La empresa finlandesa UPM (ex Botnia) confirmó este martes una inversión de más de 3.000 millones de dólares para construir una polémica segunda planta de producción de pasta de celulosa en Uruguay.
La inversión contempla 2.700 millones de dólares para una planta industrial en el departamento de Durazno (centro) y 350 millones de dólares en instalaciones portuarias y logística, según un comunicado de la empresa.
La usina comenzará a funcionar en el segundo semestre de 2022 y los trabajos de construcción empezarán «de forma inmediata».
La Presidencia uruguaya celebró el anuncio y señaló que «en los próximos días (…) realizará una presentación pública para informar a la población los términos del acuerdo» de inversión.
El gobierno uruguayo del izquierdista Tabaré Vázquez y UPM negociaron durante años un acuerdo cuyos términos no fueron revelados a la ciudadanía y tampoco al Parlamento.
El proyecto, que se instalará sobre el principal río interno del país, el río Negro, ha generado críticas de científicos, ambientalistas y ciudadanos de a pie que temen por el futuro del curso de agua; y de la oposición política, que cuestiona las concesiones del Ejecutivo a la empresa que han salido a la luz pública.
Promesa de empleo
UPM promete crear miles de puestos de trabajo en un país que atraviesa un debilidad creciente del mercado de empleo, con una tasa de paro de 8,7% de la población activa a mayo y una tasa de empleo (que marca la cantidad de personas en edad de trabajar que efectivamente tienen trabajo) de apenas 56,8%.
«Durante la construcción, el sitio (industrial) empleará en su pico máximo unas 6.000 personas. Una vez finalizada (…) se estima que se crearán cerca de 10.000 empleos permanentes», señaló la empresa.
De los pocos datos que se conocen del acuerdo entre la empresa y el gobierno del Frente Amplio resalta que la planta funcionará en un terreno en régimen de zona franca, con exoneraciones fiscales que otras empresas no tienen.
Según UPM, pagará anualmente por esos beneficios unos siete millones de dólares.
Una iniciativa polémica
La construcción de esta planta industrial, la tercera «papelera» de gran porte en este país de 3,4 millones de habitantes, ha estado rodeada de polémica.
UPM afirma que la usina «representa lo último en tecnología en la industria» y promete «excelentes niveles de seguridad y desempeño ambiental» en consonancia con «recomendaciones internacionales para las plantas modernas».
El abogado Hoenir Sarthou, del Movimiento ciudadano UPM II No, resumió en una columna reciente en el semanario Voces las críticas a lo que llamó la «saga de UPM2».
«Si alguien nos hubiese dicho, hace unos años, que un gobierno uruguayo construiría una vía férrea de casi trescientos kilómetros, mandatado y supervisado por una empresa privada, y que le asignaría a la empresa el uso preferencial y privilegiado de la vía, no lo habríamos creído», dijo sobre la principal condición de la empresa para la instalación de su nueva planta de celulosa.
«Lo mismo habría pasado si nos hubiesen dicho que se le aseguraría a una empresa el caudal mínimo del principal río del país, y que se alteraría el régimen de las aguas de ese río, inundando miles de hectáreas fértiles, para asegurarle a la empresa el agua que necesita (…) o de endeudarnos a todos durante generaciones para cumplir los compromisos con la empresa», añadió.
La vía férrea para UPM demandará al Estado uruguayo una inversión similar a la de la propia planta.
El candidato presidencial favorito en la oposición para las elecciones de octubre, Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, centroderecha), recordó este martes en declaraciones a la radio local Carve las leyes de promoción de inversiones apoyadas por su colectividad pero criticó una «muy mala negociación» del gobierno de Vázquez que «entrega mucho» a una empresa extranjera.
De su lado, el ex presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1994-2000), durante cuyo primer mandato se aprobó la política forestal que permitió luego la instalación de plantas de celulosa, opinó en la misma emisora que el anuncio marca «una nueva etapa para el país» en materia económica, pero criticó los «secreteos» que «impopularizaron esta inversión».
Proyecto a largo plazo
El sector de la celulosa y la forestación en Uruguay supera a productos tradicionales como la carne en la balanza comercial, con ventas de pasta para papel y troncos de árboles sin procesar.
Según datos oficiales, en 2018 la industria forestal representó 24% de las ventas externas, y ha tenido un crecimiento de 7,4% anual promedio en los últimos diez años.
Un total de 17.000 personas en casi 1.800 empresas trabajan en este sector.
En 2018, las exportaciones de celulosa representaron 1.660 millones de dólares.
Según datos publicados en el comunicado de la firma, el PIB de Uruguay podría aumentar 2% anual y las exportaciones 12% en valor a consecuencia de esta inversión.
