Fin de año con conflicto de poderes, denuncias cruzadas y un escenario de gravedad institucional. El gobierno nacional confirmó que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, por ser “de imposible cumplimiento”. Así lo hizo saber el presidente Alberto Fernández tras una reunión en forma presencial y virtual con 14 gobernadores del oficialismo y de fuerzas aliadas, que hicieron notar que el regalo navideño del máximo tribunal a la administración porteña genera un desbarajuste nacional al modificar sin más lo establecido en el Presupuesto 2023, si se pretende que el cambio en el reparto se implemente sin pérdida de tiempo, que es lo que obviamente empuja la oposición de Juntos por el Cambio en un año electoral.
Más allá de la valoración política de la decisión de la Corte –“Tiene una mirada unitaria” del país, en un “fallo inédito, incongruente”, denostó un comunicado firmado por el presidente Alberto Fernández y 14 mandatarios y mandatarias provinciales– ya diferentes pesos pesado de la principal alianza opositora advirtieron con una catarata de demandas judiciales. Sin embargo, en el antecedente más inmediato supieron tomarse su tiempo: cuando asumía el mismo gobierno de Cambiemos, en 2015, el entonces presidente Mauricio Macri recibía en vigencia otro fallo del máximo tribunal, por la deuda histórica con Santa Fe. No lo cumplió nunca, y se fue del gobierno en 2019 dejando el mismo pagaré.
Este viernes, otros cuatro gobernadores se sumaron sus rechazos al fallo de la Corte que obliga a la Nación a entregarle a la ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. Se trata de Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones). De esa forma, ya suman 18 los mandatarios provinciales alineados con la línea de acción de la Casa Rosada, que busca recusar a los cuatro jueces del alto tribunal. En primer orden lo habían hecho quienes fueron al encuentro: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca). Y a través de plataforma habían asistido Jorge Capitanich (Chaco), Alicia Kirchner (Santa Cruz), y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Y también Herrera Ahuad, que confirmó posición al día siguiente.
“Las y los gobernadores de la República Argentina que firmamos este comunicado, manifestamos nuestra preocupación por el fallo de la Corte Suprema de la Nación que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto”, rubricaron.
El escrito sobre la pertinencia de esos fondos destinados en materia de seguridad, agregó que “el traspaso jurisdiccional de la Policía, desde la órbita federal a la ciudad autónoma de Buenos Aires, realizado en el año 2016, es un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró fehacientemente que la transferencia original de fondos nacionales a Caba fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial”.
Por otro lado, destacaron la importancia de un elemento primario “común a todas las provincias”, y central en la discusión: “Pagar con nuestros recursos nuestra propia Policía”. Y completaron: “Sostenemos firmemente que esos fondos nacionales al momento de ser retrotraídos deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina”.
Furia interior
Las 18 jurisdicciones y el Estado nacional acordaron no acatar el fallo y recusar a los jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
“El presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema (se lee en mayúsculas en el comunicado) y a presentar el pedido de revocatoria «in extremis» de la resolución cautelar dictada”, manifestaron, puntualizando que el “imposible complimiento” de la medida se basa también en que “el Congreso nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”. Es decir, aumentar un flujo a Capital Federal implicar restarlo a todas las provincias, pero además, pasando por encima de la llamada “ley de leyes”.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, advierte además el comunicado.
En ese marco, algunos mandatarios evitaron pronunciarse: uno de ellos es el santafesino Omar Perotti, quien hace tiempo se bajó de las reuniones con sus pares en el Consejo Federal de Inversiones, aunque había acudido a las primeras. Los otros que tampoco sentaron posición política son Juan Schiaretti (Córdoba) de distante relación con la Casa Rosada, y los radicales Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy). El porteño Horacio Rodríguez Larreta es parte litigante.
Conflicto corto, historia larga
A diferencia de la cuestión de los diputados nacionales, que viene de arrastre y nunca se resuelve –la ciudad de Buenos Aires tiene, según distintas mediciones, tres o cuatro bancas de más– el conflicto por la coparticipación es de factura propia de la gestión Macri. En enero de 2016 el entonces presidente firmó el decreto 194 que elevaba del 1,4% al 3,75% la participación que le corresponde a la ciudad por la coparticipación federal de impuestos. El texto no explicaba las razones de semejante suba, algo que planteó el Estado nacional ante la Corte. Luego, el decreto 257/2018 bajó el porcentaje a 3,5 y recién entonces se explicó que la suma respondía al “Convenio de Transferencia Progresiva a la ciudad autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas”.
En 2020, en el contexto de un conflicto salarial con la policía de la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández redujo el porcentaje en cuestión a 2,3. Como respuesta, el gobierno de Rodríguez Larreta se presentó ante la Corte contra el decreto del gobierno nacional y la ley 27.606 que lo convalidó en diciembre de ese año. Hubo audiencias de conciliación entre el Estado nacional y la ciudad, pero todas fracasaron. Los representantes nacionales marcaron en ellas que el distrito pedía 112 mil millones de pesos para una policía de 19.000 agentes, mientras que la Policía Federal recibía 70.000 millones para 32.000 policías.
Este miércoles, el fallo pre-Navidad de la Corte ordenó a la Nación pagarle a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.
Aunque no es el porcentaje que pedía Larreta, quien reclamaba 3,5%, y no tiene aplicación retroactiva, lo cierto es que con el fallo la Corte volvió a operar en decisiones políticas y legislativas. En los argumentos marcó, con certeza que la ciudad aún no tiene autonomía financiera porque nunca se pudo avanzar en una ley de Coparticipación Federal, una normativa estable que reemplace a los pactos fiscales que históricamente enmarcaron el reparto.
Ahora, con el fallo de la Corte y la protesta del Ejecutivo, se disparó y aceleró la campaña electoral.
El jefe de gobierno Rodríguez Larreta advirtió que la decisión del presidente Fernández de no acatar significa “quebrar el orden constitucional”, algo que consideró como un hecho de “altísima gravedad institucional”.
“Esto no es en contra de la ciudad; es en contra de la Constitución Nacional, de la seguridad jurídica en nuestro país, es en contra de cualquier posibilidad de desarrollo”, sostuvo el mandatario porteño.
A la par, dirigentes de la coalición opositora avisaron que van a denunciar penalmente al jefe del Estado por “alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia”.
Serían al menos tres presentaciones ante la Justicia federal: una de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y dirigentes de ese partido, otra de la Unión Cívica Radical y la de los legisladores porteños Roberto García Moritán y Yamil Santoro, del espacio Republicanos Unidos.
“Hay distintos actores: el presidente, que se niega a cumplir una resolución de la Corte, pero también los ministros, que fueron notificados; los gobernadores que suscriben la comunicación y que no sólo incumplen sino que desconocen el valor de la resolución de la Corte”, advirtió la diputada nacional de la UCR Mariana Stilman. Y habló de “segundo día de desacato” del fallo, obviando por completo el caso de Santa Fe, donde fueron cuatro años –y se sumaron más durante la gestión actual–. Recién en junio de este año se acordó el pago de la deuda histórica con Santa Fe, cuando el litigio por detracción de sumas de coparticipación tuvo resolución de la Corte Suprema en noviembre de 2015.
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