Osvaldo Pellin (*)
Todo político que se precie sentirá que, para mantener el poder una vez conseguido, necesitará contar con información reservada de sus adversarios, sean estos políticos, sindicalistas, y en general hombres y mujeres influyentes.
Célebre es el hecho histórico del Watergate que le costó a Richard Nixon la renuncia a la presidencia de Estados Unidos. En la ocasión, Nixon colocó micrófonos en los cuartos del hotel que llevaba ese nombre (Watergate), donde se reunían las huestes del opositor Partido Demócrata. Al principio lo negó enfáticamente, pero el curso de la investigación desbarató una a una sus coartadas hasta acorralarlo y verse obligado a renunciar.
En cuanto a las escuchas ilegales en nuestro país, Mauricio Macri también se animó a practicarlas, sin la correspondiente autorización judicial, pero no tuvo que sufrir el destino de Nixon porque la Justicia argentina lo sobreseyó.
Los que tienen el poder, también tienen afición a los rumores y las habladurías que circulan por los pasillos de las oficinas gubernamentales. Hoy esas versiones han perdido un poco la prioridad pues se encuentran expresadas en las redes sociales. Además de la fugacidad de su vigencia, suelen ser opiniones rebatibles con cierta facilidad y sólo sirven para que quien se hace cargo de ellas en los medios, jalonen su propio perfil.
Lo llamativo de esta “necesidad” es que, de acuerdo con su tenor, influye en la toma de decisiones del gobierno.
La tercera inclinación de algunos políticos en ejercicio es la de inmiscuirse en el Poder Judicial, que es el único poder del Estado que, manteniendo su independencia, debiera garantizar imparcialidad.
Así, la intervención del Poder Ejecutivo en el Judicial contamina de discrecionalidad a las sentencias, desapareciendo de este modo en la sociedad la expectativa de vivir en un ámbito de justicia legítima.
Ninguna de estas compulsivas inclinaciones está exenta del riesgo de ser descubiertas y expuestas al escarnio público como imperdonables debilidades de quien las infringe. Además, el político vive del consenso que suscita su gestión, el deterioro de su imagen se mide en votos y estos en expectativas eleccionarias.
Lo habitual es que los gobiernos cuenten con sus propios agentes encarnados por personajes más o menos encubiertos que hacen de correveidile (“corre, ve y dile”) de su mandante. Lógicamente su exposición siempre cuenta con la debida opacidad que los torna exentos de la crítica mediática.
La calidad del debate político entra así en un cono de sombras y se pauperiza cuando el contenido del mismo es el rumor, la información robada por medios no legales, o directamente la confección de una operación mediática al servicio de la difamación. Termina siendo para el eventual beneficiario una pérdida de jerarquía y de autoridad lamentables, que nos lleva de la mano a males muy frecuentes en esta época como la difusión de fake news (noticias falsas o mentirosas) que ha trastocado el valor de verdad en la cosa pública.
Justamente, la forma más flagrante de impostura en la política es la promesa seguida del incumplimiento de ella cuando llega la hora de llevar a la práctica lo anunciado con la palabra. En ese sentido son ilustrativas las promesas expresadas por Cambiemos, transcritas en el siguiente párrafo.
Decía Cambiemos en su programa de gobierno en 2015:“Modificar el mal camino para generar más institucionalidad debe ser uno de los objetivos primordiales en un futuro próximo. La ley, ante todo, debe desplazar a las discrecionalidades. Y las fórmulas para esto son tan conocidas como inobservadas en nuestro país: las instituciones tienen que estar por sobre las personas; la división de poderes debe ser real y no ficticia; la división entre Estado, gobierno, partido político y sector privado debe ser clara y estricta. No hay que inventar nada nuevo, son reglas conocidas en las democracias estables alrededor del mundo, pero aún lejanas de nuestras prácticas”.
No sólo no se cumplió nada de lo prometido, sino que se obró de manera desembozada en sentido contrario, operando sobre jueces y fiscales, reviendo fallos, desplazando fiscales, descalificando a jueces que no coincidían con el criterio del Ejecutivo.
La política deberá ser ética y basada en principios, o sólo servirá para el conflicto y el copamiento de intereses inconfesables, convirtiéndose en carne de judicialización y patrimonio de jueces transgresores del derecho.
(*) Médico. Ex diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, afiliado después al Partido Socialista y colaborador de Guillermo Estévez Boero. De vaconfirma.com.ar.
