La situación procesal de uno de los policías imputados por encubrir el fusilamiento de Emanuel Medina y David Campos se agrava cada vez más. Ayer, en una audiencia en la Cámara Penal se revisó la medida cautelar dictada a 15 policías por encubrimiento y surgieron testimonios que dejaron a la intemperie la acción de algunos de los uniformados. Uno de ellos fue sindicado como otro de los tiradores. El uniformado le disparó directo a la cara de Campos cuando ya estaba accidentado. Para la teoría fiscal no hubo enfrentamiento, las víctimas no dispararon desde el interior del auto y se produjo una adulteración de la escena del crimen del minuto uno. Para el funcionario la posibilidad de entorpecer la investigación no terminó, al punto que dos de las implicadas en el hecho están custodiadas por una fuerza nacional ante el temor de amenazas.
Tras la discusión de la prisión preventiva la vocal Carolina Hernández confirmó la medida. Un rato antes, el padre de Emanuel Medina fue admitido como querellante en la causa.
El fusilamiento de Medina, de 32 años, y Campos, de 28, se produjo a media mañana del 23 de junio. La noticia corrió como regadero de pólvora y las familias de las víctimas negaron hasta el cansancio que estuvieran armados.
La Multisectorial contra la Violencia Institucional comenzó a acompañarlos y dos de sus abogadas representan a la familia de Campos como querellante. Los Medina tuvieron que pelearla un poco más. En primera instancia no los admitieron porque Emanuel tiene un hijo, pero ayer ese rechazo se modificó en la Cámara Penal y Luis Medina, padre de Emanuel, ya es querellante.
Dos meses y medio después del doble crimen 18 policías fueron imputados: 17 por encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica de documento público y el restante por homicidio calificado. Quince de ellos apelaron, y ayer tuvieron su audiencia de revisión en Cámara. En medio, el 13 de octubre, la entonces defensora Yaneri Agusti solicitó una nueva audiencia para aportar datos nuevos. Lo hizo en representación de 14 de los policías involucrados en el encubrimiento.
Hizo hincapié en un protocolo de actuación que realizó la Fiscalía para la Policía en el lugar del hecho, pero no salió como esperaba. El juez Carlos Leiva no sólo rechazó el planteo y mantuvo la prisión preventiva que estiró hasta el 12 de diciembre, sino que además le dijo que los primeros en cumplir el protocolo deberían haber sido sus asistidos.
Por su parte, el fiscal Adrián Spelta fue con munición pesada y detalló el trabajo que realizó hasta entonces. Doce uniformados habían declarado. Confirmaron la existencia de dos secuencias de disparos que no figura en el acta policial que habla de enfrentamiento. Detalló la actuación del policía Alejandro Rubén B. que resumió en un grito del uniformado que no dejaba acercar a sus colegas: “El procedimiento es mío” y el papel de su superior, alias el Palomo que decía: “Es mi tercio, yo estoy a cargo”.
Al informe sobre GPS de los móviles que llegaron a Callao al 5700, la declaración de los policías, la falta de clave 5 que fue emitida cuando la persecución había terminado, el fiscal le sumó el preinforme de reconstrucciones integrales donde explica que el tiro mortal a Campos se disparó desde la derecha.
La medida cautelar contra los policías fue apelada por Agusti. En el escrito solicitó la libertad de 15 imputados pero la renuncia al cargo no se hizo esperar. Ayer, en una audiencia en la Cámara Penal los nuevos defensores explicaron la dificultad de tomar una causa recientemente y con una apelación en marcha, planteada por otra colega
. Pidieron la libertad de los 15 imputados y en líneas generales cuestionaron la probabilidad de comisión del delito de encubrimiento en cabeza de sus clientes y aseguraron que la prueba esta cautelada y no hay peligrosidad procesal. Pero el fiscal ventiló una nueva evidencia.
El martes pasado en una audiencia pedida por la defensa de dos mujeres policías implicadas, declararon. Dijeron que llegaron con Leonel Emiliano M. El uniformado se bajó de la chata policial, se acercó al auto de las víctimas por el lado del acompañante y le efectuó un disparo en la cara a Campos. Sus compañeras lo increparon y el policía aseguró que le disparó en la cara. La pericia determinó que el balazo en el rostro de la víctima salió de un caño similar al arma de Leonel M. y no de Alejandro B. Las víctimas recibieron varios disparos: Medina 9 y Campos 3.
Tras declarar las mujeres pidieron custodia y la Fiscalía gestionó la seguridad a cargo de Gendarmería Nacional, temen por las consecuencias de sus dichos. Finalmente la camarista Carolina Hernández, no hizo lugar a los pedidos de libertad de los policías y confirmó la prisión preventiva hasta el 12 de diciembre.
Campos y Medina salieron la noche del jueves 22 de junio. La previa y el boliche no bastó y siguieron recorriendo la ciudad. Visitaron amigos hasta que se cruzaron con un móvil policial. En apariencia la policía quiso que se detuvieran y ellos siguieron.
Lo anterior derivó en una persecución por la zona sur durante 28 minutos.
El auto UP de Campos, que manejaba Medina, terminó estrellado contra un árbol en Callao al 5700 y tras una segunda secuencia de disparos, las víctimas aparecieron muertas a balazos.
Un festival para pedir justicia
El sábado, la Multisectorial contra la Violencia Institucional realizó un festival frente al río Paraná para recordar que los cuerpos de Franco Casco y Alejandro Ponce fueron devueltos por el río luego de ser violentados por el accionar policial y luego de que esos crímenes hayan sido negados por el Estado. También recordaron que el Paraná no se llevó las historias de vida de Franco y Alejandro. “El río no pudo borrar que Franco era un hijo, un hermano, un padre, que a Alejandro le gustaba el chamamé y que le decían Kiki. Tampoco pudo evitar la lucha de sus familiares. No pudo borrar la obstinada búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia por parte de familiares, amigos y organizaciones políticas, culturales, sociales y académicas que los acompañan”, sostienen desde la Multisectorial.
Y agregaron: “De eso sabemos mucho, nos enseñaron las Madres y las Abuelas. Porque sabemos que la Justicia es esquiva cuando los que matan visten uniforme. Porque a “los desaparecidos del Paraná” no fue el río quien los mató, no fue quien mató a Alejandro Ponce, a Franco Casco, a Pichón Escobar ni tampoco lo fue el Riachuelo a Ezequiel Demonty, la General Paz a Luciano Arruga ni el río Chubut a Santiago Maldonado. Las desapariciones forzadas pretenden borrar huellas de violencia anterior y sostener en el tiempo la impunidad”, sostuvieron.
