Tras las 300 amenazas de bomba que se registraron en lo que va de 2017 en colegios de la ciudad, el Concejo estudia modificar el Código de Faltas para que los padres sean responsables de los actos de sus hijos. La iniciativa, presentada en 2002 y reflotada ahora por el edil Jorge Boasso, se abordó el martes pasado en la comisión de Gobierno, y quedó en estudio. El proyecto ya genera polémica. Es que no son pocos los que tildan la idea de excesiva. Para Gustavo Franceschetti, Defensor Regional del Servicio Público Penal, ningún mayor “en el mundo puede ser responsabilizado por los delitos del hijo”.
La iniciativa de Boasso busca modificar el Código de Faltas municipal para que padres o tutores se hagan “responsables cuando los menores produzcan desórdenes y agresiones físicas en la vía pública”. También cuando realicen actos de vandalismo, pintadas o generen “intimidación y tumultos a partir de voces de alarma y amenazas en escuelas”.
“Debemos penalizar estos hechos. Y una manera es hacer responsables a los padres de menores que provoquen desórdenes en lugares públicos”, agregó el edil radical.
El proyecto volvió a tomar forma luego de que en las últimas semanas se dieran más de 100 amenazas de bombas en escuelas de la ciudad. Por parte de esos hechos tres padres de menores que hicieron los llamados con las falsas alarmas fueron detenidos (aunque luego se los liberó) e imputados por el delito de intimidación pública
Para el Defensor Regional Gustavo Franceschetti la acusación que hizo Fiscalía contra los mayores fue “exagerada, e incluso abusiva”.
“Se usó un cañón para matar a un mosquito cuando había disponible otras opciones. Ningún padre en ningún país del mundo puede ser responsabilizado por los delitos del hijo”, sentenció.
“Digo que es una exageración, incluso abuso, porque de antemano para dictar prisión preventiva, para detener a una persona, hay que reunir varios requisitos. El primero es que sea el probable autor del hecho delictivo y acá estaba claro desde el inicio que los hijos habían reconocido que habían sido ellos y que los padres no tenían conocimiento”, agregó el funcionario en declaraciones a la emisora Radio 2.
Como sea, el debate se instaló, y el Concejo se hizo eco. Fue allí que Boasso “desempolvó” su proyecto, que data del año 2002. La iniciativa se trató el martes pasado en la comisión de Gobierno. Y quedó en estudio.
Algunos ediles mostraron su acuerdo. Pero hay otros – uno de ellos consultado por este medio- que dejan trascender sus reparos.
“Es una locura sancionar a un mayor por lo que haga un hijo. Vos podés darle una buena educación en tu casa y cosas cómo estas de la llamadas por las amenazas de bomba te pueden pasar igual como padre”, señaló un concejal del PJ.
Otros delitos
Lo cierto es que Boasso no sólo apuntó a lo acontecido estos últimos días en colegios públicos. El actual candidato a diputado nacional también hizo eje en “las graves agresiones callejeras de patotas” y los “robos bajo la modalidad de piraña”.
“También podría sancionarse a los propietarios o inquilinos de lugares en las que se realicen reuniones de menores de 18 años y se les provea bebidas alcohólicas, siempre que luego se los encuentre alcoholizados en lugares públicos. El juez de Faltas penalizará a los reincidentes con multas que van de 2.500 a 7.000 pesos. Y los importes recaudados serán destinados a organizaciones no gubernamentales que traten la problemática de los adolescentes”, añadió el edil radical.
Boasso contó que en marzo del año pasado hizo una “prueba del proyecto” en las redes sociales, y el resultado “fue positivo”.
A través de una encuesta en Twitter en la que consultaba a los rosarinos si estaba a favor o en contra, el resultado fue “un 89 por ciento de los votantes a favor de la reglamentación”, aseguró el edil.
Las penas por intimidar
Los padres que quedaron acusados por las amenazas de bombas de sus hijos dijeron ante la Justicia desconocer la existencia de esos llamados.
“En principio no tenían conocimiento. Pero nosotros nos manejamos por las titularidades de las líneas. Esas personas van a ser entrevistadas ante el juez del caso y allí podrán ejercer su derecho de defensa”, explicó días atrás el fiscal del caso, Gustavo Ponce Asahad.
Según las leyes vigentes, los padres podrían recibir penas de 2 a 6 años de prisión por el delito de intimidación pública. Las penas se agravan –de 3 a 10 años– en caso de hallarse un explosivo. Si se comprueba que el responsable es un estudiante debe afrontar un proceso en la Justicia de menores.
Las llamadas por la supuesta presencia de bombas en escuelas se multiplicaron desde el año pasado. De acuerdo a relevamientos del Ministerio de Seguridad, durante 2017 se registraron en la ciudad unas 300 comunicaciones de este tipo. En su mayoría para interrumpir la actividad en colegios. Sólo en agosto fueron 60.
Cada llamado dispara un alerta amarilla, la evacuación de escuelas y el corte de calles para detectar si existe algún artefacto sospechoso. Ese movimiento generó ya un gasto de 5 millones de pesos.
El 1º de septiembre pasado se registró un pico con 33 amenazas.
EL ANTECEDENTE
La propuesta de Boasso tiene un antecedente en la región. En Casilda se reglamentó en diciembre de 2015 una iniciativa similar que establece sanciones económicas a los padres o tutores de chicos menores de 18 años que se encuentren “en estado de ebriedad, produzcan desórdenes y destrozos en la vía pública o se encuentren en lugares y horarios no permitidos”. “En caso de reincidir, a la multa —que se duplicará— se le suman tareas comunitarias”, agrega el proyecto. Por entonces, la ordenanza fue defendida con fuerza por una jueza de menores de esa misma localidad, Cristina Pecoraro. “El problema de este país es la falta de educación y la falta de respeto a la autoridad”, dijo en aquel momento la funcionaria judicial.
