Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Esta semana se conoció el dato oficial sobre pobreza, que refleja que más del 40% de la población tiene un ingreso que no llega a cubrir el costo de la canasta básica total. Esta triste realidad se suma a la caída del empleo y al aumento de la desocupación, cuyo indicador también se conoció en estos días, mostrando un notable deterioro en la cantidad y calidad del trabajo en Argentina.
Un día después de publicado el indicador de la pobreza, el gobierno anunció un conjunto de iniciativas y medidas económicas con efecto sobre varios sectores, en simultáneo con otras decisiones del Banco Central orientadas al mercado monetario y cambiario. Si bien el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que este paquete de medidas apunta a una multiplicidad de objetivos, se observa que el énfasis está puesto en incrementar la oferta de divisas. De hecho, varias de las medidas pretenden lograrlo mejorando la rentabilidad de los sectores con capacidad exportadora, apostando a que el sacrificio fiscal que implica el incentivo sea suficiente para que vendan más al exterior y liquiden esas divisas.
Nadie podría afirmar que estas medidas apuntan a cambiar los fundamentos de una economía que se sabe (y se padece) no resuelve las necesidades básicas de los argentinos. Es cierto que hay urgencias y tensiones coyunturales que enfrentar, pero para alcanzar los objetivos que el gobierno postula y el pueblo argentino demanda, hace falta implementar medidas de mayor alcance, envergadura e incidencia. No se puede esperar reducir la pobreza, generar trabajo y lograr un crecimiento sostenible con justicia social bajando levemente, o difiriendo, el pago de algunos impuestos; por eso, este paquete de medidas no debe ser catalogado como un plan económico concreto y consistente para resolver los problemas de fondo de la economía argentina.
Un cambio estructural implica la modificación de los fundamentos y las reglas que ordenan la economía, comenzando por la posición comercial que toma el país con respecto al resto del mundo, y siguiendo por la organización y generación de la riqueza nacional.
En este sentido, uno los puntos centrales del cambio necesario que, a juicio de quienes suscriben, hay que realizar es, sin dudas, la recuperación del sistema financiero argentino. En las actuales condiciones, éste se encuentra lejos de orientar el ahorro privado hacia los objetivos que hacen al desarrollo nacional; por el contrario, sigue facilitando los mecanismos de especulación que obstruyen el desarrollo económico. En un contexto como el actual, donde el crédito, la inflación y la inestabilidad cambiaria aparecen como los principales escollos hacia la reactivación económica, el problema no se solucionará bajando un poco la tasa de interés de referencia… Urge modificar las reglas del sistema financiero argentino.
Es importante reconocer que la generación, atesoramiento y distribución del dinero constituyen una herramienta poderosa que puede ser utilizada tanto para favorecer la producción y el trabajo, como para obstaculizar su desarrollo. Basta para ello que conceda (o no) créditos a la gran industria o a pequeños y medianos empresarios, o que haga viable (o no) los pagos de intereses según la tasa que aplique. En consecuencia, un plan de producción está supeditado, en gran parte, a la Banca. Si esta es manejada por capitalistas privados y/o extranjeros, la propia historia indica que seguirá cumpliendo con su afán de lucro sin tener en cuenta los intereses nacionales y el bienestar de los argentinos.
Luego de 44 años de plena vigencia, con distintos niveles de graduación, de un modelo agroexportador rentístico financiero, la economía argentina se encuentra totalmente subordinada a la producción extranjera, y a una moneda que no emite ni controla; anulando así su soberanía en materia financiera y monetaria. Los resultados de este esquema no pueden ser sino catastróficos; caída drástica del empleo, crecimiento exponencial de la pobreza, y desigualdad.
Salir del hoyo en el que estamos implica recuperar la soberanía del sistema financiero, dado que, inevitablemente, para iniciar un proyecto de industrialización se precisan los recursos económicos del pueblo argentino que hoy están en manos de la banca privada y trasnacional, dispuestos para la renta y la especulación. Esa definición política corresponde al Poder Ejecutivo, y su brazo ejecutor es el Banco Central de la República Argentina.
El sistema financiero argentino no puede seguir es la actual dirección, si es que pretendemos verdaderamente terminar con los problemas económicos del país. Clara muestra de esto es que el Mercado Abierto Electrónico SA y la Caja de Valores SA, agrupados en Bolsas y Mercados Argentinos SA, cumplen funciones de negociación y custodia que deberían estar en manos de la casa madre del sistema financiero argentino. Aunque suene inverosímil, actualmente el Banco Central no tiene en mano propia la información, en tiempo y forma, sobre los acreedores de títulos de deuda pública, ni una plataforma de negociación para dichos instrumentos. Esto impide la eficiente administración y fiscalización sobre el origen de los fondos del mercado bursátil.
Recuperar la soberanía en el sistema financiero también implica recuperar el rol del Banco Central como banco de promoción y desarrollo, orientando el caudal de dinero destinado hoy a la especulación financiera al crédito a la inversión con fines productivos. Para poner en contexto la importancia del impulso que pueden generar esos fondos, solo hace falta recordar que la base monetaria (el total de billetes emitidos en manos del público, más lo depositado en bancos) es de 2,3 billones de pesos, mientras que los fondos depositados en Leliq y herramientas financieras del Banco Central suman 2,6 billones de pesos. Ese enorme volumen de dinero sería más que suficiente para dar inicio a las inversiones de capital que requiere el proceso de industrialización.
Es cierto que resulta un desafío complejo, pero debemos derribar el mito de la falsa independencia del Banco Central, tan promocionada por el capitalismo en cualquiera de sus vertientes teóricas. En rigor de verdad, la autarquía sólo enmascara que esa independencia es, únicamente, a las necesidades del pueblo, mientras sirven a los organismos internacionales de crédito, embajadas extranjeras y oligarquía financiera y agroexportadora. Hay que recuperar el rol protagónico del Banco Central para aumentar su poder regulador, y vincularlo directamente con los objetivos de independencia económica y justicia social de la Nación.
Ciertamente, cualquiera puede decir que para recuperar la soberanía monetaria y financiera hay que fortalecer la moneda nacional y terminar con esta economía bimonetaria; cosa que parece un imposible para la Argentina. Allí surge otro de los problemas fundamentales que no se van a resolver con medidas paliativas o coyunturales; esto es, la necesidad de reorientar la política comercial argentina y administrar en ese sentido el comercio exterior. En esta área, la planificación, el diálogo político y la visión de largo plazo son fundamentales; porque hay que decidir qué cosas no se podrán importar por un tiempo, qué cosas hay que producir para sustituir importaciones y cómo se administrarán las divisas que generan los sectores exportadores para comprar lo necesario que no vamos a producir, por nombrar algunas de las cuestiones más relevantes (que por cierto hoy no se discuten…).
Las medidas de incentivo a la industria tienen que estar asociadas a esta organización del comercio exterior, porque es la manera de lograr que la sustitución de importaciones sea estratégicamente organizada en términos del bienestar nacional, a fin de generar trabajo privado genuino al mismo tiempo que descomprima la dependencia de dólares que tiene el país.
Las medidas de aliento a las exportaciones pueden estar bien orientadas, pero sin cambios estructurales no podremos alcanzar los objetivos políticos de fondo.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
