Un expositor, cuatro asistentes, cerca de 20 policías y cientos de sillas vacías. Con un panorama casi desolador transcurrió ayer la primera de las audiencias públicas por la suba del gas en la que se discutió el costo de producción. Fue en el Teatro de la Ribera de la ciudad de Buenos Aires, donde había menos de 20 personas. En Rosario, como en otras ciudades de Santa Fe y el norte bonaerense, el encuentro podía verse vía streaming desde la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (Maipú al 1100). Aquí asistieron el defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, y el referente de la organización de consumidores Cesyac, Marcos Aviano. La audiencia nacional tuvo sólo 47 espectadores por internet. El debate continuará mañana, en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la capital provincial; es la audiencia regional para discutir los costos de transporte y distribución que se traducen en los aumentos de entre 45 y 58 por ciento para casas y comercios anunciados por Litoral Gas.
Para pocos
Ayer fue la primera audiencia pública para tratar el aumento tarifario del gas que regirá a partir del 1º de diciembre. El encuentro preveía discutir cuáles serían los costos de los mayoristas. Eran las 9 de la mañana y el Teatro de la Ribera de la ciudad de Buenos Aires estaba casi vacío. En Rosario el paisaje era peor. Apenas cuatro personas fueron hasta la sede de Gobierno de la UNR para participar vía streaming.
El gran despliegue de seguridad estaba de más. Había policías armados, ambulancias, bomberos y detectores de metales en un operativo que llevó más personas que la propia audiencia.
“Fuimos a escuchar a las autoridades que no van a hablar el viernes (en Santa Fe). Nos sentimos molestos y ofendidos por el operativo. Nos pareció una vergüenza”, dijo a El Ciudadano Marcos Aviano, titular del Centro de Educación, Servicio y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac). Aviano fue uno de los dos asistentes a la audiencia. El otro fue el defensor del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto: el único expositor.
“Es importante jerarquizar las audiencias y no sean formalidades para notificar los aumentos. Que no haya ciudadanos significa que no están valorando la importancia que tienen. Me hubiese gustado estar acompañado por las instituciones que vienen trabajando contra los tarifazos”, lamentó Lamberto.
Emergencia
El gobierno nacional ratificó la situación de una emergencia energética nacional. El aumento del 1º de diciembre es la segunda etapa de las subas aprobadas en abril. Será en promedio de entre el 45 y el 58 por ciento para los hogares y comercios del país. El incremento incluye el precio del combustible en boca de pozo más las cargas por transporte y distribución.
“Coincidimos en que hay emergencia pero no creemos que la salida sea ajustando por el consumidor con una quita total de subsidios para el 2019”, dijo Aviano, quien expondrá mañana en Santa Fe.
El Estado nacional subsidiaba el 81 por ciento del costo del gas en boca de pozo. Ahora subvenciona el 45 por ciento de esa factura. El resto del costo pasó a los consumidores, ya sea particulares o empresas. En abril se definió que el subsidio del Estado nacional iba a bajar a 38 por ciento en diciembre y a 31 por ciento en abril de 2018.
“Está bien que el gobierno garantice la rentabilidad a las empresas para que inviertan en generación de gas y dejemos de importar de Bolivia y Chile. Pero tiene que estar acompañado por el Estado y una tarifa que el usuario pueda pagar. De una factura de 20 pesos por bimestre en 2014 pasamos a jubilados que pagan 2.500 pesos de gas”, explicó el titular del Cesyac.
El 40 por ciento de lo que se paga corresponde al costo del gas. Otro 32 por ciento es el margen de distribución y transporte –recaudación de Litoral Gas– y el 28 por ciento restante son impuestos. “El que sale beneficiado es el Estado. No sólo deja de subsidiar, sino que con los impuestos recibe más recaudación”, agregó.
Aviano dijo para 2019 el gobierno quiere fijar el valor del gas mayorista en 6,80 dólares por millón de BTU, la unidad de medida del gas. Hoy el valor está en 3,77 dólares y el 1º de diciembre pasará a 4,19. “En dos años vamos a pagar más del doble de lo que estamos pagando hoy. Eso nos preocupa”, contó.
Alerta azul
Para el titular del Cesyac la batalla contra el tarifazo está perdida. Quieren alertar al consumidor sobre los futuros costos en la tarifa y dijeron que el ahorro serán las futuras protagonistas de un invierno. “Vamos a pedir al gobierno que cancele el plan. Como defensores del consumidor queremos que los usuarios se preparen porque van a aumentar los servicios, pero no los sueldos”, dijo Aviano. El titular del Cesyac calculó que en un año el costo de las facturas de gas y de luz llegará a empardarse.
Los necesitados
El secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Sebastián Galiani, aseguró que el subsidio a las tarifas de gas “lo están recibiendo quienes más lo necesitan”. Y marcó una diferencia con lo que pasaba hasta 2015, cuando, según interpretó, había un sesgo hacia la población más rica. El funcionario dijo que hubo un fuerte crecimiento de los subsidios hasta 2015, que generó un gran desequilibrio fiscal y falta de incentivos en la industria.
“Esto comenzó a revertirse en 2016, cuando los subsidios pasaron de 3,2 a 2,3 por ciento del PBI. En 2017, representan el 1,7 por ciento”, puntualizó. En la audiencia pública el funcionario garantizó que el objetivo del gobierno es reducir la fuente de déficit fiscal que representan los subsidios para mejorar su impacto sobre los que menos tienen. Las tarifas de gas subirán un 45 por ciento para usuarios residenciales y un 58 por ciento para comercios a partir de diciembre.
Los nuevos cuadros tarifarios implican que a lo largo de un año los usuarios residenciales recibirán una factura mensual de entre 250 y 500 pesos.
Los que faltaron
El defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, pidió que el Estado prorrogue la quita del subsidio y revise el plan de aumentos. Rechazó los cambios propuestos para la tarifa social y el sistema de incentivo al ahorro en consumo. Y pidió mantener la garrafa social y los topes máximos de facturación.
“En la Defensoría atendimos reclamos de usuarios residenciales con facturas de 6.000 y hasta 9.000 pesos. Es alarmante la situación del próximo invierno, donde la tarifa tendrá el aumento pleno determinado por la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de Litoral Gas, más la actualización de diciembre de 2017”, dijo.
La propuesta de la autoridad de aplicación para la Tarifa Social contempla que los beneficiarios tendrán un descuento del ciento por ciento si no superan un consumo máximo determinado. Si se exceden pagarán la totalidad del costo del excedente, según estipulan.
El sistema actual premia a los usuarios que ahorren más del 10 por ciento. Con la modificación propuesta habrá que ahorrar un 30 por ciento en relación con el mismo período de 2015 para acceder a la bonificación.
Lamberto solicitó mantener el precio reducido de la garrafa social y extenderlo a los usuarios que no tengan el Plan Hogar de Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés).
También pidió mejorar el control de la comercialización para evitar precios abusivos y que afecte a los que menos tienen.
Denuncia
El Observatorio de Tarifas denunció que el gobierno incumplió un fallo de la Corte Suprema al no realizar una masiva convocatoria a las audiencias públicas para aumentar el precio de la energía.
