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Policía en disponibilidad fue desvinculado de acción irregular

Es el ex subjefe de la seccional 11ª, quien con el jefe estuvo preso acusado de una excarcelación sin consultar a la Justicia.


La causa penal contra el jefe, subjefe y una subalterna de la seccional 11ª, que derivó en la remoción de los titulares de la comisaría, y donde se investiga la liberación de un hombre denunciado por amenazas coactivas sin la consulta previa a la Justicia, dio un nuevo giro. Esta semana se conoció que el entonces subjefe de la dependencia policial fue sobreseído del delito de omisión de control por el Juzgado Correccional de la 8ª Nominación que investiga el hecho. Mientras que el ex titular de la comisaría, que estaba acusado por el mismo delito, logró el dictado de falta de mérito. La misma suerte corrió la sumariante, quien enfrenta un cargo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juzgador entendió que no hay elementos suficientes para determinar que el jefe y la subalterna actuaron dolosamente, mientras que el subjefe quedó desvinculado porque se determinó que no fue designado por su superior como jefe instructor y no estaba a cargo de la dependencia en ese momento. “Ahora estamos esperando la pericia balística para requerir el sobreseimiento definitivo (del comisario y la sumariante)”, dijo el defensor de los uniformados.

El hecho tuvo lugar el 13 de junio pasado, cuando cerca de las 23.45 personal del Comando Radioeléctrico se presentó en el domicilio de calle Salvá al 4600 donde una mujer refirió que su ex marido, identificado como Luciano Alberto C., de 50 años, la había amenazado con un arma de fuego.

El hombre fue detenido en inmediaciones del lugar luego de un forcejeo con policías y en su cintura tenía un revólver calibre 38 por lo que fue derivado a la seccional 11ª, refirió en su momento el titular de la División Judiciales, comisario Daniel Corbellini.

El problema se presentó cuando, luego de la detención, el sospechoso fue acusado del delito de tenencia ilegal de arma de fuego y fue liberado, al parecer sin consultar a la Justicia.

Al día siguiente el parte prevencional fue remitido al Juzgado Correccional de la 8ª Nominación, cuando en realidad debió ser derivado al Juzgado de Instrucción en turno, por lo que el magistrado José Luis Suárez le dio intervención a la División judiciales, que procedió a la detención de los titulares de la dependencia (el comisario Alcides Bustamante y el subjefe, Lucas Sciffo) y de una oficial mayor de la comisaría de barrio Saladillo, quienes luego fueron pasados a disponibilidad por orden del gobierno provincial.

El jefe y subjefe fueron imputados de omisión de control mientras que la sumariante fue acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público y luego de sus descargos fueron liberados.

Durante la investigación judicial se determinó que el subjefe no había sido designado como jefe instructor por su superior a la vez que se estableció que no estaba a cargo de la dependencia cuando ocurrió el hecho. Ello derivó en que el magistrado dictara un sobreseimiento para el policía.

Por su parte, la oficial mayor de la comisaría, que estuvo a cargo del sumario abierto al hombre por amenazas coactivas, refirió que no realizó la consulta al Juzgado porque entendió que el arma, que figuraba en el acta de procedimiento, no se encontraba en condiciones de uso.

La mujer policía interpretó que el caso correspondía a la Justicia correccional y encuadró el hecho en una cuestión puramente familiar que se redujo a amenazas, refirió su defensor Héctor Pérez.

Mientras que el jefe de la dependencia afirmó que su subalterna le dijo que había realizado la consulta.

Esta semana, el juez José Luis Suárez dictó la falta de mérito para el titular de la seccional y la sumariante, entre otras cosas porque la uniformada admitió el error en su proceder al no consultar al Juzgado; porque la mujer que denunció la amenaza dijo que no observó a su ex pareja con un arma porque cuando lo vio corrió y llamó a la Policía y porque el hombre no tenía antecedentes.

Pero según el defensor Héctor Pérez, el magistrado también tuvo en cuenta que sus clientes actuaron de buena fe y no ocultaron nada. “El delito por el que se los acusa es doloso y al no haber incumplimiento no hay dolo, por eso el juez dictó el falta de mérito. Ahora estamos esperando la pericia balística para requerir el sobreseimiento definitivo”, concluyó.

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