que la provincia y el municipio deberían hacer punta para comprarlos, reservándose así el instrumento político de la planificación urbana y la vivienda, anticipándose a privados que podrían comprarlos a precios irrisorios y armar proyectos inmobiliarios que tomen la vía del pedido de excepción, como viene ocurriendo con diferentes desarrollos en la ciudad.
“Es un sector que se volvió bastante elitista generando un proceso de gentrificación expulsando a los vecinos históricos de barrios como Refinería. Hay un gran desafío en Puerto Norte y si se diera la venta de estas tierras se perdería una gran oportunidad”, planteó la concejala Fernanda Gigliani ante una consulta de Radio Sí.
“Hay una ley marco que regula las transferencias de tierras del Estado a las provincias, municipios y comunas. Por ejemplo, las tierras de un sector del parque de España fueron cedidas por Nación al municipio de forma gratuita, y algo similar sucedió con el parque Scalabrini Ortiz”, explicó la edila de Iniciativa Popular.
“Si bien la ley plantea la posibilidad de transferir tierras a término oneroso y gratuito siempre que sean de uso público, está el caso de Granadero Baigorria, donde en tierras nacionales se hizo la operatoria del Procrear. Esta es la mirada que debe primar. El recurso tierra en Rosario es de los más escasos, y como ciudad tenemos que dar batalla”, subrayó Gigliani.
“Si bien no veo la posibilidad de que el municipio pueda compararlas, sí se puede pensar alguna operatoria en conjunto con Provincia para la construcción de viviendas destinadas a sectores medios. En estas licitaciones el Estado tiene prioridad de compra”, completó.
Por su parte, el concejal Carlos Cardozo, acompañó la iniciativa del gobierno nacional de venta de terrenos “innecesarios” como los definió el gobierno nacional, pero advirtió que la decisión se tomó en cuenta sin tener información geográfica local. “Los dos más complicados de los seis a la venta son los del triángulo Caseros, Francia y Junín: ahí están los asentamientos dentro de los polígonos de Barrios Populares. Hay un conflicto judicial allí. Si querés sacar del lugar el asentamiento tendrás más de 68 familias, que son los censados en el Registro Nacional de Barrios Populares. Y otro tema es la cooperativa Trechel. Anunciar sin saber cómo resolver, es apresurado”, planteó el edil del PRO a través de Cadena 3.
Cardozo dijo no estar “sorprendido” por la decisión –de hecho ya se concretaron desprendimientos análogos de terrenos ferroviarios y militares en la década del 90 con el gobierno de Carlos Menem y hace menos de una década en la gestión de Mauricio Macri– pero insistió: “Me parece que hay que separar terrenos que no tienen uso y hace décadas están vacíos y juntan ratas. Vendiéndolos podemos generar mano de obra, vivienda y movimiento económico”.
“El que está delante de Maui y los dos que están detrás del Puerto Norte no tendrían problemas. El del circo tiene detrás el complejo La Casona y el alberge municipal de delegaciones deportivas, eso debe ser municipal. Los indicadores urbanísticos los daremos nosotros, Nación solo puede vender”, marco el edil. “Primero, con un plan consensuado, hay que erradicar la villa. Luego solucionar el tema Trechel. Y después, lo más razonable es poner a la venta todo junto”.
Para Cardozo, la intervención del Estado a nivel local debe existir, pero desde una administración distante: “La Nación puede vender, pero los indicadores los da la Municipalidad. Tanto queda construido y tanto de verde, por ejemplo”.
También se refirió a la venta la ex intendenta de Rosario y actual diputada nacional, Monica Fein: a través de su cuenta de X (ex Twitter) consideró que la venta de terrenos anunciada no es otra cosa que “un negocio inmobiliario para los amigos”.
“Lo que le impedimos hacer al negociado de Julio de Vido durante los gobiernos kirchneristas, lo intenta Javier Milei en época libertaria”, sostuvo, refiriéndose al ex ministro de Planificación Federal de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y pasando por alto los gobierno de Menem y Macri.
El extinto ex presidente Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo fueron condenados por venta de terrenos en el caso del predio de la Sociedad Rural en Buenos Aires, pero la Cámara de Casación revocó las sentencias por no haber sido juzgados en “un plazo razonable”. Otro gran escándalo de la década de 1990 fue la privatización de Tandanor, el astillero más grande de Latinoamérica y tercero en el mundo en capacidad de reparación de buques –rehabilitó y modernizó en la década pasada el rompehielos ARA Almirante Irízar– había sido cedido a un grupo de empresas más interesadas en proyectos inmobiliarios en la costa del Río de la Plata que en la industria naval.
Y el ex presidente Macri todavía afronta problemas en la Justicia por la cesión de terrenos del Estado nacional a la ciudad de Buenos Aires, y la venta de un campo del Ejército de 12 mil hectáreas en Córdoba.
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