El presidente boliviano, Evo Morales, vuelve a enfrentar este sábado las protestas de varios colectivos civiles que le exigen la renuncia, a lo que se agrega motines policiales en siete de los nueve departamentos del país, que el mandatario calificó como un golpe de Estado «en marcha».
Evo, de 60 años, gobierna Bolivia desde 2006. Las rebeliones en su contra se sucedieron tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre pasado en las que oficialmente consiguió, en primera vuelta, acceder a un cuarto mandato que lo mantendrá en el poder hasta 2025. Los comicios fueron objetados por irregularidades por veedores de la OEA, y su principal rival, Carlos Mesa, los calificó de «monumental fraude».
El rechazo a los resultados anunciados por el gobierno escaló enseguida en reacciones violentas, como la quema, el lunes siguiente a la votación, de sedes del Tribunal Electoral en cinco regiones del país.
Ya por fuera de los partidos políticos, el que tomó la posta de las protestas fue el Comité Cívico de Santa Cruz, la región oriental más rica de Bolivia. Desde allí se llamó a una huelga general que cumple 18 días y gana adherentes en todo el país.
Los militares se mantienen fieles al gobierno de Evo, pese a los llamados civiles para levantarse, pero una parte de la policía se plegó a las protestas. Unidades policiales de siete de los nueve departamentos se acuartelaron. Y este sábado se sumaron los uniformados de La Paz. Otras ciudades importantes que tienen a la fuerza de seguridad dentro de los cuarteles son Cochabamba, Sucre y Tarija.
El referente político opositor más representativo de los ocho que compitieron en las elecciones es Mesa, pero no conduce las protestas posteriores. Quien lo hace es el empresario y abogado Luis Fernando Camacho, de 40 años, jefe del poderoso Comité Cívico de Santa Cruz, aliado de la derecha radical.
El discurso de Camacho se fue endureciendo con los días hasta exigir la renuncia de Evo. Y su prédica sumó consenso. Lo siguen, entre otros, el colectivo de organizaciones civiles Conade –Comité Nacional de Defensa de la Democracia–, que este miércoles presentó un extenso informe en el que, asegura, prueba que hubo fraude en las elecciones. Lo encabeza el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (estatal), Waldo Albarracín, un izquierdista moderado bien visto por numerosos estudiantes.
La oposición aglutinada tras las elecciones es variopinta. El discurso de cabecera es de derecha, pero los que acompañan reconocen diversas extracciones ideológicas y sociales. Entre otros, se encolumnan sindicatos de maestros trotskistas, de médicos y hasta de cocaleros que se sienten desplazados por el gobierno que encabeza un dirigente que emergió del propio sector. Se agregan mineros de Potosí, que marchan hacia La Paz.
«La derecha que dice: ‘Evo tiene que renunciar’. Quiero decirles a ustedes, hermanos, a Bolivia y al mundo, no voy a renunciar, somos electos por el pueblo, respetamos la Constitución», respondió Evo en un reciente discurso. Y acusó: «Cuando dicen «que renuncie» es el golpe de Estado».
