Los policías condenados por participar como miembros de una asociación ilícita en la llamada banda de Los Monos quedaron presos preventivamente este martes, cuando la Cámara Penal confirmó las condenas impuestas por un Tribunal de juicio en abril pasado; en algunos casos hubo modificaciones que se reflejaron en mínimos ajustes en las penas. A su vez la Cámara Penal dispuso la detención provisoria de estos uniformados por 48 horas y este jueves la Fiscalía pidió la prisión preventiva de los ocho policías que transitaron el juicio en libertad, con base en las dos sentencias condenatorias que ya tiene el caso. Entendieron que se elevó el grado de peligrosidad procesal (en síntesis la posibilidad de fugarse), mientras que las defensas pregonaron la presencia de sus defendidos en todas las instancias del proceso y argumentaron que las condenas no están firmes. Algunos de ellos cumplieron tres años detenidos y dejarlos presos implicaría un adelanto de condena, aseguraron. Ahora la decisión fue de la jueza Silvia Castelli, quien resolvió dejarlos detenidos hasta que se agote la etapa recursiva.
La megacausa Monos se inició como una derivación del crimen de Martín «Fantasma» Paz, producido en septiembre de 2012. Con la entonces Brigada Operativa de División Judiciales como principal pata investigadora, el juez instructor Juan Carlos Vienna terminó mutando el caso en una asociación ilícita mixta que terminó con 29 personas condenadas –entre imputados que aceptaron un procedimiento abreviado y otros que fueron condenados en juicio oral y público–; entre ellos hubo varios policías. Ocho de ellos llegaron al juicio oral en libertad pero tras la confirmación de las condenas las camaristas Gabriela Sansó, Bibiana Alonso y Carolina Hernández los hicieron detener este martes en forma preventiva por 48 horas. El objeto fue que en primera instancia se discutiera si durante el tiempo que tarde en confirmarse o no la decisión los policías estarán presos.
Los uniformados
Se trata del suboficial Ángel Albano Avaca, condenado a 7 años de cárcel por ser miembro de la asociación ilícita, por dos hechos de cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Fiscalía recordó que tenía contacto con Ramón «Monchi» Machuca, condenado como jefe de la banda e instigador de homicidios. Durante la instrucción el policía estuvo detenido preventivamente 37 días, lo que se descontaría de su condena en caso de quedar firme.
A Waldemar Raúl Gómez le confirmaron la sanción a 6 años de prisión. Pertenecía a la Policía Federal y fue detenido en diciembre de 2013; una semana después logró una prisión domiciliaria y estuvo detenido en su casa hasta diciembre de 2016.
Eduardo Anacleto Enríquez, condenado a 5 años y 6 meses, estuvo en prisión preventiva casi 1 año y 8 meses.
Mientras tanto, Omar Ángel Abrahan Lescano, condenado a 6 años de prisión, estuvo 21 días detenido durante la instrucción.
Por su parte Diego Javier Cárdenas era suboficial; lo condenaron a 5 años y 8 meses (la Cámara le redujo dos meses de cárcel la pena al eliminar dos hechos de violación de secreto profesional). Estuvo casi tres años preso por esta causa.
La misma pena enfrenta Juan José Raffo, quien era subinspector y estaba en disponibilidad al momento de la investigación. La Fiscalía aseguró que esta situación no le impidió brindar información a la banda. Estuvo un año y medio preso en preventiva.
Lo mismo pasó con Sergio Blanche, quien revestía servicios como jefe de una comisaría en la regional San Lorenzo: lo detuvieron durante la instrucción por un año y cinco meses. La Cámara le revocó un hecho de violación de secreto y le bajó un mes la condena impuesta en primera instancia, por lo que deberá purgar 5 años y 8 meses.
El prefecto Roberto Otaduy fue el condenado a 5 años; estuvo casi 2 años preso.
El pedido
Los fiscales María Eugenia Iribarren y Gonzalo Fernández Bussy reclamaron la detención tras la confirmación de las condenas a estos policías. Hablaron de un aumento de la peligrosidad procesal y el rol que cumplieron en la banda, donde como miembros de la fuerza de seguridad tuvieron la tarea de proveer de información, especialmente a Monchi Cantero, para procurar impunidad abusando del poder estatal, dijeron.
Pero la defensa de los policías argumentó lo contrario. Los defensores Rodrigo Mazzuchini –por Avaca, Raffo y Blanche–, Sergio Larrubia por Gómez, Mauricio Truchi y Mónica López por Lescano y el defensor oficial Martín Riccardi coincidieron en que el fallo no está firme (este último pidió un receso de dos horas porque era el primer contacto que tenía con sus defendidos).
Los defensores hablaron del sometimiento de sus pupilos al proceso desde el primer día y el cumplimiento de todas las reglas impuestas durante las morigeraciones a la prisión preventiva que tuvieron. No existe peligrosidad procesal sino urgencia de la Fiscalía por el cumplimiento de una pena anticipada, aseguró Mazzuchini.
Coincidieron además las defensas en que irán hasta los tribunales internacionales y cuestionaron la prueba. En muchos casos no hay testigos, fotos, ni videos que los involucren, dijeron. También se refirieron a la vida de estos policías durante estos años: algunos de ellos formaron familia, trabajan y en el caso de Lescano, uno de sus hijos sufre una discapacidad motriz y tiene su mujer embarazada. Asimismo aseguraron que en varios casos ya cumplieron parte del tiempo de sanción y en caso de quedar firmes las condenas están en condiciones de pedir salidas y en unos meses la libertad condicional.
Finalmente la jueza Castelli hizo lugar al pedido fiscal y dejó presos a los ocho policías por el plazo de ley.
