Pasaron más de diez años desde la puesta en marcha de la norma procesal que impuso un cambio radical en el sistema penal ordinario. Se abandonó el arcaico sistema inquisitivo para abrazar el acusatorio, anclado en la oralidad, transparencia y la eficiencia en el servicio de justicia. Este cambio drástico, que desde mayo pasado también se implementó en la justicia federal, trajo bonanzas en algunos casos y opacos resultados en otros además de algunos escándalos. Todo amplificado por la grave crisis de seguridad que azota a la provincia desde incluso antes de la implementación del sistema procesal dispuesto por ley de 2007 en Santa Fe.
Pero no se puede analizar el funcionamiento del sistema sin tener en cuenta las cuestiones de política institucional que envuelven al Poder Judicial, la que últimamente se plasmó en una disputa abierta con un gobierno provincial que arremete y busca reformular muchas de las instituciones que interactúan en el servicio de justicia, entre ellas la renovación del máximo tribunal provincial que ha dejado más de un chispazo a la vista, lo que va mucho más allá del fuero penal.
La postura crítica y abierta de la administración de Maximiliano Pullaro –quien no está mal recordar que supo ser ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz– respecto del sistema judicial provincial se viene plasmando desde la campaña a la gobernación. Frases como “necesitamos una Justicia que pueda ser más eficiente, que le dé más respuestas a la sociedad y que, en ese reordenamiento, pueda ser menos costosa para la provincia”, o “nuestro objetivo es terminar con todos los privilegios, principalmente de los que más ganan y que se creían que tenían coronita, que son los jueces y empleados del Poder Judicial de nuestra Provincia”, dijo en relación con la reforma previsional, abarcaron a todos los fueros del sistema que no tardaron en salir a responder con datos concretos hacer de cómo funciona el sistema, qué hacen los funcionarios, magistrados y empleados judiciales, cuáles son las falencias que hay en el sistema y por qué se presentan.
La implementación de una serie de reformas normativas que se fueron dando en los últimos meses afecta la prestación del servicio, según refieren desde la Justicia. Explican que estas reformas implican una interferencia en el funcionamiento interno de las instituciones que forman parte del Poder Judicial, en los sistemas de nombramiento o disciplinamiento. Un ejemplo claro de estos planteos es el comunicado emitido por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA y otro similar de los defensores públicos –en su caso también criticaron duro las reformas en la política penitenciaria que recortan derechos de los imputados–, en estos primeros días de octubre.
A ello se sumó la reforma previsional que el gobierno consiguió aprobar en la Legislatura, lo que generó una catarata de cuestionamientos y planteos además del éxodo de empleados y funcionarios que decidieron retirarse de la actividad: la consecuencia se verá con el correr del tiempo. Fuentes que están al tanto del funcionamiento judicial refirieron que –más allá de la edad de los involucrados– la salida de funcionarios de jerarquía o empleados que conocen perfectamente el funcionamiento del sistema deja un vacío que será muy difícil de llenar, ya que no sólo implica un cargo sino también experticia, conocimiento y experiencia que se perdieron.
Es sabido que el ciudadano de a pie no tiene un vínculo estrecho con el sistema judicial, le es ajeno y es lógico, pero queda en medio de esta disputa entre poderes del Estado que tienen similar legitimidad, más allá de que en un caso accedan a un cargo por medio del voto y en otro a través de designaciones en las que el poder político tiene mucho que ver.
Dicen que la justicia lenta no es justicia, pero para que haya una justicia eficiente también es importante: una revisión de las formas y las normas de fondo con la intervención de todos los actores, especialmente de aquellos que operan el sistema para no extirpar lo que ya funciona y la existencia de los recursos materiales, humanos, capacitación, tecnología y obra edilicia necesarios para una buena prestación de servicio de justicia.
Es un reclamo histórico y no sólo de fuero penal la falta de cobertura de cargos. Por ejemplo la Cámara Civil y Comercial emitió recientemente un informe donde refirió que hay cargos que están vacantes hace más de tres años. Lo que además fue planteado por la Corte Suprema de Justicia en la audiencia que el domingo 8 de septiembre a las 7.30 le dio el gobernador. Allí también expusieron la situación laboral de integrantes del MPA y del Servicio Público de la Defensa que no terminan de resolverse. Este último organismo también planteó su cuestionamiento a un proyecto de ley que reformula ese instituto.
En las últimas semanas, los trabajadores judiciales se reunieron en asamblea –y convocaron a un histórico paro– después de 30 años con planteos similares. Hoy, el sistema judicial es una olla a presión que, si no hay intenciones de conciliar y buscar una solución que tenga como eje principal al ciudadano y la independencia de los poderes del Estado, va a tener consecuencias en las bases intrínsecas del sistema republicano.
