Después de que el concejal Jorge Boasso presentara un proyecto que apunta a resarcir con medio millón de pesos a la comisaría que “mejor se haya desenvuelto en término de reducción del delito”, las críticas por parte del ejecutivo provincial no se hicieron esperar. Es que, para el subsecretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, el proyecto no tiene sustento y es imposible de cumplir.
Según el sitio web del propio Boasso, el proyecto apunta a reducir la inseguridad a partir de un incentivo. El planteo no deja de parecer una competencia, y en cierto punto lo es. De acuerdo con la propuesta, la seccional policial que, en el plazo de un año, “se haya desenvuelto mejor en términos de reducción del delito”, recibiría una recompensa “no inferior a los 500 mil pesos”, explica la propuesta.
Según el proyecto, una parte de esta suerte de premio se dividiría entre los efectivos policiales que en ese tiempo hayan cumplido sus funciones en la comisaría ganadora –como un adicional del sueldo–, y el resto del dinero estaría destinado la “incorporación de mejoras en equipamiento e infraestructura”. Todo esto, con “oportuna rendición de cuentas al Departamento Ejecutivo Municipal y al Concejo Municipal de Rosario.
Según declaraciones del propio Boasso, cargadas en su sitio web boasso24horas.com, “los vecinos denuncian la ausencia de efectivos policiales en todos los barrios de la ciudad. Por ello sería de gran importancia recompensar y reconocer a aquella comisaría que mejor se haya desenvuelto en términos de reducción del delito en su respectiva jurisdicción para alcanzar con una conducta ejemplar al resto de las reparticiones”.
Ahora bien. La propuesta del edil del bloque Intransigencia y Renovación Radical no fue recibida de la mejor manera desde el Ejecutivo provincial. De hecho, para el subsecretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, el proyecto no sólo no tiene sustento, sino que además es inviable.
“Es un proyecto imposible de cumplir, porque resulta muy difícil medir variaciones en los niveles de delito”, explicó Font en declaraciones televisivas. “Para que esto sea eficiente hay que hacer encuestas de victimización. Y para que esto pueda realizarse a nivel de la jurisdicción de una comisaría, tendrían que hacerlo con una base de cantidad de personas encuestadas para desagregar territorialmente el dato fiable, por lo que se convertiría en algo inconveniente económicamente”, analizó Font.
Además, según dijo el subsecretario a un programa de Canal 5, de ser posible realizar esa medición, el problema que aparece es el de a quién atribuirle la disminución del delito. “Podría ser por un esquema de patrullaje que lleva adelante una Unidad Regional, podría deberse a la urbanización y a un trabajo de inclusión social intensa de áreas que tenían problemas de seguridad que lleva adelante el municipio o la provincia”, ejemplificó el funcionario.
“Medir el delito es muy complicado, medirlo en territorios pequeños más aún, y luego poder identificar a qué se deben esos resultados más complicado aún, con lo cual más allá de ver los detalles del proyecto, este no tiene sustento”, consideró Font.
