El titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, afirmó que el gobierno esta «preparando una trampa» para los usuarios de celulares, con el objetivo de «legitimar un aumento de tarifas» sin la regulación del Estado.
Polino salió a criticar así el proyecto de reglamento de los usuarios de los servicios de comunicaciones móviles redactado por la Secretaría de Comunicaciones.
En declaraciones a Noticias Argentinas, Polino dijo que ese reglamento «mejora en algunos aspectos la situación de los usuarios en relación a los múltiples abusos que a diario cometen las empresas, pero en lo fundamental continúa sin resolver sus problemas».
Dijo que la principal falla es que el proyecto «no declara a la actividad como servicio público y no se establece el mecanismo de las audiencias públicas cada vez que las empresas pretendan aumentar las tarifas».
Agregó que tampoco «se crea un organismo de control fuerte e independiente de las empresas y de los gobiernos de turno».
Polino explicó que la Secretaria de Comunicaciones, por resolución dio plazo «hasta fines de octubre o principio de noviembre para que la ciudadanía opine sobre el proyecto».
Explicó que obliga a los usuarios a entrar a una página web, imprimir un formulario para anotar en el las objeciones y tampoco convoca a una audiencia pública para que «libremente la ciudadanía pueda expresarse».
«Esto es una trampa para los usuarios, porque otorga nada más que treinta días hábiles para contestar, no se lo difundió a la ciudadanía y nadie sabe que existe ese período para opinar, y lo hace además en pleno período electoral», dijo el titular de Consumidores Libres.
Polino reclamó que haya una prórroga en el período para opinar y que se extienda hasta después de las elecciones y que además se convoque a una audiencia pública.
Dijo que el período de 30 días hábiles «para que los usuarios puedan expresar por escrito sus opiniones y propuestas, tiene la deliberada intención de restringir al máximo la participación de los usuarios».
Opinó que «las empresas continuarán operando con total impunidad, también porque el Congreso Nacional se resiste a aprobar una ley que establezca un marco regulatorio y declare a la telefonía celular como servicio público».
«Si se aprueba esa ley la ventaja es que las tarifas las tiene que fijar el estado, como con la telefonía fija, y no aumentar la tarifa cuando se les ocurra a las empresas y sin audiencia pública», señaló Polino.
Recordó que «hay proyectos de ley en diputados y en el senado, pero la mayoria oficialistas en ambas cámaras, no tienen la voluntad política, ni la instrucción del poder ejecutivo nacional para una ley regulatoria de la actividad».
Explicó que «entre los abusos que habría que corregir están los cambios de planes sin consulta al abonado, los problemas técnicos de aparatos y chips, los corte de llamadas, los mensajes que no llegan a tiempo, el cobros indebidos de intereses, tramites engorrosos para dar de baja un servicio y las dificultad para acceder a Internet.
Polino consideró que entre las mejoras que ofrece el nuevo reglamento están las retribuciones que deben realizar las empresas en caso de incurrir en fallas del servicio.
También que el crédito de las recargas que se realizan con tarjetas se eleva de los 45 días promedio que es en la actualidad hasta seis meses
Consideró también «positivo» que se amplíe ese plazo, aunque advirtió que «si uno paga antes por usar el crédito no tendría que tener un límite» y recordó que las recargas conforman el 80 por ciento de los abonados y son utilizadas por los sectores de menores recursos.
